Pesca retoma la campaña contra el marisqueo ilegal de furtivos y bañistas

Cada verano se reproduce el mismo problema en el litoral: turistas y furtivos se dedican a la captura de marisco —bivalvos, principalmente— sin control. Esta práctica está castigada con multas de entre 301 y 60.000 euros, pero estas sanciones no acaban con la actividad ilegal, por lo que la Junta retomó ayer la campaña contra esta práctica por el daño que supone para el sector pesquero y porque pone en peligro la salud de los consumidores por la presencia en las aguas de la toxina DSP o de salmonela o de bacterias E. Coli, que lleva a imponer vedas periódicamente.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha denunciado en lo que llevamos de año a 263 personas por marisqueo o pesca ilegal, frente a los 205 del pasado año y los 115 de 2011. Aunque se ha incrementado el número de denunciados, los kilos intervenidos han descendido, según señala el sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Huelva, Javier Guerra, quien incluye en su balance el pescado que no cumple los requisitos de comercialización. En lo que llevamos de 2013 se han intervenido 7.220 kilos de este pescado frente a los 53.000 del pasado año y los 15.000 de 2011. Que se incauten menos kilos puede deberse, según Guerra, a que “los mariscadores ilegales arrojan al mar la mercancía al verse sorprendidos”.

Los controles de los agentes se desarrollan en las playas, en las lonjas y en los restaurantes. “Nuestra función se limita a denunciar y a la intervención de las artes y del producto. Después, los ponemos a disposición de los inspectores de la Junta, que son los encargados de abrir los expedientes que culminan en una sanción”, precisa Javier Guerra. El sargento del Seprona señala que la situación de crisis y el aumento del paro han hecho aflorar esta práctica ilegal. “Esto supone la sobre explotación del caladero y que desciendan los niveles de producción”, explica.

Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta controlan y vigilan todas las fases de la actividad: desde la extracción y comercialización hasta la distribución y la restauración. De esta manera, se garantiza la trazabilidad de los productos pesqueros.

El jefe de Servicio de Salud, José Luis Gurucelain, explicó que cuando el pescado no cumple los requisitos mínimos tiene dos caminos: “Si va por los circuitos legales donde se asegura la trazabilidad y su origen, de manera independiente a la sanción administrativa que se interponga, ese producto acaba en centros benéficos porque es apto para el consumo. Pero si no se asegura de dónde viene, la actuación sanitaria es la inmovilización cautelar y su destrucción”. Gurucelain remarca que los moluscos (coquinas, chirlas y almejas, entre otros) están sometidos a un férreo control desde el agua donde se cultivan hasta el mercado por el riesgo derivado de la presencia de microorganismos y de toxinas.

Una de estas es la DSP, que se vincula a la presencia de microalgas en el mar. “Puede producir diarreas que, si se dan en una persona sana, solo son molestias, pero si se originan en personas ancianas o con patologías, la cosa puede empeorar”, señala Gurucelain. También se puede encontrar una toxina paralizante “que produce un cuadro de afectación neurológica”, y si “el molusco no se filtra bien, se puede quedar con salmonela o con la bacteria Escherichia Coli, conocida como E. Coli.

“El asunto no es baladí. Lo que está a bajo precio y se vende en la calle por circuitos clandestinos puede comportar estos riesgos e igualmente es peligroso si se captura en la playa sin conocer cómo está la situación desde el punto de vista del marisqueo”, remarca este experto.

El marisqueo está actualmente prohibido por presencia de la toxina DSP en Isla Canela, la Desembocadura del Río Piedras, en Punta Umbría y Mazagón.

Los profesionales han expresado su impotencia ante la captura ilegal. Según la Asociación de Mariscadores de Ayamonte, los turistas llegan a coger hasta una tonelada al día de este bivalvo. “No podemos permitir que en el caladero donde nosotros faenamos durante todo el año y que es nuestro medio de vida capturen sin permiso ni licencia los turistas”, precisa Juan Grao, presidente de una agrupación profesional ayamontina. “Mientras a nosotros se nos prohíbe faenar por la presencia de toxinas en el agua, en las playas los turistas las cogen sin reparar en si la coquina está contaminada o no”, añade.