Barberá obliga a pagar por exhumar a una víctima del franquismo

De "anacronismo en el ámbito de los derechos humanos" ha calificado Matías Alonso, portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP, permita, por fin, después de cinco años de retrasos, que sean exhumados de una fosa común del cementerio civil de la ciudad los restos de Téofilo Alcorisa, víctima de la represión franquista, pero ordene a la vez que los familiares se hagan cargo de los costes. Ocurre que la familia tuvo que devolver una subvención de 50.000 euros lograda para ello en 2009 en aplicación de la Ley de Memoria Histórica precisamente debido a la dilación del caso.

Alcorisa, padre de un guerrillero del maquis, fue detenido por la Guardia Civil en 1947 en Santa Cruz de Moya y su familia no supo hasta 60 años después que había sido trasladado a Valencia, donde murió durante su detención, supuestamente al ahorcarse con los cordones de sus zapatos. Localizado su cuerpo en un fosa del cementerio, su exhumación se ha convertido en un largo pulso con el Ayuntamiento que preside Rita Barberá, de la que solo logró la oposición arrancar un acuerdo para permitirla después de que el bufete del exjuez Baltasar Garzón se hiciera cargo hace solo unos meses del caso ante los tribunales.

Pese a que como ha señalado Alonso este miérocles, en una conferencia de prensa junto al secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, debería tratarse de "un empeño meramente humanitario", las condiciones que la junta de gobierno que preside Barberá impone para la exhumación pueden llevar los costes a unos 45.000 euros, de los que la familia no dispone, como ha explicado la hija del fallecido Pilar Alcorisa, que ha asistido al acto junto a su marido, Luis Romero.

La familia logró una ayuda de 50.000 euros en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tuvo que devolver por las dilaciones en la resolución del caso. Ahora no podría volverla a solicitar porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha acabado hasta con la oficina que las concedía. Podría plantearse una iniciativa de mecenazgo ciudadano para recoger el dinero, pero tanto Alonso como Ábalos lo han descartado. "Estamos hablando de un tema muy especial", ha indicado Alonso, que ha recordado que el grupo de desapariciones forzosas de la ONU está siguiendo lo que ocurre con esta complicada exhumación. "No es solo un tema administrativo", ha añadido Ábalos, que ha presentado iniciativas sobre el caso en el Congreso, donde es diputado. "sino de un asunto político, de un claro ejercicio de obstrucción por parte de Rita Barberá".

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha preparado alegaciones ante el Ayuntamiento de Valencia y se dispone a volver a movilizar a entidades e instituciones, mientras la familia planteará en el juzgado, a través de Garzón, la situación creada. "Con la misma documentación, otros alcaldes del PP han resuelto casos parecidos rápidamente", ha comentado Alonso, que ha citado a los alcaldes de Paterna, Segorbe o Borriol. El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha resuelto 18 exhumaciones similares en la Comunidad Valenciana. "El único caso que sigue abierto es este", ha señalado su portavoz.