Los antisistema ocasionales

Hubo un tiempo en que las gentes de orden de este país no dudaban ni de la justicia ni de la policía. Si una manifestante perdía un ojo, la culpa era de sus compañeros de algarada. Un joven que llamase “cracks” o “escaqueados” a los agentes de la autoridad merecía ser multado, ley mordaza en la mano. El mismo texto legal hacía merecedor de sanción a un periodista gráfico que difundiera las fotos de una detención en Twitter. Todo tenía una lógica y una explicación en aras a la lucha contra la entropía universal.

Sin embargo, dos meses antes de la entrada en vigor de la célebre ley, los mismos que la aprobaron se lamentaban del trato recibido de los pilares del orden. Cuando en abril de 2015 un agente de aduanas acompañó con su mano la cabeza del popular Rodrigo Rato para que no se golpeara al ser introducido en el coche policial, se alzaron voces airadas por la “desproporción” de la medida. Indignados, clamaron contra la iconografía de la detención del exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y Hacienda y ex director gerente del FMI. Casi dos años después, la policía antifraude ha cuantificado las rentas no declaradas en el IRPF de Rodrigo Rato por un importe superior a los 14 millones de euros, entre 2004 y 2015. En total, las cuotas presuntamente defraudadas son de un importe total cercano a los 6,8 millones. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, la supuesta estafa a la ciudadanía asciende a 5,4 millones de euros. Eso sin contar el argent de poche, esos 90.000 euros, que Rato desconocía que debía haber declarado de su tarjeta black de Bankia.

También hubo reacciones coléricas por los registros que, en febrero del año pasado, la Guardia Civil llevó a cabo en la vivienda y el despacho —en la calle de Génova— del que fuera gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner y en la casa y dos despachos del directivo Javier López Madrid, yerno del presidente del Grupo Villar Mir. A Jorge Fernández Díaz, impulsor de la ley mordaza y entonces ministro de Interior y gran inquisidor de independentistas, le llamó “la atención” que las actuaciones que afectaban al PP solo se produjeran en “momentos políticos delicados”. Los populares también pidieron por partida doble la recusación de la juez Rosa María Freire, que investigó los 37 borrados de los ordenadores del extesorero del partido Luis Bárcenas. El PP consideró a la juez un “eficaz instrumento del PSOE”. Con anterioridad, los populares dudaron de la imparcialidad de Freire por tener un primo hermano de Izquierda Unida. Por último, el pasado viernes, el mismo día que se iniciaba el congreso del PP, han trascendido las condenas a 13 años de prisión de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes —gürtelianos invitados a la boda de la hija de José María Aznar—, por amañar contratos de la feria de Turismo Fitur convocados por la Generalitat valenciana.

En Cataluña también tenemos antisistema ocasionales. Ahí están las protestas que ha desencadenado la operación policial contra el pago de comisiones de obra pública —es decir, con cargo al contribuyente— gracias a las que se financió presuntamente Convergència Democràtica. La coincidencia con el juicio por la consulta del 9-N ha permitido a los antaño guardianes del orden gritar a pleno pulmón que se trata de una conspiración. El propio Artur Mas lo dijo: “Se trata de hacer el mayor daño posible”. Poco importa que las imputaciones de la semana pasada por la operación anticorrupción arranquen de la denuncia realizada por una concejal, entonces de Esquerra Republicana, en el municipio de Torredembarra.

Con el proceso soberanista en marcha, para la vieja CDC toda acción judicial o registro policial forma parte de la conspiración de una potencia extranjera, aunque la orden parta del juzgado de El Vendrell y el dinero sea completamente nacional. No importa que las donaciones a Convergència coincidan con adjudicaciones de obra pública. O que entre 2008 y 2013, la Fundación Catdem (de CDC) recibiese 7,1 millones de euros de más de un centenar de compañías. O que en unas semanas, en fin, arranque el juicio del caso Palau en el que, según el juez, Convergència percibió 6,6 millones de euros de Ferrovial.

Pero seguro que todo lo apuntado se basa en una percepción sesgada. No tiene otra explicación. Porque, elección tras elección, los ciudadanos otorgan su confianza a quienes manejan con semejante desparpajo el dinero público.