Sanidade abandona fármacos y datos privados en un psiquiátrico sin uso

El viejo hospital ourensano Doctor Cabaleiro Goás, sin uso desde enero de 2012, cuando la Consellería de Sanidade ordenó su clausura definitiva pero abierto a cualquiera que pase por el lugar, guarda entre sus muros cientos de medicamentos psiquiátricos que únicamente se dispensan bajo receta, material sanitario sin estrenar abandonado y documentación de trabajadores repleta de datos privados. La práctica totalidad de las puertas exteriores de los edificios del complejo, ubicado en el término municipal de Toén, están abiertas, lo que permite recorrer unas instalaciones que, aunque fueron desmanteladas, todavía guardan sorpresas. En la farmacia que dispensó medicinas a los internos, hay cientos de pastillas de una treintena de marcas, en su mayoría destinadas al tratamiento de enfermedades psiquiátricas.

La lista es larga: anticonvulsivos para trastornos bipolares, antitiroideos, antidepresivos para trastorno obsesivo-compulsivo, neurolépticos, antagonistas opiáceos para desengancharse de drogas, antiepilépticos, cápsulas contra el párkinson, psicotrópicos para ataques de pánico, antipsicóticos, ansiolíticos inductores del sueño, corticoides contra la esquizofrenia como la carbamazepina —que, según el Vademecun, puede provocar fuertes reacciones alérgicas—, e incluso medicamentos destinados a combatir los efectos del cáncer de mama. En la misma farmacia y a disposición de cualquiera que entre al edificio por la puerta principal, también hay preparados médicos en polvo, jarabes, agujas y jeringuillas. Además, en algún almacén de los sótanos carcomidos por la humedad todavía se conservan cajas de material sanitario sin estrenar, como goteros, vías o pañales.

Las medicinas no son los únicos vestigios del antiguo sanatorio que permanecen impasibles al paso del tiempo y de la lluvia que se cuela por las ventanas, abiertas de par en par en habitaciones y despachos. En las oficinas que ocupaban los sindicatos todavía se almacenan contratos repletos de datos privados de trabajadores, algunos firmados hace una década, durante el último mandato del expresidente de la Xunta Manuel Fraga.

Los archivadores que han resistido mudanzas y robos, también contienen cuadrantes de turnos laborales, solicitudes de vacaciones destinadas a la gerencia o informes sindicales. Revolviendo en las cajas que salpican otras estancias del psiquiátrico abandonado Doctor Cabaleiro Goás, en las afueras de Ourense, aparecen detalladas nóminas de empleados de diversas épocas: algunas recientes, de años previos al cierre definitivo, pero otras se remontan a la década de los ochenta.

El club social (auditorio, cafetería, sala de exposiciones, biblioteca o capilla) fue concienzudamente tapiado con cemento y placas opacas. Pero allí, el gran portón metálico también está desbloqueado. Los muros que ciegan puertas y ventanas ocultan un enorme vertedero sanitario que alguien quiso disimular con bloques de cemento. Al otro lado se acumulan decenas de colchones en montículos, maquinaria hospitalaria de todo tipo, ordenadores, material asistencial para enfermos, manuales de aparatos radioactivos, memorias administrativas y mobiliario que convive con goteras, silvas, neveras de bar, listas de precios y cuadros pintados en las paredes por los enfermos.

No es la primera vez que la Xunta de Galicia tropieza con la custodia de material sensible en este hospital, inaugurado hace más de medio siglo como un referente del sector, pero paulatinamente abandonado. La ausencia de inversión condenó al centro al ostracismo en el que ahora está sumido entre zarzas, deposiciones de animales, humedades y saqueadores que han llegado a utilizar maquinaria pesada para derribar muros.

En agosto de 2009, con el hospital todavía en funcionamiento, durante el dispositivo de búsqueda de Laura Alonso —una joven de un pueblo cercano asesinada por su novio— se permitió el paso al sótano de un edificio que entonces ya había sido clausurado por su deplorable estado. Y los voluntarios que buscaban a la chica se toparon con expedientes de pacientes de los años setenta en los que se detallaba pormenorizadamente datos personales, patologías, medicación y comportamiento social ante los observadores que vigilaban. La Consellería de Sanidade negó entonces que aquellos documentos pudiesen ser considerados expedientes o documentos oficiales.

Un lustro después del suceso que motivó la apertura de una investigación de oficio por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, los 29.000 metros cuadrados que ocupan los diez edificios del complejo y los restos que hay en ellos, siguen sin vigilancia. La enorme finca de casi cuatro hectáreas tampoco tiene control perimetral alguno. Aunque las carreteras de acceso están bloqueadas con piedras o vallas, las puertas del sanatorio que guarda un comprometido dispensario de medicinas psquiátricas están plenamente abiertas.

Y en medio del abandono, la Administración no encuentra uso al complejo público. El psiquiátrico fue levantando en un monte comunal cedido por los vecinos del municipio de Toén bajo dos condiciones: uso exclusivamente sanitario y contratos para los habitantes de la zona. Tras la clausura, Sanidade negoció una cesión gratuita a la empresa Aspanas Termal, que propuso crear un espacio para rehabilitación y terapia de personas discapacitadas. Los comuneros rechazaron la idea porque, en su opinión, no era un proyecto sólido.