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Luz verde al decreto que blinda las clases de castellano en Cataluña

La Generalitat lo tacha de "multa lingüística" y anuncia que lo recurrirá

Dos meses antes del inicio del curso, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que blinda la educación en castellano en todas las comunidades autónomas, incluso obligándolas a pagar una escuela privada cuando no exista una oferta en la pública. La normativa afecta a todas las Autonomías con lengua cooficial, pero está diseñada a medida de Cataluña. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, evitó ayer mencionarla explícitamente, pero aseguró que el objetivo es “garantizar en las Comunidades con un sistema de inmersión” —Cataluña es la única que lo tiene— que ambas lenguas sean vehiculares en la escuela.

El decreto, que despliega la disposición adicional 38 de la Ley Wert, obliga a aumentar las clases en castellano en la escuela sostenida con fondos públicos en una “proporción razonable” cuando así lo soliciten los padres. De no existir esta posibilidad, al alumno se le adjudicará un pupitre en una privada. En un primer momento el coste lo paga a la familia y esta debe solicitar al Ministerio la bonificación. Después que la Alta Inspección del Estado haya comprobado que se han pasado todas estas fases y se cumplen los requisitos, el Gobierno pagará a la familia los gastos de escolarización mensualmente y después descontará el importe trimestralmente de las transferencias que hace a la Generalitat. Una vez reconocido este derecho a la familia, durante el segundo y siguientes cursos —solo se podrá hacer en la etapa obligatoria—, el ministerio pagará a las familias desde el inicio del curso escolar, y también mensualmente.

Entre los gastos de escolarización computarán no solo la matrícula y la cuota en la escuela privada, sino también el transporte, el comedor o la residencia, entre otros. Eso sí, se ha fijado como importe máximo 6.057 euros al año, que es el coste medio de una plaza escolar pública no universitaria. Si la cuota de la privada superara este importe, la diferencia deberá ser asumida por la familia.

La cifra ha sido muy cuestionada por la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau. De hecho, se trata de un cálculo que tiene en cuenta toda España y que es de 2011, antes de los grandes recortes presupuestarios: 1.076 millones de la Generalitat y 942 millones el Gobierno central desde 2010. El Ministerio defiende que estos “son los últimos datos disponibles”.

Irene Rigau equiparó ayer esta detracción de los gastos a una “multa lingüística”. “Esto es algo muy grave en Cataluña que nos lleva a los peores años de la persecución lingüística”, añadió. Según Rigau, lo que busca el Gobierno es “establecer la doble línea en Cataluña, una de inmersión y otra bilingüe”, como ya sucede en la Comunidad Valenciana o en el País Vasco. La Generalitat anunció que recurrirá el decreto. El Consejo de Estado advirtió hace un mes sobre varios aspectos del decreto, entre ellos que no se ha tenido en cuenta el impacto que puede tener en las arcas autonómicas.

Wert quiso quitar hierro a un asunto especialmente sensible en Cataluña, asegurando que se trata de un “mecanismo temporal y limitado” que desaparecerá cuando la Generalitat asegure una oferta en castellano. “Se trata de cumplir las condiciones fijadas por el Constitucional”, añadió. Pero el Gobierno catalán, los principales partidos de la oposición y la mayoría de la comunidad educativa, siempre han rechazado la medida porque consideran que torpedea la línea de flotación del sistema de inmersión lingüística, que funciona con éxito en Cataluña desde hace tres décadas.