Un exconsejero limita el fraude en los cursos a irregularidades administrativas

"Todo en mi vida ha sido absolutamente legal y nunca, nunca, nunca he tenido problemas con la justicia", ha afirmado este lunes el exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, de 67 años, quien ha declarado ante la comisión del Parlamento autonómico que investiga el fraude en los cursos de formación. Ojeda, principal investigado en la causa que se sigue en 18 juzgados de Andalucía, está señalado por la policía tras captar más de 50 millones en ayudas para actividades formativas que, según los agentes, no se realizaron en su totalidad, no fueron debidamente justificadas o se facturaron por encima de su coste. El exconsejero ha asegurado que solo hay "irregularidades administrativas".

Ojeda ha detallado que sus entidades han impartido 9.000 cursos públicos y privados en España. "Todos los cursos se han realizado de forma legal, se ha ejecutado en todos sus aspectos y se han justificado", ha asegurado

Elena Cortés, diputada de IU, ha cuestionado que las entidades de las que ha sido propietario Ojeda se contrataran entre ellas y el empresario ha defendido que es una práctica habitual, que se hizo "a costo y nunca con sobrecosto" y que todos los gastos han sido verificados por los funcionarios. "Los servicios jurídicos del Estado han avalado a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, los cursos", ha argumentado.

Cortés también ha preguntado si se realizaron "altas ficticias en la Seguridad Social". El exconsejero ha defendido que todos los contratos han sido registrados y para los trabajos realizados, pese a un informe de un inspector de trabajo que detectó "altas indebidas". Esta resolución fue recurrida y Ojeda ha esgrimido una sentencia que le da la razón.

La diputada también ha interrogado sobre la contratación de formadores, quienes han asegurado que recibieron una remuneración inferior a la prevista, a lo que Ojeda ha respondido que sus entidades pagaban "la docencia y no al docente" porque, de otra forma, los profesores habrían ganado 130.000 euros al año. "Con ningún dinero se han quedado las empresas de mi grupo", ha añadido.

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha señalado que el grupo de Ojeda captó 50 millones para formación hasta 2013. El empresario ha defendido que invirtió nueve millones de euros en homologación de cursos y que nunca repartió dividendos, sino que redestinó los beneficios a la propia empresa. "Hemos puesto 61 recursos contenciosos administrativos a la Junta de Andalucía y todos los que están llegando nos están dando la razón", ha defendido el empresario a las preguntas sobre las iniciativas de la Junta para recuperar las ayudas. "Lo único que hay son irregularidades administrativas", ha señalado.

Juan Moreno Yagüe, de Podemos, ha cuestionado la capacitación de las 12 entidades que se hicieron con las ayudas para la formación de despedidos de la multinacional Delphi en Cádiz. "Estas tuvieron que contratar hasta las gomas y los lápices", ha cuestionado. Ojeda ha replicado que se le pregunte a la Junta por qué lo hizo así y ha defendido que se pusieron en marcha todos los cursos en un tiempo excepcional. El coste por cada alumno y hora fueron de 10 euros, tres euros menos que la media de otros cursos, ha asegurado Ojeda.

También ha cuestionado Podemos que se subvencionara a personal que había sido contratado de forma previa a la realización de los cursos, según un expediente de reintegro (devolución de las subvenciones) de la Junta de Andalucía. "Los cursos se han dado y se han pagado en su integridad. Ganaremos todos los recursos", ha respondido Ojeda sin responder a la pregunta.

Por parte del PP, Teresa Ruiz Sillero ha cuestionado al presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), por dejarle esgrimir una resolución judicial en la que se cuestiona la actitud del Partido Popular en relación con Ojeda. Díaz ha defendido que no puede saber con antelación los argumentos que va a utilizar el compareciente y ha defendido su labor. Ruiz Sillero ha cuestionado la participación de Teresa Florido, cuñada de Ojeda, en resoluciones sobre ayudas al empresario. También ha acusado la diputada a Ojeda, durante su etapa de consejero hace 25 años, de haber otorgado subvenciones a quienes posteriormente fueron socios en diversos negocios, de haber mantenido relaciones con los principales ex altos cargos relacionados con el caso de los ERE y de haber desviado fondos a otros países. La diputada ha afirmado que, solo en cuatro expedientes abiertos por la Junta, esta le reclama 302.000 euros.

Sillero ha preguntado a Ojeda cuál es su relación con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), y ha lamentado que haya ganado pleitos con la Administración porque esta no actuó a tiempo.

Ojeda se ha negado a responder a las preguntas del PP, pese a que arrancó la comisión afirmando que iba a "intentar esclarecer la verdad de forma objetiva de forma tranquila y serena".