La lucha de la Generalitat contra el fraude fiscal pierde fuelle

La Generalitat trabaja en la creación de una Hacienda propia que algún día pueda cobrar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Mientras entre bastidores idea una nueva plataforma que lo permita, ante los focos muestra acuerdos con otras Administraciones catalanas, como el de la pasada semana con el Ayuntamiento de Barcelona, para construir Tributs de Catalunya, una ventanilla única para el pago de tributos. Pero en los dos últimos años la Agencia Tributaria autonómica ha perdido fuelle para generar ingresos por la vía de la lucha contra el fraude. En 2013, último ejercicio del que se tienen datos, ingresó 165,23 millones de euros por ese concepto, según su memoria, un 20% menos en dos años.

Por segundo año consecutivo cayó su recaudación por ese concepto, por lo que ha perdido en ese periodo una cuarta parte de los ingresos (un 19,9%), 41 millones. El control sobre las liquidaciones de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y sucesiones, los más importantes sobre los que tiene control, permitieron ingresar 206 millones en 2011 y 172,35 millones en 2012.

La demora en la tramitación de expedientes se ha duplicado

Son diferentes motivos los que explican ese retroceso, reconocen fuentes de la agencia. La crisis, siempre presente en cualquier argumentario, ha provocado que la actividad económica se haya paralizado y que el mercado inmobiliario sea incapaz de generar las compraventas de años atrás. Desde la Hacienda catalana explican que el volumen de transacciones ha pasado de 40.844 en 2011 a 29.855 en 2013. Esa caída ha hecho incluso que los técnicos tributarios de la Generalitat rebajaran sus expectativas y sus objetivos de control: de 30.000 a 25.000, después de que apenas se consiguieran el 82% de los objetivos en 2012. Un año después se alcanzaron un 90% de esas pretensiones y las liquidaciones complementarias —las que se obligan a efectuar al contribuyente cuando se detecta algún error en la presentada— que el tributo que pagan todos los compradores de pisos, vehículos y embarcaciones de segunda mano recaudaron 85,8 millones. La cifra está lejos de los 105,8 millones de 2011 o los 97 de 2012.

Además de la crisis, la agencia considera que tras esa caída se encuentran también decisiones del Gobierno central, que se habrían convertido en un primer filtro contra el fraude. Por ejemplo la prohibición de realizar pagos en efectivo de más de 2.500 euros o las normas bancarias antiblanqueo, lo que ha acabado limitando los casos en los que se falsea a la baja el precio de compra para pagar menos impuestos. Incluso habrían afectado las medidas de exención impositiva en determinadas operaciones societarias y de reestructuración bancaria.

Otro gran agujero del control del fraude para la Agencia Tributaria de Cataluña se produce, no obstante, en las inspecciones del impuesto de sucesiones y donaciones. En los tres últimos años su recaudación se ha contraído en 22 millones de euros, de los 68 millones de 2011 a los 48,7 millones de 2013. El motivo no es otro que la decisión del Gobierno de Artur Mas de reducir a la mínima expresión la tributación por herencias, “con la práctica desfiscalización de las herencias entre padres e hijos o cónyuges”, como recuerdan desde la Hacienda catalana. No obstante, la Hacienda catalana logró en 2013 hacer un 51% de las inspecciones previstas, que eran 4.500. Solo un 10% de las personas inspeccionadas no están de acuerdo con los argumentos de los inspectores.

También cae, aunque menos, la recaudación por actas de inspección ordinarias. Se refiere a los trabajos para descubrir a contribuyentes —o a los gestores que les hacen las declaraciones— que, no es que hayan falseado u omitido datos, sino que directamente han eludido hacerlas. En 2013 se hicieron 455 de esos controles, que permitieron aflorar 30,6 millones de euros, un 38% más de lo previsto inicialmente. En este caso se contabilizan solo las actas por cantidades inferiores al medio millón de euros y sobre todo tuvieron que ver con el impuesto de sucesiones. Pese a la reducción de la actividad de la agencia, la demora en la tramitación de expedientes se ha duplicado. Otra señal de la crisis es el aumento de contribuyentes que fragmentan los pagos a la Agencia Tributaria. En dos años han pasado de 1.866 a 2.257 casos.