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opinión

Feliz año pobre

La ciudadanía afronta el nuevo año con poquísimas perspectivas de mejorar su economía

El menú de la pasada Nochevieja en el hotel Ritz de Madrid costaba 710 euros por persona. 64,70 euros más que el salario mínimo, congelado en 645,30 euros por orden de Rajoy.

El presidente del BBVA, Francisco González, cobra 1.070 salarios mínimos. Exactamente, 9,67 millones de euros al año. Poquito más que Emilio Botín, presidente del Santander. Cantidades millonarias perciben también los altos directivos de una banca saneada con 60.000 millones de dinero público. De ustedes y mío.

Quizá cuando el presidente Rajoy afirmaba en su inusual rueda de prensa de fin de año que tenía “un fundado derecho a la esperanza” y veía la luz al final del túnel se refería a los gonzález, los botín y aquellos que pudieron gastarse un pastón en una cena de lujo. No en la inmensa mayoría de la ciudadanía que afronta el nuevo año con poquísimas perspectivas de mejorar su economía.

Porque cada año que pasa con Rajoy en el Gobierno, los españoles se empobrecen más.

Cuando llegó a la presidencia, a finales de 2011, el SMI (salario mínimo interprofesional) lo cobraban 48.000 trabajadores. Dos años después, ese número se ha multiplicado por cuatro: ya son más de 215.000 los que perciben un sueldo miserable que los deja al borde la pobreza extrema. Sí, de la pobreza extrema.

Según Cáritas, ese umbral se situaba en 2012 en 14.700 euros anuales, para una familia con dos adultos y dos menores. Es decir, 306 euros por persona y mes. Con el salario mínimo, una pareja vive en la pobreza extrema. En ese nivel hay ya tres millones de españoles. Todo indica que su número aumentará este año.

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Por ello, es insoportable la fingida euforia del presidente al hacer balance de 2013 y prometer un mejor 2014. Sobre todo, conociendo sus antecedentes.

En sus dos primeros años de Gobierno, se han perdido un millón de empleos; hay seis millones de parados; en dos millones de hogares todos sus miembros están sin trabajo; el pasado año, 400.000 españoles se vieron forzados a emigrar al extranjero; los salarios se redujeron un 3%; se congeló el sueldo a los empleados públicos y más de 300.000 fueron despedidos; se redujo la prestación por desempleo; se congeló dos veces el SMI y se han bajado, digan lo que digan, las pensiones.

Más: han subido las tasas judiciales y las universitarias; se ha impuesto el repago farmacéutico en general y el repago farmacéutico hospitalario que afecta a los enfermos crónicos con graves dolencias; se han recortado 7.000 millones en educación y sanidad.

¿Suficiente? No lo parece. Esperanza Aguirre, condesa de Bornos y grande de España, adalid del ultraliberalismo más reaccionario, pide que se baje aun más el salario mínimo. En línea con el Banco de España y el Círculo de Empresarios.

¿Qué puede hacer un Gobierno autonómico ante este panorama? El principal reto del Gobierno de izquierdas andaluz sigue siendo el millón de parados. La mejor manera de afrontar la pobreza es repartir trabajo y pagarlo dignamente. La Junta, por sí sola, no podrá abordar el problema. Urge un acuerdo con el Gobierno central para poner en marcha un verdadero plan de empleo regional.

La Junta puede poner algunos parches. Como los 164 millones de euros del programa de lucha contra la exclusión social (trabajo en los municipios, ayuda a domicilio, comedores escolares, salario social). O puede subir un 2% las pensiones no contributivas y las asistenciales, como ha hecho. No es suficiente.

Rajoy será reacio a darle aire a un Gobierno que le hace la competencia ideológica. Por ello, la negociación institucional deberá ir acompañada de la presión social. En línea con lo que predica IU, hay que inundar las calles de ciudadanos cabreados que exijan una solución a sus problemas. Para que todos vean la luz y no solo Rajoy y los banqueros.

@JRomanOrozco

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