La cocina de la corrupción

No cesan las noticias sobre casos de corrupción, recientes o antiguos, ya sea con protagonistas relevantes o hasta ahora desconocidos. Del caso Rato al de Innova de Reus, de caso Palau al de los ERE, la Gürtel o los Pujol, y así hasta la indignación o el hastío. Algunos creen que la justicia es lenta y, con los poderosos, blanda. Y no les falta razón. A veces parece que el juicio no llegará nunca porque la fase de la instrucción se eterniza, como en la inacabable acumulación de acusados del proceso abierto por la juez Alaya, o el incomprensible estancamiento del caso de Millet. A veces, además, la justicia es blanda, como en la reciente y repetida sentencia del Palau, que ha vuelto a condenar con muy poca pena a muy pocos de los acusados.

Pero, blanda o lenta, la justicia, por lo menos, ha actuado. Esos célebres e inacabables procesos se iniciaron alguna vez. Desgraciadamente, eso no siempre ocurre. Por ello, el primer problema para luchar contra la corrupción, previo a todos los demás problemas, es que la justicia llegue a ponerse en marcha, llegue a tener datos para empezar a actuar. Y estos datos están dentro del aparato, oficina o institución en que se engendra la corrupción.

Decía Bertolt Brecht: “César venció a los galos, ¿no llevaba ni siquiera un cocinero?”. Siempre, y para todo, es necesaria una infraestructura profesional eficiente y leal, una buena cocina. Los líderes, solos, ni siquiera podrían sobrevivir, y desde luego no podrían triunfar. También los que urden sus grandes delitos de corrupción necesitan alguien que les cocine sus operaciones. Necesitan expertos en cocinar finanzas irregulares, como chefs de ingeniería financiera, y necesitan igualmente leales ejecutores de las órdenes, como modestos pinches de la cocina de la corrupción. Ninguno de ellos comerá en la mesa de los señores, aunque a alguno le dejen, quizás, rebañar en las cazuelas. Pero todos ellos saben lo que se cuece en su cocina.

Si el primer problema para luchar contra la corrupción es que la justicia se ponga en marcha, la primera clave para la solución del problema estará en los que conocen los entresijos de los proyectos, estrategias y operaciones. Nadie mejor que ellos conoce los datos que la justicia necesita para ponerse en marcha. Los cocineros saben lo que se guisa mejor que nadie.

Hervé Falciani sabía de primera mano lo que se cocía en el HSBC, banco suizo en que trabajaba como ingeniero de sistemas

Hervé Falciani era uno de ellos. Sabía, de primera mano, lo que se cocía en el HSBC, banco suizo en que trabajaba como ingeniero de sistemas. Informó a las autoridades suizas y, ante la falta de reacción de estas, hizo públicos los datos de 130.000 evasores fiscales de distintos países. Esto es lo que dijo la Audiencia Nacional cuando denegó su extradición, que habían solicitado los tribunales suizos por revelación del secreto bancario.

Eran notorias las prácticas irregulares y delictivas del HSBC: defraudación tributaria, blanqueo e incluso financiación del terrorismo, amparadas por la opacidad del secreto bancario suizo. Estas prácticas, según la Audiencia Nacional, no están protegidas en España por la ley de protección de datos. Más aún, la ley permite la cesión a las autoridades de esa clase de datos de prácticas irregulares o delictivas, sin conocimiento ni consentimiento del interesado, porque es obligatorio, para todos, denunciar los hechos delictivos que se presencien o conozcan.

En otros países no existe esta obligación legal, pero se propicia, como actividad ética y cívica, la acción de informar a las personas o instituciones legitimadas para iniciar las actuaciones, de las prácticas inmorales o ilegales de los superiores o compañeros de una organización u oficina. Así describe Transparency International al whistleblower (el que sopla el silbato), concepto empleado para designar a quien acciona la alarma o avisa de un peligro inminente. Falciani es un clásico whistleblower de dimensiones internacionales, que no merece la persecución judicial, sino el aplauso mundial.

Hemos conocido que Pujol se ha querellado en Andorra contra un exempleado, al parecer aún no identificado, de la Banca Privada de Andorra (BPA) y AndBank por haber filtrado los datos de sus irregularidades fiscales, abriendo la puerta a las sospechas sobre el origen de su fortuna. Otro whistleblower. Esperemos que los argumentos de la Audiencia Nacional, válidos para Falciani, valgan para ese desconocido andorrano. Porque lo importante es que los datos afloren, que no puedan encontrar seguridad, amparo ni cobijo en el seno de sus instituciones ni oficinas. Que los trabajadores, empleados o subalternos no se vean obligados a prácticas de complicidades ni encubrimientos, ni forzados a gestos de heroísmo exponiendo seriamente su empleo al denunciar “a cara descubierta”.

Para perseguir seriamente a la corrupción es imprescindible que fluya la información desde el interior de la trama, verificando su certeza, pero asegurando que no habrá represalias contra los informadores, los whistleblowers, que, a su pesar, se ven enfangados en las sucias cocinas de la corrupción.

José Maria Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña