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La cuñada de Ojeda afirma que no sabía a qué se dedicaba el exconsejero

La ex directora general de Empleo se enfrenta al PP en la comisión de investigación

Teresa Florido, en su comparecencia en el Parlamento.
Teresa Florido, en su comparecencia en el Parlamento.

La ex directora general de Formación Profesional entre 2011 y 2013, Teresa Florido, ha asegurado este viernes, en la comisión de investigación parlamentaria sobre el fraude en los cursos de formación en Andalucía, que no supo hasta que llegó al cargo que su cuñado, el empresario y exconsejero Ángel Ojeda, uno de los principales beneficiarios de las subvenciones, se dedicaba a la formación profesional.

"Se lo podrán creer o no, pero yo no lo sabía", ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación, que ha estado marcada por una agria polémica con el PP tras denunciar una "persecución" de ese partido y una "campaña de difamación" por parte de dirigentes populares.

La tensión entre Teresa Florido y la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha llevado a la exdirectora de Formación a dejar de contestar a sus preguntas y a la popular a pedir amparo al presidente de la comisión por "falta de respeto", además de pedirle que sustancie las "diligencias oportunas" ante la Fiscalía por si ha podido incurrir en un delito penal al "faltar a la verdad" sobre la "difamación".

Florido, que en su intervención inicial incluso pidió que el PP abandonara la sala, ha denunciado que durante más de dos años ha "sufrido" por "falsas acusaciones impartidas por el PP" de haber cometido "graves delitos" relacionados con su cuñado.

Ha aludido a una resolución del TSJA en la que se resuelve que las acusaciones de la dirigente del PP Ana Mestre "eran erróneas" y resultaban perjudiciales para su honor, y que además señala que se abstuvo en las subvenciones vinculadas a Ojeda.

Ha incluido en la "campaña de difamación", además de Mestre y a Ruiz Sillero, al delegado del Gobierno, Antonio Sanz, sobre los que ha dicho que hicieron "acusaciones falsas" cuando "tenían consciencia" de que los expedientes "estaban correctos" porque habían ido a verlos a la Consejería.

Florido ha lamentado también la "detención artificiosa" que se produjo "en plena competición de los cuerpos policiales" y que después de año y medio "seguimos inmersos en una causa que no avanza pero que día a día demuestra su inconsistencia".

Además, ha resaltado la "coincidencia sospechosa" entre los informes propios de la UCO y los autos de la juez Alaya.

Ruiz Sillero le ha pedido que retire todas las acusaciones de difamación y, al no hacerlo, ha pedido que se sustancien las diligencia oportunas ante la Fiscalía por parte del presidente de la comisión, al igual que hizo en el caso de Ángel Ojeda.

La popular ha explicado que esa sentencia del TSJA se archivó y por lo tanto ni el PP ni Mestre "no tienen que responder a nada".

La bronca se ha acentuado en el turno del PP, donde Ruiz Sillero ha nombrado en varias ocasiones como "señora Ojeda" a Florido por una "confusión" porque está casada con "un Ojeda", a lo que ella ha respondido: "Con muchísima suerte, siento que usted no esté casada".

Florido también ha opinado que Ruiz Sillero estaba "preguntando fatal" y que le faltaba "la sonrisa con la que siempre pregunta", frases por las que la popular ha pedido amparo para que se le llame al orden "ante la falta de respeto".

El presidente, Julio Díaz, ha tenido que intervenir y ha pedido que rebajaran la "tensión latente" que había, por lo que la compareciente ha decidido no responder más al PP.

Florido ha subrayado que nunca recibió ni impartió órdenes, directrices o instrucciones para que no se actuara conforme a la legalidad vigente, y que se abstuvo de las subvenciones para Ojeda, de las que solo firmaba la publicidad.

Ha asegurado que en sus 42 años de funcionaria si ha tenido conocimiento de alguna irregularidad administrativa se ha subsanado y si era penal "ha ido camino del Ministerio Fiscal".

Florido, que no recuerda expedientes sancionadores, ha afirmado que el sistema de formación "claro que funcionaba" y que se realizaban los controles y la fiscalización previa.

"En mi vida he ido en contra del criterio de intervención", ha añadido Florido, quien en su palabra final se ha mostrado convencida de que solo se produjeron "irregularidades administrativas subsanables".

Ha deseado que "este injusto sufrimiento pase pronto" y ha informado de que se reserva el ejercicio de acciones legales frente a cualquier que ponga en cuestión la legalidad de su proceder.

Por su parte, la diputada socialista Marisa Bustinduy le ha pedido disculpas en nombre de los representantes de los ciudadanos por "haber tenido que aguantar afirmaciones" del PP que cree que "han pasado una línea roja".

Ha hecho referencia a actuaciones que pueden suponer una amenaza o coacción, y ha calificado de "patético" que se utilice "algún lazo familiar" para "atacar" al compareciente.

Testigo protegido

Por su parte, el funcionario Teodoro Montés, testigo protegido de la juez Alaya en el caso de la formación, ha denunciado "trato de favor" a la CEA y a los sindicatos en la adjudicación y gestión de los cursos de formación, y ha tildado de "desastre y caos" el cambio de competencias de Educación a Empleo.

El también exjefe de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla ha declarado en la comisión del Parlamento andaluz que investiga el presunto fraude en los cursos de formación, después de que el pasado marzo sufriera una indisposición y fuera trasladado a un centro hospitalario.

Finalmente ha comparecido, pero solo se le ha podido oír, ya que su condición de testigo protegido en el procedimiento judicial abierto en el juzgado 6 de Sevilla ha hecho que su imagen no aparezca en las cámaras de televisión del Parlamento, que retransmite en directo por la web de esta institución los interrogatorios.

Teodoro Montes, que se presentó como víctima de acoso laboral que "aún" sigue "padeciendo", pese a una decisión judicial favorable, ha denunciado "trato de favor" en la adjudicación y gestión de los cursos de formación a la CEA y a los sindicatos UGT y CCOO, y ha llegado a apuntar a la existencia de una "red clientelar" de entidades asociadas a los empresarios.

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