El Síndic descarta dos muertes por los recortes en Vall d’Hebron

El ex jefe del servicio de cirugía cardíaca del hospital Vall d'Hebron, Manuel Galiñanes, que denunció la semana pasada la muerte de dos pacientes por los recortes ha vivido este jueves un nuevo revés con la resolución del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, tras estudiar el caso. La investigación del Defensor del Pueblo catalán, iniciada a petición del propio facultativo, ha concluido que "no hay indicios concluyentes" para atribuir el fallecimiento de los dos pacientes a las reducciones presupuestarias en sanidad.

El jefe médico denunció la semana pasada que dos de sus pacientes habían fallecido este verano por la falta de quirófanos para operarlos. El hospital salió rápidamente al paso de esas declaraciones negando la mayor y justificó que, en uno de los casos, el paciente entró por urgencias con fiebre y nunca se sopesó intervenirlo. Según la dirección del centro, falleció por complicaciones derivadas del cáncer terminal que padecía. En el otro caso, el enfermo murió en su casa después de que se anulase su intervención en un par de ocasiones "por criterios clínicos". El gerente de Vall d'Hebron, Vicenç Martínez Ibáñez aseguró que no había lista de espera en cirugía cardíaca y que en verano los quirófanos estuvieron abiertos "a demanda".

El último capítulo de la disputa se vivió el pasado lunes cuando el Instituto Catalán de la Salud (ICS), al que pertenece Vall d'Hebron, destituyó de su cargo a Galiñanes alegando que el médico había renunciado al proceso de evaluación obligatorio al que tienen que someterse los jefes de servicio y de sección de los hospitales del ICS. El facultativo ha dejado de ser el responsable de la unidad y ejerce actualmente como un médico adjunto más del servicio.

La decisión del Síndic ahora ha supuesto un nuevo varapalo para la versión que ha mantenido desde el primer momento el facultativo. "No se ha podido constatar que los cambios en los recursos materiales del Servicio de Cirugía cardíaca hayan impedido realizar el trabajo con normalidad y en plenas garantías para los pacientes", ha indicado Ribó.

El Defensor del Pueblo catalán ha explicado que, en el primer caso denunciado, el paciente padecía "una insuficiencia renal" a causa de un tumor avanzado y ya "otro hospital había rechazado intervenirlo" por la situación en la que se encontraba. A Vall d'Hebron entró por urgencias, con fiebre, por lo que se descartó operarlo. El equipo médico valoró su grado de fiebre y "cuando Vall d'Hebron decidió finalmente operarlo" el paciente falleció.

En el segundo caso, Ribó ha revelado que "el paciente estaba en lista de espera sin caracter de urgencia y tomaba anticoagulantes" que dificultaban la intervención. "Se pospuso su intervención en dos ocasiones, una por los anticoagulantes y otra por una urgencia que llegó y era prioritaria", ha indicado. El Síndic ha apuntado además que el facultativo que denunció la situación "no planteó nunca al comité de mortalidad del hospital" la muerte de estos dos pacientes. 

"Las reducciones presupuestarias no han incidido en las muertes", ha zanjado Ribó. La investigación ha concluido que "el calendario de intervenciones es el que hace el propio servicio de cirugía cardíaca al que pertenece Galiñanes" y que en el momento del fallecimiento de los dos pacientes "había disponibilidad de quirófanos" en el servicio. "Tanto la dirección de Vall d'Hebron cmo el propio Galiñanes comparten la opinión de que todos los pacientes que necesitan urgentemente ser intervenidos, son operados. Así que, si operan a todos los pacientes urgentes, es lógico pensar que se retrasaran algunas de las operaciones programadas no urgentes", ha valorado el Síndic.

Con todo, el Defensor del Pueblo catalán ha lanzado una advertencia a la Administración para que agilice las listas de espera que, en contra de lo que dijo la dirección del hospital, sí existen en el servicio. La normativa catalana fija en 90 días el tiempo máximo de espera garantizada para intervenciones de cirugía cardíaca (la legislación estatal eleva la espera a 180 dias) y, según ha podido comprobar Ribó, a finales de septiembre de este año, 34 personas superaban esos 90 días máximos de espera que indica la ley. Pese a que las demoras se han reducido sustancialmente, a principios de julio, tres personas estaban por encima de los 90 días; a finales del mismo mes, ya eran seis; y a 31 de agosto, la cifra de pacientes que superaban la espera garantizada ascendía a 23 pacientes.

Aun con estas cifras, el Síndic ha dejado claro que "no se ha podido constatar el colapso del servicio que denunció en su queja el doctor Galiñanes", pero ha pedido que "se implementen medidas para que se cumpla el tiempo garantizado independientemente de las vacaciones del personal".