Maestras que llevan sin cobrar meses, los problemas de un centenar de trabajadoras de escuelas infantiles de Madrid

En las vallas de la Escuela Infantil Señor Don Gato cuelgan 15 carteles que gritan que en ese centro hay un problema. “Llevamos 71 días trabajando sin cobrar”, “Vamos a concurso de acreedores. Necesitamos ayuda”, “El pollo pepe ya no tiene ni pa’ trigo”, son algunos de los mensajes que los 28 empleados de esta escuela ubicada en el distrito de Vicálvaro, al sur de Madrid, han escrito en los últimos meses para denunciar que la empresa Atreyu Blota Carlo S.L. no les paga su nómina hace más de dos meses. La pesadilla, sin embargo, comenzó antes y no ha hecho más que ir a peor, como han contado a EL PAÍS varias trabajadoras.

Todo comenzó en enero, cuando no les llegó el salario el día cuatro –como ocurría siempre–, sino el día 15. Los retrasos siguieron hasta marzo, cuando la empresa les advirtió por correo electrónico de que les llegaría solo el 40% del dinero de ese mes. En abril ya ni siquiera llegó la nómina, tampoco en mayo ni en junio. “Yo, por ejemplo, gano 1.280 euros, que ya es poco”, cuenta una de las profesoras que lleva la voz y mira a sus compañeras, “otras compañeras han tenido que ir a Cáritas para tratar de llegar a fin de mes”. Pese a que no cobran, las profesoras y la única limpiadora que hay siguen yendo a trabajar a la escuela donde cuidan de 140 pequeños de entre 0 y 3 años. Esta es solo una de las escenas que se vive en varias escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid.

Atreyu, una empresa creada en 2004, tiene tres contratos con la Comunidad de Madrid para gestionar las escuelas Señor Don Gato (Madrid), Tesoros de Arganda (Arganda del Rey) y Colorín Colorado (Madrid). En todas ha habido retrasos en los pagos. La compañía también ha sido contratada por ayuntamientos madrileños para manejar escuelas como El Pocito (Pedrezuela), Manantial (Galapagar) y Río de Alisos (Guadalix de la Sierra), donde los retrasos se han repetido. En total, Atreyu está a cargo de nueve escuelas infantiles y dos casitas de niños en la región y, de acuerdo con Comisiones Obreras (CC OO), en casi todas ha habido problemas.

El modelo de gestión indirecta es una fórmula que se utiliza en toda España. En el caso de las escuelas infantiles ubicadas en la Comunidad de Madrid, las administraciones ponen los centros –que son de propiedad pública– y un monto de dinero por alumno para sufragar los gastos. Las empresas contratadas, como Atreyu, se encargan de gestionar los recursos, pagar a los empleados y mantener las instalaciones. La Comunidad de Madrid es titular de 78 escuelas infantiles de gestión indirecta y de 55 que gestiona directamente. Desde 1998, cuando se crearon las escuelas infantiles de la Comunidad, no se han sumado más centros de gestión directa.

Pese a las críticas de sindicatos de enseñanza y de los partidos de oposición, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mantenido este modelo para la educación de menores de 0 a 3 años. Sobre casos como el de Atreyu, Educación ha dicho en la Asamblea de Madrid y en la Comisión de Educación que se trata de una situación “única” o “excepcional”. La situación “excepcional”, de momento, afecta a un centenar de empleados en las escuelas infantiles que, según ha verificado este diario, tienen quejas por retrasos o falta de pagos.

La Consejería de Educación asegura que “cumple puntualmente con los pagos a la entidad gestora”, por lo que el dinero que se debe a las trabajadoras es responsabilidad de Atreyu. “Los datos sobre su situación financiera los debe facilitar la propia compañía”, añade Educación. Sin embargo, EL PAÍS ha tratado de contactar con la empresa por teléfono y por correos electrónico, sin éxito. La página web de Atreyu ya no funciona y sus redes sociales llevan meses sin actualizarse.

¿Por qué el dinero no llega a las profesoras pese a que la Comunidad y los ayuntamientos sí desembolsan los pagos a la empresa? El portavoz de educación del PSOE madrileño, Esteban Álvarez, explica que las licitaciones salen con precios bajos y que las empresas, para quedarse con los contratos, presentan ofertas aún más bajas, incluso por menos del precio real del servicio. Al final, si las cuentas no salen, la empresa puede colapsar. “Entonces salen los dramas: concurso de acreedores, maestras sin paga...”, detalla Álvarez.

Dramas de sur a norte

En el Señor Don Gato la situación es tan crítica que algunas de las trabajadoras, por el estrés, se han dado de baja. “La Comunidad de Madrid nos dice que aguantemos. Pero la hipoteca y las facturas no aguantan”, comenta una de las profesoras. A la fecha, no saben cuándo vendrá la próxima pagan ni quién las socorrerá. La Comunidad ha sacado a licitación la gestión de la escuela para que otra empresa se haga cargo en el curso 2024-2025; pero nadie se ha presentado.

El Consejero de Educación, Emilio Viciana, reconoció en el pleno del 23 de mayo que “las empresas no se quieren presentar” porque, por ley, tendrían que asumir los costes del personal al que no le ha pagado la anterior empresa. Viciana agregó que la Comunidad solo puede “establecer penalidades” en los contratos y, en casos insostenibles, acudir a una “resolución del contrato”. El consejero, además, aseguró que es difícil prevenir que firmas con problemas vuelvan a ser contratadas. “La regulación estatal establece que las prohibiciones de contratar tienen un periodo de tramitación de 6 meses más o menos [...] Sin esa prohibición de contratar, esas empresas, por situación muy mala en la que estén, se pueden seguir presentando a las licitaciones”, explicó.

Unos 23 kilómetros más al sur, otra escuela vive su propio drama. En Tesoros de Arganda, los retrasos en los pagos han llegado a tal, que el 30 de mayo el centro educativo no pudo abrir. Un 45% de las trabajadoras estaban de baja, entre ellas, la persona responsable de las llaves y la directora de la escuela. Tesoros volvió a abrir el 11 de junio, pero sin capacidad de recibir al 100% de los niños, porque aun faltan maestras. Angy García, madre de una pequeña de dos años, ha preferido llevar a su hija al trabajo para que esa plaza la pueda ocupar una familia que no tenga un plan B. “Yo veía a la profe de mi niña y veía que no estaba bien, como si estuviera a punto de quebrarse”, cuenta García y explica que la escuela llevaba varios días a la deriva. Al final, ha sido la Consejería la que ha dado directrices para reactivar la escuela, en la que hoy están matriculados 167 alumnos. La semana pasada, en medio del ruido mediático, Atreyu publicó en la web Tablón de Anuncios, ofertas laborales para una directora, personal de cocina y de limpieza para “una escuela infantil de la zona de Arganda”.

Y así se repiten los dolores. En la Escuela Infantil Colorín Colorado, por ejemplo, Atreyu no cubría las bajas del profesorado, como había denunciado parte del personal a EL PAÍS. Para más inri, esta escuela cerrará a partir del próximo curso por obras de “reforma estructural”. Un poco más al norte, en el municipio de Pedrezuela, distintas administraciones han lidiado con “los temas financieros de la empresa”. Ana Belén Romero, que fue concejala de Urbanismo por el PSOE y hoy es portavoz del partido, ahora en la oposición, cuenta que desde el 2023 Atreyu “empezó a tener problemas”. “Nosotros les adelantábamos los pagos para que no hubiera problema y pudieran pagar a las profesoras”, dice Romero y que el actual Gobierno del PP tampoco ha dejado de girar dinero a la empresa. En el municipio de Galapagar, el ayuntamiento ha anunciado un expediente sancionador contra Atreyu.

CC OO denuncia que casos como el de Atreyu están lejos de ser “aislados” y que esta es una muestra de que el modelo de gestión indirecta falla. “Las adjudicaciones se hacen con unas condiciones económicas muy bajas y se presentan empresas cuyo único objetivo es ganar dinero. Esas ganancias se hacen a costa del derecho a la educación y de las condiciones laborales de los docentes y el personal”, explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Isabel Galvín. El sindicato y el PSOE han postulado alternativas como una Red Pública de Escuelas Infantiles, como la que hay en Asturias, gestionadas por la Comunidad y los ayuntamientos con personal de sus propias bolsas de empleo.

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