Numerosos vendedores ambulantes figuran como alumnos de cursos falsos

La clave estaba en la cantidad ingente de alumnos que se necesitaban para hacer los cursos de formación a distancia que la Policía, el Estado y la Comunidad de Madrid investigan. ¿Y de dónde se sacaban los datos de estas personas? Lisardo Hernández Barrul, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas, de la que dependen tres cooperativas de venta ambulante, da una respuesta: “Yo le di un listado con nuestros asociados a [José Luis] Aneri”. De hecho, sus cooperativistas aparecen en uno de los documentos que investiga la Policía Nacional.

En diciembre de 2012, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) remitió a la policía un expediente de realización de cursos de la federación de transportistas Ucotrans, que gestionaba Sinergia Empresarial. Esta es una entidad de José Luis Aneri, principal sospechoso de la trama de la gestión de cursos estatales y regionales, cuyo montante supuestamente defraudado supera los 11 millones de euros. A los técnicos del Estado les llamó la atención la cantidad de nombres repetidos, muchos de ellos procedentes del listado que facilitó Hernández a Aneri.

El caso llega a la Asamblea

El director de Estrategia y Fomento de Empleo de la Comunidad, Valentín Bote, compareció el miércoles en la Asamblea a petición del PSM y defendió la actuación de la consejería en el caso de los cursos de formación. Aseguró que se había actuado con diligencia y que solo se presentará una querella cuando concluya la investigación, señalan fuentes políticas.

La Federación de Asociaciones Gitanas aglutina a tres sociedades cooperativas de vendedores ambulantes (Acais, Gexsemani y Manuses). “Mis cooperativistas no hicieron esos cursos”, señaló Hernández Barrul el miércoles pasado al ser preguntado por la aparición de decenas de nombres de sus asociados multiplicados en el listado de supuestos alumnos de cursos de Excel, Acces, Microsoft Outlook o Prevención de Riesgos Laborales de la federación de transportes.

Según Hernández, un hombre “dicharachero y con acento andaluz” (José Luis Aneri), acudió en 2010 a sus oficinas de la calle del Puerto de la Morcuera (Vallecas) para ofrecer cursos gratis a sus asociados. Hernández señala que Aneri les explicó que esos cursillos podían hacerlos también familiares (“hijos, primos, nietos”). Y las cooperativas, según su versión, le facilitaron así los listados con nombres y apellidos de parte de los asociados.

Preguntado sobre si conocía que entregar esa información puede vulnerar la Ley de Protección de Datos, Hernández Barrull señaló que ellos cierran un trato “dándose la mano” y confiaron en el empresario, al que no volvieron a ver más, según su versión. “Pensamos que era bueno para nuestras asociaciones y no vimos ningún problema. Nosotros somos así, no necesitamos nada más. Cerramos un trato con un apretón de manos y ya está”, afirmó. Hernández Barrull añadió que, tras el encuentro con Aneri, “sí que se hicieron cursos, pero no los que salen en el expediente de Ucotrans”.

Sus cooperativas tienen también una conexión con Alfonso Tezanos, vocal de la Confederación de Empresarios de Madrid, que se ha visto salpicado por la investigación por usar supuestamente métodos similares a los de Aneri, del que fue socio hasta 2011. Hernández asegura que Fedecam, la federación de empresarios que preside Tezanos, le ayudó a través de su gestoría a crear las cooperativas. Una de las empresas de este último figura en 2000 como empresa de contacto en las bonificaciones estatales para formación que recibió Manuses. Lisardo Hernández admite también que se hicieron cursos con las empresas de Tezanos “hace mucho y conforme a la ley”.

Por su parte, la Cámara de Comercio matizó ayer algunos aspectos de la información publicada sobre Alfonso Tezanos. Señalan que, aunque el empresario presida la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio, su labor es “solo consultiva”. También explicaron que solo tienen constancia de haber contratado a una de las empresas de Tezanos, Star Pymes. Esta entidad, según la Cámara, realizó para la institución empresarial “solo dos cursos presenciales por valor de 24.000 euros”.