El sector sanitario cifra en “más de 2.000 millones” los impagos de Salud

El sector sanitario ha puesto una cifra a la deuda que arrastra la Generalitat desde hace meses con las farmacias y los centros sanitarios concertados. Ocho patronales denunciaron ayer que la Administración debe “más de 2.000 millones de euros” a las empresas sanitarias, una cantidad que el Ejecutivo catalán prevé paliar con una partida extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El problema es que ese montante está bloqueado por el Ministerio de Economía y no llega. Los empresarios alertaron de que la situación es “crítica e insostenible”.

Los farmacéuticos catalanes fueron los primeros en denunciar los retrasos en los pagos por parte del Ejecutivo que dirige Artur Mas. En los últimos cuatro años, las demoras en el abono de la factura de los medicamentos ha sido constante y ha llegado a su punto más alto a principios de este mes, cuando la Generalitat alcanzó una deuda acumulada con el sector farmacéutico de 334 millones de euros. El Gobierno catalán debe ahora mismo a las farmacias las facturas correspondientes al mes de julio (121,5 millones), agosto (100 millones) y septiembre (112,5 millones) de este año. Por el camino, una veintena de boticas han tenido que cerrar o entrar en concurso de acreedores por no poder hacer frente a estas demoras.

La red sanitaria concertada (centros sociosanitarios mayoritariamente) son el otro vértice sanitario que sufre los impagos del Departamento de Salud. La factura de los conciertos es de 380 millones de euros al mes, según las patronales, y la Generalitat está pendiente de pagar el 33% del mes de junio y todo el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Esta situación ha obligado al sector a retrasar pagos a los proveedores y a pedir líneas de crédito, entre otras medidas, pero estas tiritas se agotan. Los empresarios asumen que el Ejecutivo catalán tampoco tiene visos ni posibles de pagar en noviembre y una veintena de centros sociosanitarios ya han avisado de que, si no llega el dinero, no podrán pagar las nóminas a sus trabajadores.

Las empresas ortopédicas también sufren retrasos que elevan la deuda acumulada de la Generalitat con el sector unos 80 millones más y el sector de dependencia (residencias de ancianos), a caballo entre el Departamento de Salud y el de Bienestar Social, también alerta de que su situación, aunque ha mejorado con respecto a 2012, sigue al límite.

“Momento insostenible”

En total, los impagos de la Generalitat superan sobradamente los 2.000 millones de euros. “Esto es un clamor unitario, una llamada de atención a las dos Administraciones para que busquen soluciones a este sistema de impagos de máxima gravedad y que el sector respire”, explicó ayer el presidente de la patronal PIMEC, Josep González.

La responsable de la patronal ACES, Cristina Contel, advirtió de que las tesorerías de los centros concertados están “en un momento insostenible y de urgencia” y las soluciones paliativas, como pedir más líneas de crédito o retrasar el pago a proveedores, ya no funcionan. “Las líneas de crédito ya no tienen recorrido y estamos intentando aplazar el 20% de recargo que cobra la Seguridad Social por el retraso en los pagos de los seguros”, apostilló. La presidenta de ACES reveló que, en una reunión con responsables del Departamento de Economía el pasado miércoles, la Generalitat confirmó “que no puede hacer frente a los pagos de noviembre con recursos propios”. La única solución es la partida del FLA.

Las patronales no descartan que, si la situación se enroca y el FLA no llega, comiencen medidas de presión más activas, como manifestaciones, concentraciones o huelgas. Con todo, el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, advirtió de que se tomarán las medidas que sean necesarias pero “que no afecten a la salud de los ciudadanos”.