Puigdemont blinda Enseñanza para asegurar la consulta

Los “pasos al lado” en el Gobierno catalán a dos meses del referéndum ya no se pueden contar con los dedos de una mano. Hacen falta las dos. Tras la caída de tres consejeros, el goteo de cargos que dejan su puesto antes de la consulta no cesa. Es especial el caso de Enseñanza, clave de cara a la votación, pues ha de asegurar que los centros educativos abran como colegios electorales. En 24 horas, la ‘número dos’ y el responsable de Políticas Educativas fueron relevados por la nueva consejera.

El rol del departamento encargado del área de la educación es tan importante en el desarrollo del referéndum independentista que precisamente la consejera que estaba al frente cuando se celebró el 9-N, Irene Rigau, fue inhabilitada por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). La pena se deriva de abrir los colegios y comprar 7.000 ordenadores portátiles para la realización de las votaciones. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la consideró cooperadora necesaria en la celebración de llamado “proceso participativo” en el que votaron 2,3 millones de catalanes.

El presidente catalán Carles Puigdemont siempre ha insistido en que la consulta anunciada —pero aún no convocada— se realizará como una votación más. Y entre esas condiciones está que se pueda votar en el colegio electoral al que se va, por ejemplo, en unas elecciones autonómicas. De ahí que tener un control sobre la gestión de Enseñanza, como sobre los Mossos d'Esquadra, sea una prioridad de primer orden.

Que la extitular de Enseñanza Meritxell Ruiz fuera una de las que diera, en palabras de Puigdemont, un “paso al lado” despertó ciertas suspicacias, pues antes de llegar a consejera trabajó codo a codo en el equipo de Rigau como directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa del departamento. Por tanto, vivió de cerca el proceso del 9-N. Era independentista, pero de orden y con un perfil bajo. La llegada de Clara Ponsatí, académica de una reconocida trayectoria y exmiembro del secretariado de la ANC, busca eliminar cualquier rastro de duda.

El Govern defiende que los cambios internos tras la caída de los consejeros son normales en un reajuste de las carteras. Pero la crisis en el seno del Gobierno catalán ha estado lejos de ser normal y a menos de dos meses de la fecha escogida para el referéndum. Ponsatí anunció el pasado viernes que este martes oficializaría los cambios, sin aclarar si habrá más movimientos. Por lo pronto, Maria Jesús Mier, la secretaria general de Departamento, y Antoni Llobet, responsable de Políticas Educativas, dejan el gabinete de Enseñanza. Sus reemplazos, no obstante, son cargos de la casa y según un portavoz del departamento, estos cambios no afectarán al dispositivo de inicio de curso, que ya está cerrado.

Fuentes cercanas al departamento aseguran que Ponsatí y Mier —que escaló posiciones al lado de Rigau— son dos caracteres fuertes. Se conocían con anterioridad y no conectaron. Llobet también estuvo con Rigau y aceptó la invitación de Ruiz a permanecer en el cargo, pero no tiene ningún tipo de lazo con la nueva consejera.

Durante el 9-N solo un centro de L’Hospitalet no abrió sus puertas y el testimonio de su exdirectora Dolors Ajenjo (excandidata por Ciudadanos en ese municipio) fue uno de los más reveladores en el juicio contra Rigau. En ese momento, la presión del Gobierno central fue inexistente a pesar de la suspensión por parte del TC, pero, de cara a octubre, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy insiste en que la historia será distinta.

Ajenjo aseguró que hubo presiones por parte de Enseñanza para entregar las llaves de su instituto a voluntarios y permitir que se instalara el colegio electoral. Según su versión, los mensajes venían de la entonces directora de los Servicios Territoriales de Barcelona —y ahora directora general de Educación Secundaria—, Montserrat Llobet. Rigau siempre negó que se presionara a entregar nada. Los servicios territoriales dependen de la secretaría que ahora abandonará Mier.

Ante el inicio de curso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha anunciado sesiones informativas en los centros educativos para asesorar a los maestros sobre cómo responder a órdenes de legalidad dudosa. El principal consejo es pedir la orden por escrito, la misma fórmula con la que Ajenjo frenó a Montserrat Llobet para que no le pidiera más las llaves.