Los sectores del mar rechazan la futura ordenación del espacio marítimo con intereses acuícolas

El borrador marco del Real Decreto para la Ordenación del Espacio Marítimo que bajo la directiva de la UE prepara el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por el que se cederán las competencias al Gobierno central en materia de concesiones administrativas en acuicultura amenaza con convertirse en otra batalla como la que desató la ley de acuicultura.

Una reordenación del actual mapa marítimo terrestre que ha generado la alarma entre los sectores afectados que ven el proyecto legislativo como un intento de centralizar competencias sobre el espacio marítimo gallego, que hasta ahora le correspondían a la Xunta, con el propósito de introducir la piscicultura en estas costas sin sondear la opinión de los sectores afectados.

De entrada, estos han pedido que el borrador contemple una disposición que recoja literalmente que “en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo en Galicia, por sus peculiares características, se priorizará y garantizará el ejercicio de las actuales actividades pesqueras, marisqueras y de mitilicultura frente a la introducción de instalaciones de producción energéticas, prospección y explotación de petróleo y gas, extracción de materias primas y piscicultura”.

El paquete de alegaciones y firmas fueron presentadas este jueves en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, solicitando la retirada del borrador marco para que se redacte uno nuevo en el que se incluyan todas las modificaciones que proponen sobre la futura ordenación marítima.

De forma individual se presentaron textos alternativos al borrador por parte de representantes de las cofradías de pescadores gallegas, colectivos de mariscadores, parquistas, productores de mejillón, asociaciones de armadores, federaciones sindicalistas del mar (CC.OO, CIG e UGT) y colectivos ecologistas integrados en la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA).

Rechazan las disposiciones del borrador que pudieran vulnerar las competencias autonómicas y aunque esta cuestión sería responsabilidad del Gobierno en funciones de la Xunta de Galicia, consideran que hay que defender las “competencias exclusivas” que establece el art. 27 del Estatuto de Autonomía en materias de pesca, marisqueo y acuicultura y “sería, afirman, una irresponsabilidad hacer dejación de ellas.”

“Dada la reciente contestación social al intento unilateral de la Xunta de Galicia de imponer una Ley de Acuicultura al servicio de la industria piscícola, llama poderosamente la atención”, el contenido de la Disposición Final Tercera del borrador”, exponen los sectores del mar en otra de las alegaciones. En esa disposición se faculta al Consejo de Ministros para aprobar mediante acuerdo los planes de ordenación de los espacios marítimos.

“Pero lo más llamativo de la redacción lo encontramos en el texto que enumera (precedidas de un guión) las normas constitucionales que justificarían esa competencia en el que todas las materias se encuentran enumeradas en párrafos precedidos de ese guión, excepto una: la acuicultura”, alegan.

De entrada, estos colectivos han reclamado que el borrador vuelva a presentarse a exposición pública. El texto se sometió a consulta del 2 de agosto al 15 de septiembre pero los afectados creen que el calendario previsto para la revisión de alegaciones no sólo se quedó corto sino que se realizó en un periodo vacacional que deja inhábil o en baja actividad determinadas áreas y actividades públicas. “Por lo que ha quedado reducido a un mero trámite administrativo que no ha permitido la participación de todos los grupo interesados”.

Proponen que se incluya en el articulado que “se velará porque los grupos de interés y autoridades pertinentes, así como el público afectado y las diferentes organizaciones medioambientalistas, de pescadores, mariscadores y mitilicultores, tengan acceso a los planes en todas sus fases de elaboración y revisión y puedan alegar también a los informes anuales de seguimiento que elabore cada departamento en el marco de sus competencias”.

Por último coinciden todos los colectivos en que un Gobierno en funciones no puede tramitar este borrador de Real Decreto, en base al artículo 21 de la ley 50/1997, de 27 de Noviembre, que dispone que “el Gobierno cesa tras las elecciones y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.”