El Bloque lleva a la ONU el escándalo del pazo de Meirás

La polémica del pazo de Meirás ha llegado hoy a la ONU de la mano del Bloque Nacionalista Galego. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la representante en Bruselas, Ana Miranda, han presentado ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, Zeid Ra'ad Al Hussein, una denuncia sobre "la situación de privilegio" que mantienen los Franco y "la impunidad con la que actúan en el Estado español aquellos que, como la Fundación Francisco Franco, hacen apología" de la dictadura.

La denuncia reclama la devolución de todos los bienes que como el pazo de Meirás fueron "expoliados durante el franquismo" y la "ilegalización de la fundación" que trabaja para la mayor gloria del dictador y que actualmente gestiona las históricas torres de Sada. En la segunda semana de septiembre, la Fundación Franco anunció el cierre a las visitas del público del inmueble declarado BIC alegando motivos de "seguridad" después de que un grupo de activistas entrase en el recinto para reivindicar la restitución a Galicia de una propiedad que acabó en manos del dictador gracias a un proceso de donaciones y expropiaciones forzosas.

El BNG pide a la ONU que intervenga ante "las autoridades del Estado español" para que "sea ilegal hacer apología del franquismo", algo que hoy es "posible por la Ley de Amnistía de 1977 y la falta de legislación posterior que declare ilegal el régimen franquista y la apología sobre el mismo". La denuncia se basa en unas conclusiones a las que llegó Pablo Greiff, relator especial de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

Greiff visitó España a principios del año 2014, y concluyó con un informe en el que defendía que había que "tomar medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares". El relator también diagnosticaba que no se había establecido "nunca" una política de Estado para "la promoción de la verdad", y que la Ley de la Memoria Histórica no solucionaba "en absoluto este problema”. Se debe “atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad, establecer algún mecanismo para oficializarla y resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria en España", recuerda también el Bloque en su denuncia que recomendó el representante de la ONU.

Todo ello "sigue incumpliéndose hoy", advierte la formación que dirige Ana Pontón. "Estos incumplimientos del mandato del relator de la ONU se evidencian en el hecho de que los bienes expoliados durante el Franquismo en Galicia sigan en manos de la familia del dictador". También, en el anuncio lanzado en julio por la Fundación Franco, cuya presidenta de honor es la hija única del dictador, cuando avanzó a través de su web que en adelante gestionaría las visitas a Meirás y aprovecharía la "oportunidad" para "mostrar al gran público la grandeza” de su figura, a la que comparaba en talla y trascendencia con Felipe II.

El Bloque hace constar ante la Organización de Naciones Unidas la "inacción" de las "diferentes administraciones", una situación ya "normalizada" que "vulnera los derechos humanos". Recientemente, la Xunta decidió multar con 4.500 euros (pese a que las sanciones contempladas por la ley llegan a los 6.000) la reiterada vulneración de la familia Franco de su obligación legal de abrir el BIC al público durante unas horas cuatro días al mes. Patrimonio anunció también que abriría expediente a la Fundación Franco por decidir volver a clausurar las visitas. Ante el escándalo político creciente por la propiedad de las torres, Núñez Feijóo planteó luego crear una comisión de expertos para "acreditar vicios ocultos" en la donación de Meirás y así sentar las bases para una hipotética "devolución", es decir una recuperación sin expropiación que beneficiase a los Franco.