Los ‘paraísos fiscales’ pujolistas

Esta vez no se libran. El pasado 18 de diciembre el juez Ruz acordó abrir la fase procesal hacia el juicio oral de los implicados en el caso Pretoria, abierto por Garzón hace cinco años. Contra 11 imputados, entre los que se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y los que fueron destacados dirigentes de CiU y consejeros de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Todos, en diverso grado de responsabilidad, por los delitos propios de corrupción, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Durante el ejercicio de sus cargos públicos, gracias al apoyo de los fiscales generales del Estado, del PSOE, la fiscalía no pudo emprender acciones penales contra ellos. Fue particularmente grave el manto de impunidad que cubrió la presunta malversación de los fondos públicos de la CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña) que justificaba la persecución penal de Alavedra y 11 consejeros más. La realidad era más que evidente. Una parte de los fondos de dicha entidad—los llamados avales— se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que finalmente no fueron reintegrados causando un grave perjuicio al erario público autonómico.

Una primera consideración sobre la resolución del juez Ruz: por sí sola descalifica la pretendida reforma del proceso penal del Partido Popular, que trata de abreviar, mediante un sistema de plazos, la investigación judicial, especialmente ante esta clase de delitos. Por ejemplo, el auto judicial que comentamos no podía haberse dictado antes, pues las dos últimas respuestas de las comisiones rogatorias a Andorra y Suiza se produjeron en octubre del año pasado. Lo que pretende el PP es, sobre todo, la impunidad de los corruptos.

Asimismo, cuando estamos pendientes de que declaren como imputados Jordi Pujol, su esposa y tres de sus hijos por fraude fiscal y blanqueo de capitales, el auto del Juzgado Central número 5 describe el funcionamiento presuntamente delictivo del clan pujolista, el de la familia propiamente dicha y la otra e inseparable “familia”, sin la que es imposible entender el pujolismo y su funcionamiento, como ha dicho un autor, en clave de “hampa barcelonesa”.

El auto del juez Ruz describe los hechos, situándolos en la pasada década, como “una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas (…) a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros”.

El Gobierno del PP  no hace absolutamente nada para dar cumplimiento a un acuerdo del Congreso  que instaba al Ejecutivo a la “supresión de los paraísos fiscales”

Éstos eran los objetivos y modos de proceder de los miembros de la trama, como hicieron en la Operación Niesma, en la que Prenafeta y Alavedra consiguieron, por su mediación, sustanciosos beneficios económicos gracias “al ascendiente (….) que ejercían sobre cargos públicos derivado de los altos cargos que ocuparon en el Gobierno catalán durante los años ochenta a noventa”.

Tan grave o más que lo anterior fueron las ganancias obtenidas, a veces de procedencia desconocida o de otras labores de intermediación, que ocultaron a la Hacienda pública mediante la canalización de las mismas a través de entidades fiduciarias domiciliadas en paraísos fiscales.

El juzgado del caso Pretoria ha dirigido 13 comisiones rogatorias, cinco a Suiza y otras tantas a Andorra y una a Portugal, Reino Unido, Costa Rica y EE UU. La colaboración de estos Estados ha resultado indispensable para conocer el patrimonio oculto y el alcance de lo defraudado por ambos exdirigentes de CiU. El Gobierno del PP, por contra, no hace absolutamente nada para dar cumplimiento a un acuerdo del Congreso de los Diputados, de 12 de julio de 2011, que instaba al Gobierno a la “supresión de los paraísos fiscales”.

Gracias a la colaboración de otros países, ha podido saberse que la cantidad defraudada por Alavedra en los ejercicios 1997, 1998, 2000 y 2006 fue de 2.605.000 euros. Para eso dispuso, como ya venía haciendo su jefe de Gobierno desde 1980, de sociedades domiciliadas en Andorra y las islas Caimán. Lo mismo hizo el ex secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta. Quien, según la resolución judicial, durante los ejercicios 2000 a 2007 obtuvo 14.984.000 euros de ganancias “procedentes de labores de intermediación en adjudicaciones públicas”, cuyo origen no siempre ha podido determinarse, sirviéndose de la sociedad BUIC y de otros mecanismos para ocultar y defraudar a la Hacienda pública una cantidad superior a los cinco millones entre los años 2000 a 2003, también a través de cuentas abiertas en Suiza y Andorra.

Los hechos descritos no solo merecen un reproche penal, sino que, asociados al gran fraude de la familia Pujol, expresan la total ausencia de ética pública de una parte importante de quienes han gobernado Cataluña durante 23 años y de quienes, aquí y en España, han sido sus cómplices o encubridores, penales y políticos.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y exeurodiputado de Podemos