El Tribunal Superior catalán ratifica el 25% de clases en castellano en cinco colegios

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado los recursos de la Generalitat, cinco colegios y sus asociaciones de padres, y ratifica que cuatro escuelas concertadas y un instituto público deberán ampliar al menos al 25% las clases en castellano en aquellas aulas en las que al menos un alumno así lo solicite. El tribunal fijó este porcentaje en cinco autos emitidos en enero a petición de varias familias y en cumplimiento de varias sentencias del propio TSJC, del Supremo y del Constitucional que instaban a la Generalitat —hasta entonces sin éxito— a adoptar las medidas necesarias para asegurar que el castellano fuera lengua vehicular en la escuela.

La medida debía aplicarse al cabo de un mes, pero nunca se llevó a cabo porque el plazo había quedado suspendido temporalmente hasta que se resolvieran estos recursos. Contra los cinco nuevos autos cabe recurso de casación ante el Supremo, que la Generalitat ya ha avanzado que presentará, así como la petición de suspensión de la medida. Pero en previsión de que la sentencia del alto tribunal tarde meses, el TSJC ya deja claro que los recursos no interrumpen la aplicación del 25% en el plazo de un mes.

Los cinco centros deberían empezar a impartir al menos una asignatura más en castellano, según detalla el TSJC, aunque la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, eludió ayer especular sobre cómo será la situación en un mes. “Recurriremos e iremos paso a paso”, apuntó, pero sí puntualizó que se asegurará de que “no se actúe judicialmente contra los directores”. El TSJC responsabilizó a estos de la aplicación del 25%.

En sus autos, el tribunal rechaza uno a uno los argumentos de la Generalitat, las escuelas privadas y las AMPA. Los magistrados no creen que se esté vulnerando ni el Estatuto catalán ni la Ley de Educación de Cataluña —que fija el catalán como lengua vehicular— y se apoyan en el ejemplo de algún colegio concertado que ya usa ambas lenguas cooficiales al 50%.

El TSJC tampoco considera que se esté fomentando una separación de alumnos por razón de lengua porque la medida tiene un “alcance limitado” y se circunscribe solo a los alumnos que lo han pedido. En este sentido, el tribunal también contesta a las familias que defienden el modelo de inmersión, citando a la Constitución. “El derecho fundamental a la educación no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales”, remacha. Asimismo, se rechaza el argumento de los centros concertados en cuanto a la vulneración de su autonomía.

Las tres partes también habían reprochado al TSJC un “exceso de jurisdicción” al fijar un porcentaje concreto, cuando las sentencias de tribunales superiores habían dictaminado que esto correspondía a la Generalitat. Los magistrados recuerdan que en un auto de mayo de 2013 ya advirtieron: “En el caso de que no fijara esa proporción (...) la Sala procederá a su determinación”.

Convivencia Cívica Catalana, entidad que promueve la enseñanza bilingüe, había pedido ampliar el porcentaje hasta el 50%, cosa que el TSJC rechaza. “El catalán debe ser considerado como centro de gravedad del sistema educativo”, siempre que el castellano también sea vehicular.

Rigau insistió ayer en que la inmersión lingüística garantiza el conocimiento del castellano y que este idioma “no está excluido” de las aulas. La consejera no avanzó qué argumentos alegará ante el Supremo y no descartó llegar al Tribunal de Estrasburgo. “El modelo ha sido constitucional durante casi 30 años”, recordó. La patronal de los centros concertados no se pronunció.

Albert Branchadell, profesor de Filología Catalana en la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que “desde la sentencia del Constitucional de 2010 todo va encadenado y judicialmente el tema está cerrado”. Branchadell quita hierro a las consecuencias de dar una asignatura más en castellano. “Enfadará a la Generalitat y a ciertos sectores catalanistas, pero no tendrá efectos académicos”.