Detenidas 52 personas por sustraer 24.000 kilos de almendra en Valencia

Entraban de noche en los campos y los vaciaban. La Guardia Civil ha detenido a 52 personas pertenecientes a un grupo que presuntamente sustrajo 24.000 kilos de almendras. Entre los arrestados figura un empresario de Utiel (Valencia) acusado de almacenar y distribuir el producto manipulando los datos de trazabilidad. A los arrestados se les atribuyen los delitos de hurto, receptación y falsedad documental.

La Guardia Civil estima que las almendras robadas tienen en el mercado un precio de 60.000 euros. Según los datos de la Lonja de Reus (Tarragona), cuyo precio sirve de referencia a este producto en Europa, la cotización de la almendra con cáscara se sitúa entre 2,1 y 4,3 euros el kilo, dependiendo de la variedad, lo que arroja un valor de 50.000 a 103.000 euros.

El precio mundial está, a su vez, muy condicionado por el que se fija en California (Estados Unidos), donde se concentra más del 80% de la producción global. España es el segundo productor, destacando las áreas del litoral mediterráneo, de Cataluña a Andalucía.

Alertada por el alto número de hurtos que se estaban produciendo desde septiembre en campos de la comarca de la Plana de Utiel, en el interior de Valencia, la Guardia Civil organizó una operación bautizada como Amande. "Estas zonas tienen dimensiones muy extensas y además cuentan con infinidad de caminos y zonas agrestes, circunstancias que dificultaban mucho las labores de identificación", ha señalado la Guardia Civil en un comunicado.

Para ocultar el origen de la almendra, los acusados, de nacionalidad española, marroquí y rumana alteraban presuntamente los documentos que acreditaban su procedencia. Para ello habrían cambiado la información sobre parcelas y vendedores, utilizando en algún caso los datos de una persona fallecida. Los agentes han intervenido 145 documentos de acompañamiento y trazabilidad falsos.

Las penas a las que se enfrentan los detenidos, que han pasado a disposición de los juzgados de Instrucción de Requena, varían en función de si se les atribuye participación en la falsedad de documentos mercantiles.

El Código Penal establece que el castigo del delito de hurto será de uno a tres años de prisión cuando, como parece el caso, "se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas".

El delito de receptación lleva aparejado una pena de seis meses a dos años de prisión. Mientras que el de falsedad documental puede acarrear de tres a seis años de cárcel en función de su gravedad.

El aumento de los robos y hurtos en explotaciones ganaderas y agrícolas valencianas, producido en paralelo al agravamiento de la crisis económica, llevó a la Guardia Civil a establecer un plan específico de prevención hace dos años, con aumento de la dotación de agentes en zonas rurales.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana informó hace una semana de que este tipo de delitos se habían reducido en los primeros nueve meses del año un 28% respecto al mismo periodo de 2014. Un porcentaje que se elevaba al 34% si se tomaba como punto de partida los robos cometidos un año antes.