Arrecian las presiones a Colau para que rompa con el PSC

El encarcelamiento, el jueves, de ocho consejeros cesados de la Generalitat, acusados de rebelión, vuelve a poner entre las cuerdas el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona entre la alcaldesa, Ada Colau, y el PSC. No solo son las bases de Barcelona en comú quienes entienden que Colau no puede gobernar con el partido que ha apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. También parte de la militancia socialista rechaza que su partido gobierne con una alcaldesa que reconoce como “legítimo” al gobierno catalán cesado.

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Barcelona en comú, el partido de la alcaldesa, tiene previsto celebrar hoy un plenario en el que las bases debatirán el asunto. En principio, sin votar nada concreto. El plenario es el mayor espacio de debate del partido, se convoca cada tres meses y lo forman miembros de los ejes temáticos y de los diferentes barrios.

El jueves, en los chats de la formación que lidera la alcaldesa, los partidarios de romper el pacto de gobierno intensificaron la presión. Aunque también es cierto que en los debates presenciales las bases se muestran menos beligerantes, porque todo el mundo es consciente de la complejidad de la cuestión. Incluso los concejales de Barcelona en comú más próximos al independentismo admiten que, aunque el cuerpo les pide romper, hacerlo comportaría volver a la complicación de gobernar con solo 11 regidores en un ayuntamiento que tiene 41. Porque el pacto con el grupo municipal del PSC  que capitanea Jaume Collboni --firmado en mayo de 2016, un año después de las elecciones-- ha sumado cuatro concejales al gobierno: los socialistas han asumido áreas y distritos que han facilitado la gestión del día a día a los de BComú, que antes del pacto estaban desbordados.

Fuentes del ejecutivo aseguran incluso que durante la comisión de gobierno de ayer no se habló del tema. Pero hay indicadores del malestar existente. Mensajes en las redes sociales como el de Gala Pin, concejal de Ciutat Vella y de Participación, que el jueves aplaudió al alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, cuando hizo público que rompía el carné del PSC y dejaba el cargo “por dignidad y coherencia” con sus valores. También el concejal de Presidencia, Eloi Badia, retuiteó el mensaje de Ballart.

Otros regidores de Colau, como su número dos, Gerardo Pisarello, o el citado Badia, se manifestaron el jueves ante el Parlament. Y Jaume Asens, teniente de alcalde, abogado penalista antes de entrar en el Ayuntamiento, ha sido muy duro con la decisión de la juez de la Audiencia Nacional.

“Hay mucho desánimo y tristeza”, afirma otra fuente de Barcelona en comú. El sentimiento se traslada al PSC. Ayer, la veterana concejal socialista Carmen Andrés, salió llorando del pleno extraordinario en el que se aprobó una declaración institucional que exige “la excarcelación inmediata de los presos políticos”.

En el segundo pleno extraordinario en solo una semana —el otro rechazó el 155—, la declaración tuvo el apoyo de Barcelona en comú, PDeCAT, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy. Los socialistas, Ciutadans y el PP no la firmaron. Y, en el caso de los socialistas, no lograron ni una firma para presentar un texto propio que también pedía la libertad de los consejeros cesados que están en prisión, pero no hablaba de “presos políticos”.

El PSC, con todo, y pese al malestar de parte de su gente, no ha planteado ningún debate para decidir si rompen. Collboni deja claro en sus intervenciones públicas que no quiere romper y recuerda que el documento del pacto de Gobierno en el Ayuntamiento especifica que la cuestión “nacional” está fuera del acuerdo. “Es un pacto de Barcelona por Barcelona”, defiende y pide preservar el Ayuntamiento como “uno de los últimos puentes de diálogo” que existen en Cataluña.