La batalla de la consulta se libra en los colegios de Barcelona

La Generalitat forzó ayer un cambio de sillas en el consorcio que gestiona las escuelas e institutos públicos de Barcelona para facilitar la celebración del referéndum en locales públicos de la capital catalana. Ante las dudas de la alcaldesa Ada Colau a ceder espacios municipales para el 1 de octubre —pidió garantías para no poner en riesgo a los funcionarios y a la institución—, la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, asumió la presidencia del consorcio y blindó sobre su persona cualquier responsabilidad que devenga del uso de los colegios como locales electorales.

Más información

La Fiscalía cita como investigados a todos los alcaldes que apoyan la consulta

Un juez cierra la web de la Generalitat sobre el referéndum de Cataluña

A pocos días de la fecha del referéndum y con la decisión sobre los colegios electorales de Barcelona en el aire —Colau quiere garantizar la participación pero sin arriesgar a la institución y sus trabajadores—, Ponsatí tomó ayer el mando de una institución potencialmente clave para facilitar la logística del 1 de octubre. El Consorcio de Educación de Barcelona (CEB), participado por el Govern (60%) y el Ayuntamiento (40%) tiene las llaves de unos 296 centros escolares, esto es, posibles colegios electorales de cara al referéndum del 1 de octubre.

Según los estatutos del Consorcio, la consejera es quien designa a la persona que asume la presidencia del consejo de dirección de la institución. Normalmente, el titular del Departamento delegaba este cargo en su número dos, el secretario general de Educación, pero Ponsatí, que fue nombrada en julio por su firme compromiso con el referéndum, ha decidido asumir ella misma la presidencia, hasta ahora en manos de su secretario general, Lluís Baulenas.

Un portavoz del Departamento de Enseñanza insistió ayer en que el cambio se debe a un intento de visibilizar más implicación de la Generalitat en este organismo y rechazó cualquier vinculación con el referéndum. Sin embargo, Colau reveló ayer en una entrevista a RAC1 que, cuando Ponsatí le dio la noticia, justificó que lo hacía “por motivos obvios".

Una solución para desenquistar las suspicacias del Ayuntamiento sería, como ya ocurrió en la consulta del 9-N, que la Generalitat usase edificios de su titularidad, sin recurrir al Ayuntamiento para que ceda los suyos. En esta línea, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, recordó que el 70% de los 260 espacios que se abren como colegios para unas elecciones comunes son de titularidad de la Generalitat. Por su parte, el consorcio gestiona 296 centros escolares y más del 80% son de la Generalitat. Esto significa que con las escuelas de su propiedad, el Gobierno catalán ya tendría cubierto casi todos los espacios necesarios para celebrar el referéndum en la ciudad.

Blindar a la alcaldesa

Además, con la asunción del máximo cargo del CEB, Ponsatí asume cualquier responsabilidad política o judicial que pudiese sobrevenir de un potencial uso de las escuelas públicas como colegios electorales para el referéndum. El mensaje que pretende transmitir la Generalitat es que garantizará que se pueda votar en Barcelona sin inmiscuir en ello a funcionarios ni cargos políticos municipales.

Las decisiones en el CEB se toman por mayoría simple, excepto en casos puntuales como los presupuestos, que necesitan la mayoría cualificada de tres cuartas partes de los miembros para aprobarse. Sin embargo, según fuentes cercanas al CEB, el consorcio poco o nada tiene que decir si el Departamento quiere usar los colegios públicos de su titularidad (la gran mayoría). Ni siquiera tuvo voz ni voto durante la consulta del 9 de noviembre de 2014, cuando la toma de decisiones se gestó en los despachos de la Generalitat. Sin embargo, el gesto del Govern de descargar de responsabilidad a Colau podría ayudar no solo a facilitar la presencia de urnas en Barcelona, sino también que su alcaldesa acuda a votar como ha manifestado que quiere hacer. Para los independentistas esta imagen es muy importante porque consideran que Colau ayuda a dar una imagen de validez al referéndum y al mismo tiempo puede arrastrar a votar a ciudadanos no convencidos en este momento.

La Generalitat lleva varias semanas presionando al Ayuntamiento para que ceda sus locales y asegurar que el 1 de octubre haya los mismos puntos de votación que en unas elecciones convencionales. Pero el Consistorio no mueve ficha y pide garantías.

La consejera de Enseñanza también aprovechó ayer para intentar calmar a los directores de los centros educativos ante un eventual uso de sus colegios como locales electorales. De cara al 1 de octubre, Ponsatí dijo en TV3 que los directores de los centros educativos “no tienen que hacer nada especial en el referéndum, como tampoco lo tienen que hacer en cualquier jornada electoral”. Según la titular del Departamento, los locales “se ponen a disposición de la ciudadanía, porque son de la ciudadanía” y los directores de los colegios “no intervienen en los procesos electorales”. Los colegios electorales, añadió Ponsatí, los “abrirá el Govern”. No concretó ni quién ni cómo lo hará.