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OPINIÓN

Los servicios que podemos pagar

El autor pide a los gobernantes que no nos digan que tenemos una educación y una sanidad públicas imposible de sostener

Tarde o temprano, la realidad alcanza a todos, por mucho que haya quienes aspiren a vivir sin enterarse. Acabada la fiesta en la Comunidad Valenciana, y tras varios años de intentar evitar reconocer de qué iba la película, el Consell empezó a aplicar recortes al inicio de esta legislatura. Eso sí, a su manera y según sus prioridades: mientras se contrataban más asesores o se les subía el sueldo (episodios recientes avalan que la dinámica es hoy más o menos la misma) se recortaba en sanidad y educación, en asistencia social o simplemente en pagar a proveedores que tienen poca capacidad de presión. Los actuales gestores valencianos consideran, al parecer, que gobernar es seguir así, trampeando (con cada vez menos éxito y sucesivos revolcones jurídicos) y esperar a ver si escampa. El Consell, sin embargo, no obstante ser un virtuoso en esto de la inacción, tiene cada vez menos margen. La realidad de la quiebra y con ella de la posible desaparición de la propia Administración autonómica entendida como tal está a punto de alcanzarnos. Lo que tampoco tiene mucho mérito, la verdad, dado lo poco que se mueve esta gente.

Ante las curvas que se avizoran en el camino, y la inevitabilidad de nuevos recortes a ya muy corto plazo, vale la pena señalar que, como es obvio, dónde y cómo se recorta define a quienes mandan. No es lo mismo recortar en fragatas que en escuelas o en sedes diplomáticas en el extranjero que en quirófanos. Tampoco es lo mismo no pagar la dependencia que contratar más asesores y subir el sueldo o el cargo (con el mismo efecto) a quienes te rodean. Ocurre, sin embargo, que es verdad que, de entre los servicios que gestiona la Generalitat valenciana, sanidad y educación son los que acumulan más gasto, con mucha diferencia. Así que la pregunta clave es, ¿podemos permitirnos los valencianos esos servicios en los dimensiones actuales?

La respuesta es sencilla: sí. En los presupuestos de 2013 hay previsto un gasto de unos 5.000 millones de euros para Sanidad y de unos 4.000 millones de euros para Educación (asumiendo que pueda haber desfases al alza en el gasto efectivo, como el PIB valenciano es ligeramente superior a los 100.000 millones de euros podemos asumir que el nivel actual de gasto equivale a un 5% del PIB y un 4% del PIB respectivamente). Para poner en perspectiva estas cifras conviene recordar que tanto el conjunto de países de la OCDE (como el resto de España) gastan en torno a un 7% de su PIB en sanidad pública. Respecto de la educación pública, la media de países de la OCDE está por encima del 6% (y España por encima del 5%). En ambos casos, como puede verse, los valencianos estamos gastando sensiblemente menos que el resto de países desarrollados en sanidad y educación públicas. Lo cual lleva necesariamente a una conclusión evidente: con nuestro actual nivel de riqueza (medido a partir del PIB) el actual gasto sanitario y educativo debiera ser sostenible. Actúese pues sobre otras variables (reparto de fondos Estado-CC AA, financiación valenciana, presión fiscal y reparto de la misma) pero que no nos cuenten milongas, porque no tenemos una educación y sanidad públicas que no se puedan mantener a la vista de cuál es nuestro nivel de riqueza. Todo el resto del mundo desarrollado, de hecho, es capaz de mantener este mismo nivel… y un poco más.