¿Cuántos pobres energéticos hay?

¿Cuántos pobres energéticos hay en Cataluña? Tres años después de que el asunto se colara en la agenda pública, esa pregunta sigue sin respuesta. Los datos ofrecen una amplia horquilla: desde las 50.000 familias (si se tiene en cuenta que una familia promedio tiene 2,72 miembros, esa cifra supondría unas 136.000 personas) que habrían recibido ayudas de ayuntamientos y consejos comarcales para pagar sus suministros básicos, según un informe del Departamento de Empresa y Empleo, hasta los 385.000 catalanes que constan en el Instituto Catalán de Estadística (Idescat). Las suministradoras son las únicas que tienen datos, pero no los dan, al menos por comunidades. La falta de una definición clara de pobreza energética y los límites de las mediciones llevan a que las estadísticas no reflejen la realidad, lo que complica desarrollar políticas públicas efectivas.

La inexistencia de una cifra de consenso ha sido usada como arma arrojadiza tanto por el Gobierno como por la oposición. La última vez, hace dos semanas, cuando el consejero Felip Puig y la diputada ecosocialista Laura Massana se enfrascaron en una discusión sobre el dispositivo desarrollado por la Generalitat para evitar el fiasco del anterior invierno, cuando solo 900 familias se acogieron a la moratoria para congelar el pago de los recibos sin que por ello les cortaran la luz o el gas. Puig insiste en que a nadie que cuente con un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales se les cortará el suministro. De momento, se desconoce cuántas personas se han beneficiado de la medida.

La decana del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cataluña, Núria Carrera, se queja de que “los cortes de suministros se continúan haciendo”, si bien admite que quizás es porque los afectados no tienen la información necesaria para sortearlos. “Reclamamos una actuación contundente de información a la población para explicar que existe ese recurso”, afirma. Carrera también reclama que el acceso a esa condición sea más sencillo, puesto que los asistentes municipales están desbordados.

Los trabajadores sociales lamentan que persisten los cortes de suministros

Una de las primeras estimaciones la dio el Síndic de Greuges en octubre de 2013. El texto cita la Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, que fija que en Cataluña hay 193.000 hogares —un 6,9% del total— que no pueden asumir el gasto de mantener la casa a una temperatura adecuada. Pero hace un año el INE revisó sus cálculos debido a un cambio metodológico que consistía en combinar los ficheros administrativos y la información dada por los ciudadanos. El porcentaje del número de hogares en Cataluña que decían no poder tener su casa a temperatura adecuada subió 0,7 puntos y la cifra absoluta alcanzaba a 212.579 hogares.

La nueva metodología también ha sido utilizada en las series de 2012 y 2013, la última disponible. En 2012, se llegó al 10,7% de hogares, el récord. El año siguiente, la magnitud se desplomó hasta 4,3%, el mínimo registrado. Desde el INE admiten que el desglose por comunidades puede ser muy inexacto debido a lo reducido de la muestra. “Es tan pequeña que es susceptible de cualquier desviación”, explican. La caída en el conjunto de España solo fue un punto inferior: del 9% en 2012 al 8% en 2013.

El Idescat estima que hay 385.100 personas en situación de pobreza energética (el 5,2% del total). Esta es la cifra con la que la Mesa del Tercer Sector y la oposición alertan de la urgencia del problema. La Asociación de Ciencias Ambientales publicó la segunda versión de su informe Pobreza Energética en España. Desde 2007 hasta 2012, el número catalanes que dedican más del 10% de sus ingresos en gastos de energía doméstica se ha triplicado, hasta 1,2 millones. Respecto a los hogares que no podían mantener su casa con una temperatura correcta, hasta 2010 Cataluña siempre había estado por debajo de la media española. La tendencia se rompió en 2011 y 2012.