Educación rectifica y dice que no ha denegado peticiones en Cataluña

El Ministerio de Educación se ha corregido a sí mismo horas después de admitir que había denegado las tres primeras solicitudes tramitadas por familias catalanas que querían que sus hijos fueran escolarizados en castellano. Un portavoz del ministerio señaló este viernes que estas familias, amparándose en un decreto aprobado en julio que blinda las clases de castellano, se matricularon en centros privados en los que se daba educación bilingüe, pero solo con catalán e inglés. Horas más tarde, indicó que “tras revisar de forma más pormenorizada los casos no se ha producido todavía ninguna denegación a las familias sino que se ha pedido información a los centros sobre si tienen oferta educativa en castellano además de las líneas en catalán y en inglés. Los expedientes no están cerrados”.

Hasta octubre, según el ministerio y el departamento de Enseñanza de la Generalitat, solo se habían registrado tres casos a pesar de se habían presupuestado unas mil peticiones. El portavoz del ministerio que dirige José Ignacio Wert señala que a estas alturas de curso suman 80 solicitudes en estudio, aunque la Generalitat solo ha recibido tres peticiones de información por parte del Estado, un requisito previo a la aprobación de la ayuda. Según el real decreto, el plazo máximo para resolver las solicitudes es de seis meses desde su recepción.

Dos de los menores que se han intentado acoger a la ayuda son hijos de Francisco Ribas, el líder del Partido Popular en el municipio de Tona, Barcelona. Este político protagonizó una polémica con el director de la escuela l’Era de Dalt al intentar que aumentara la educación en castellano. Desde la institución aseguraron que la petición atacaba el modelo de inmersión lingüística catalana.

Ribas y la otra familia desconocían que el colegio privado escogido no establecía dentro de su proyecto educativo que se trataba de un colegio con el castellano como lengua vehicular. "Se trata de una institución que tiene una mayor sensibilidad hacia el castellano que la pública a la que asistían los menores", explicó la diputada del PP María José Cuevas, que acompañó a la familia en el proceso de intentar solicitar la ayuda. El decreto que reglamenta la ayuda dice que el castellano debe ser impartido "en una proporción razonable". Así, la negación de la ayuda sería  por un tema de forma, no de fondo.

El decreto blinda la educación en castellano en todas las comunidades autónomas, incluso obligándolas a pagar una escuela privada cuando no exista una oferta en la pública. La normativa afecta a todas las autonomías con lengua cooficial, pero está diseñada a medida de Cataluña. Despliega la disposición adicional 38 de la reforma educativa, la conocida como Ley Wert, y obliga a aumentar las clases en castellano en la escuela sostenida con fondos públicos en una “proporción razonable” cuando así lo soliciten los padres. De no existir esta posibilidad, al alumno se le adjudicará un pupitre en una privada.

Primero, la familia ha de presentar una solicitud de escolarización a la Generalitat. Si es rechazada, se ha de matricular a su hijo en una escuela privada donde el castellano sea también vehicular. Después, podrá acogerse a la convocatoria de subvenciones del Ministerio. Si se cumple con los requisitos, el ministerio pagará a las familias hasta 6.000 euros por curso y, paralelamente, descontará el monto de las transferencias a la Generalitat.

Este episodio es un nuevo frente abierto entre el Ministerio y la Generalitat a cuenta de la aplicación de la Ley Wert. El pasado martes, tras la conferencia sectorial, la secretaria de Estado de Educación, Monstserrat Gomendio, aseguró que Cataluña ha perdido 3,5 millones de euros de fondos europeos de los 47 previstos en 2014 para la aplicación de la nueva Formación Profesional básica, que en septiembre llegó a las aulas. El reparto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 18 de octubre.

En Cataluña solo 54 alumnos de los 5.000 potenciales se han apuntado a una Formación Profesional que la Alta Inspección del Estado no considera bien adaptada a la LOMCE, según fuentes del ministerio. Cataluña no podrá recuperar esos fondos aunque sí mantener la financiación europea para años posteriores si se adapta a los programas, añaden desde el ministerio, indican las citadas fuentes.