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El Gobierno también rastreará las cuentas catalanas de forma retroactiva

Además de los informes semanales de gasto, Hacienda quiere revisar los números desde el 1 de enero de este año

 El portavoz Iñigo Mendez de Vigo, ayer, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El portavoz Iñigo Mendez de Vigo, ayer, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El examen a las cuentas catalanas con que el Gobierno busca evitar que se dedique dinero público a la celebración de un referéndum independentista también será retroactivo. La orden ministerial publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) revela que, además de una certificación semanal de que no se financia la consulta, la Interventora de la Generalitat tendrá que hacer una auditoría del periodo entre el 1 de enero y el 16 de julio pasados. El informe adicional tiene que estar en el Ministerio de Hacienda este 9 de agosto. Si no cumple, la Generalitat dejará de acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Las líneas generales de la intensificación del mecanismo de control, con el que el Gobierno quiere garantizar que la Generalitat no use sus recursos o los que le llegan a través del FLA en la organización del referéndum anunciado para el 1 de octubre, fueron adelantadas el viernes tras el Consejo de Ministros. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió de que “ni un euro público de los catalanes sufragará la consulta ilegal” y calificó la medida aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos como “preventiva”.

El texto del BOE revela que el Gobierno, además de revisar las cuentas semanalmente, hará un rastreo retroactivo para encontrar desviaciones de dinero público hacia los preparativos de la consulta, que aún no ha sido convocada oficialmente. El Govern, de momento, incluso ha sido incapaz de encontrar una manera de comprar las urnas. La información sobre gastos correspondientes al periodo entre el 1 de julio y el pasado domingo tendrá que ser remitida el 9 de agosto.

El rastreo pretende abarcar los 496 entes instrumentales, aparte de la estructura del Govern, en los que la Generalitat tiene participación. El Gobierno que preside Carles Puigdemont tiene hasta el próximo miércoles para enviar un listado de los interventores o responsables económicos financieros de las entidades del sector público en Cataluña.

Controlar el Presupuesto

Cada uno de estos responsables tendrá que emitir un documento que certifique que “no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pago (...) que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas a la convocatoria del referéndum”. En el caso de que haya “certeza o indicio” de algunas de estas actuaciones, la orden exige adjuntar el expediente de gasto con independencia de la partida presupuestaria. Es decir, el control va más allá de las partidas del Presupuesto catalán suspendidas por el Tribunal Constitucional el pasado 5 de julio referentes a la organización de elecciones.

Los documentos emitidos por cada ente serán centralizados por la interventora general de la Generalitat. Así se hará con la certificación del primer semestre y con las semanales, cuya primera entrega al ministerio que preside Cristóbal Montoro se hará el próximo viernes, y corresponderá al periodo comprendido entre los días 17 y 23 de julio. Posteriormente, se tendrá que rendir cuentas todos los miércoles.

“El destino del dinero del FLA ya está controlado. Lo que se controlará semanalmente ahora es el Presupuesto catalán”, explicaron fuentes de Hacienda. La revisión mensual a la que está sujeta la Generalitat fue una medida extra que se puso en marcha en 2015 cuando Junts pel Sí y la CUP negociaban el nuevo Govern. Este era uno de los requisitos que impuso el Gobierno para que Cataluña pudiera acceder a la línea de créditos pública con el que, por ejemplo, se ha hecho frente a la factura de las farmacias y de otros proveedores de servicios fundamentales. Desde 2012, Cataluña ha recibido 63.000 millones de este fondo y este ejercicio se preveía la llegada de 3.600 adicionales.

El texto publicado en el BOE recuerda que acceder a la financiación pública para las autonomías implica “cumplir con lo dispuesto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación” y también advierte a la Generalitat de las consecuencias de desobedecer a los requerimientos de información. Un aviso a navegantes para la interventora catalana que declinó, según el Gobierno, dar explicaciones sobre la desviación de más de 6.000 euros en una de las partidas suspendidas por el Constitucional.

El Gobierno justifica la puesta en marcha del control porque los anuncios referentes a la consulta “han generado una situación de incertidumbre económica que está perjudicando a la estabilidad financiera”. “Si no hay ni un solo euro destinado al proceso refrendario, los pagos seguirán con absoluta normalidad”, aseguró ayer en una entrevista a la COPE el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández.

Puigdemont cargó en Twitter contra la medida y pidió al Gobierno que se devuelva a Cataluña el dinero público destinado, según él, a los ataques al independentismo. “Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, ministro?”. El president usó la misma fórmula para pedir “los euros de los catalanes que no se han invertido en Cataluña a pesar de estar presupuestados” o el “rescate” de las autopistas radiales de Madrid