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Imputada una exdirectora general de la Comunidad por el fraude de los cursos de formación

Patricia Herrero era la responsable de formación cuando estalló el 'caso Aneri'. La juez expulsa a la Comunidad de Madrid como acusación particular

La investigación judicial por el fraude de la formación en la Comunidad de Madrid, el llamado como caso Aneri, apunta ya a la Administración. La juez ha citado a declarar como investigada (nueva denominación legal de los imputados) a Patricia Herrero, directora general de Formación de la Consejería de Empleo durante los Gobiernos presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González. La magistrada del caso expulsa además a la Comunidad como acusación particular del caso por si en un futuro tuviera que declararla “subsidiariamente responsable”.

“No se notifica nada y que pase todo por aquí”. Semanas antes de que estallara el escándalo de los cursos de formación de la Comunidad, destapado por EL PAÍS, la entonces directora general de Formación de la Consejería de Empleo, Patricia Herrero, daba estas instrucciones en un correo electrónico. Iba dirigido al subordinado que le pedía avisar a la fundación Tripartida, del Ministerio de Empleo, de posibles irregularidades en el control de las subvenciones regionales.

El funcionario que la avisó (Joaquín Velázquez, entonces subdirector de Formación Continua y Emprendedores) fue destituido tres días después de declarar ante la policía por este asunto. Herrero siguió en el cargo hasta las elecciones regionales de julio de 2015. La magistrada del juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, considera ahora que existen indicios de su participación en tres delitos: fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Embargos paralizados

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 9 de Madrid ha dejado sin efecto el embargo de 279.000 euros que la Agencia Tributaria hizo a una de las asociaciones implicadas en el llamado caso Aneri.

Después de que se destapara el presunto fraude que investiga el juzgado de Instrucción, la Comunidad de Madrid reclamó a las asociaciones para las que Aneri tramitaban ayudas a la formación la devolución de 3,9 millones de euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, dependiente del Ministerio de Empleo) también reclamó devoluciones.

El auto del juzgado central, del 25 de febrero, entiende que los embargos pueden suponer “graves perjuicios patrimoniales” a las afectadas y paraliza el de una asociación que denunció y que estaba beneficiada con ayudas estatales. Estará en vigor hasta que haya sentencia firme en el proceso penal abierto en Madrid.

Hay 38 asociaciones afectadas. La plataforma que aglutina a 13 de ellas espera que el auto siente precedente también para el desembargo de las que recibieron ayudas autonómicas.

Herrero envió ese correo el 15 de noviembre de 2013, cuando el empresario cordobés José Luis Aneri estaba ya en el centro de todas las sospechas por un supuesto fraude que inicialmente se estimó en 4,4 millones de partidas regionales y 11 estatales. Aneri y su antiguo socio, el exalto cargo de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio Alfonso Tezanos, fueron detenidos en 2014 junto a otros posibles implicados.

El auto que imputa a la exdirectora de Formación señala que, tras las posibles operaciones para captar fondos, existe “una completa trama criminal dedicada a defraudar subvenciones públicas mediante un entramado de empresas creadas al efecto y controladas por familiares y testaferros”. Las firmas “en ningún caso estarían interesadas materialmente en su realización, sino en la mera obtención de un beneficio económico fraudulento en detrimento de los fondos públicos”.

Los primeros pasos de la investigación judicial se centraron en la red creada por los socios y en una treintena de asociaciones beneficiadas por las ayudas a la formación. Algunas de esas entidades defendieron entonces en el juzgado que sí que llevaron a cabo las acciones formativas y denunciaron la falta de control de la Comunidad en la fiscalización de las ayudas y hasta supuestas complicidades políticas con la trama. Hace seis meses, la magistrada dio un giro al caso y pidió, a instancias del fiscal, información a la Comunidad de Madrid para identificar e investigar a toda la cúpula política de las consejerías de Empleo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González entre 2010 y 2014.

En ese listado que reclamaba la magistrada aparece Patricia Herrero, directora general de Formación entre el 23 de abril de 2012 y el 23 de julio de 2015, según recoge el auto del 28 de abril que la declara investigada, al que ha tenido acceso este periódico.

La juez señala, tras examinar la documentación y tomar declaración a diversos testigos, que hay indicios de la posible implicación de Herrero. Como directora general de Formación, tenía las competencias en la concesión, justificación, revocación y reintegro de las subvenciones para cursos de formación de la Comunidad. La juez la cita a declarar el 19 de mayo y expulsa como acusación particular a la Comunidad de Madrid. El hecho de que Herrero fuera un alto cargo de la Administración regional puede dar lugar a que se declare a esta “subsidiariamente responsable” de los cargos que se le imputan, según añade la magistrada en el texto.

Un portavoz de la Consejería de Economía —que integra el área de Empleo en el Ejecutivo que ahora preside Cristina Cifuentes— señaló que aún no les ha sido notificado el auto y que no podían poner a este periódico en contacto con Herrero porque ya no trabaja en la consejería.

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