Una reforma indigesta para todos

El Consejo de Ministros (PP) aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, un “reordenamiento de funciones” según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que restringe al mínimo las competencias de los municipios; les prohíbe realizar servicios que, en algunos casos, llevaban años ofreciendo a los ciudadanos; y carga contra las cuentas de las comunidades autónomas la financiación de todas aquellas funciones que hasta ahora prestaban indebidamente los Ayuntamientos. Los gastos adicionales que la Comunidad de Madrid tendría que asumir para mantener esos servicios con el nuevo reparto de competencias supera los 1.100 millones de euros adicionales, según fuentes regionales. Una cantidad superior incluso a los 1.000 millones que el Ejecutivo madrileño reclama del sistema de financiación, cuya modificación exige desde 2012.

Tras un recorte sin precedentes de 2.800 millones en este ejercicio, el Gobierno regional, que dirige Ignacio González (PP), ya ha advertido que la reforma local tiene “que llevar aparejada la financiación necesaria”. “De lo contrario no vamos a poder prestar esos servicios”, avisa el dirigente. Todo ello confirmaría la denuncia del Partido Socialista e Izquierda Unida, que consideran que esta ley recortará de forma brutal los servicios sociales.

El Ayuntamiento de Madrid, con 3,3 millones de habitantes y un presupuesto de 4.300 millones de euros, deberá ceder a la Comunidad gran parte de la red de servicios que ha puesto en marcha y alimentado en la última década, bajo la batuta del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Su alcaldesa, Ana Botella (PP), ha publicitado su deseo de mantenerlos, pero no ha plantado cara hasta ahora en público al Gobierno para conseguirlo.

Tal y como está redactada la ley —que ha sido objeto de fuertes controversias también dentro del Gobierno y del PP, y debe ser tramitada y tal vez enmendada en el Parlamento—, la capital perdería el Servicio Municipal de Urgencias (Samur), la teleasistencia, los centros de mayores, las escuelas infantiles, etcétera.

Botella, que inició su carrera política como edil de Asuntos Sociales de Gallardón (2003-2007), considera esos servicios el eje de su política. Ahora pasarían a manos de la Comunidad, a la que la ley habilita para delegar su gestión en el Ayuntamiento pero ocupándose de su financiación, algo a lo que en principio González se niega. PSM y IU insisten: si uno deja de prestarlos y el otro no los retoma, los ciudadanos perderán gran parte de su red asistencial. Otro motivo de rechazo, sobre todo en las filas del PP, es que la reforma se aplicaría previsiblemente en 2015, año en el que se deben celebrar precisamente elecciones municipales y autonómicas.

La ley busca evitar que autonomías y municipios ofrezcan idénticos servicios, duplicando la oferta y, sobre todo, el gasto público; pero además vincula expresamente las dificultades económicas que atraviesan miles de Ayuntamientos a unas competencias “sobredimensionadas” que van más allá de lo que la normativa dicta y de lo que sus recursos les permiten.

Competencias restringidas. Para atajar esa situación, la ley restringe las funciones municipales al urbanismo (planeamiento, promoción de vivienda pública, rehabilitación y protección del patrimonio); medio ambiente (parques, basura, agua, contaminación); tráfico y transporte colectivo; calles; policía local, bomberos y protección civil; conservación de escuelas infantiles; promoción de deporte, cultura y turismo; y “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión”.

Sólo permite salirse de la lista si el Ayuntamiento certifica que le sobra dinero y el servicio que quiere ofrecer no está ya entre los que presta la Comunidad. Eso sí, un aspecto muy valorado por alcaldes de distintos partidos es la renuncia de Montoro, al concepto de “coste estándar”, que contemplaba retirar competencias municipales. La crítica del Consejo de Estado al primer borrador del Gobierno, que entendió que podía reducir “en exceso” la autonomía municipal que recoge la Constitución, llevó a sustituir ese concepto por el de “coste efectivo”, que los Ayuntamientos deberán comunicar al Ministerio de Hacienda en un plazo de tres meses. “El Estado ha dado un balón de oxígeno a los Ayuntamientos, permitiéndoles mantener más competencias y librándolos de un déficit un tanto artificial en el caso de que se fijara un coste estándar muy bajo”, dice un alcalde socialista.

“Sobre el papel, el coste estándar era la solución perfecta para los administradores estatales. Servía para cuadrarlo todo, pero era un remedio propio de un equipo de técnicos, irreal y alejado del barro. No tenía en cuenta la singularidad de los municipios, la realidad no es la misma para una localidad de 50.000 habitantes en Madrid que en Extremadura o Aragón. Varían renta per cápita, orografía...”, opina un regidor del PP.

Un revés para la capital. Ese listado de competencias es una bofetada al Ayuntamiento de Madrid, pues puede arrebatarle sus servicios más queridos: el Samur, cuya competencia había pactado con la Comunidad ampliar a toda la ciudad, tanto dentro de las viviendas (hasta ahora, responsabilidad del servicio regional de emergencias) como en la vía pública; prácticamente todas las funciones del área de Asuntos Sociales, con 486 millones de presupuesto y servicios como la ayuda a domicilio, los programas de infancia y juventud, políticas de igualdad e integración de extranjeros, y la teleasistencia, que atienda a 133.000 mayores; los 16 centros de Madrid Salud; los 17 centros de mayores; las 56 escuelas infantiles...

Un año de plazo. El Gobierno regional tendrá un año para hacerse con estos servicios sociales, tanto para prestarlos como para delegarlos en los ayuntamientos. En el segundo caso, deberá dotarlos de financiación “adecuada y suficiente”. En caso de no pagar, el Gobierno podría detraer ese dinero de la financiación autonómica para dárselo a los municipios.

Presentada el viernes tras sucesivos retrasos, al resquemor sobre el contenido de la reforma se añade la inquietud de los barones regionales por el reparto del déficit —asimétrico en vez de idéntico, lo que beneficia a las autonomías en peor situación— que pretende aprobar el Gobierno. “Lo cual no hace sino corroborar aún más que no podemos asumir competencias extras sin la pertinente financiación”, zanjan en la Comunidad de Madrid.

Recorte de ediles y sueldos. La ley reduce el número de ediles con dedicación (y salario) completa. En el caso de Madrid, se quedan en 45 de los 57 con los que cuenta ahora; el resto no tiene por qué desaparecer, pero sólo cobrará dietas por ir a plenos.

En cuanto al sueldo de los alcaldes, se fijará tomando como referencia el de un secretario de Estado, que sumados los complementos ronda los 100.000 euros. La ley recoge así la equiparación que ya hizo Gallardón en la capital para fijarse su salario de regidor; Botella gana 102.000 euros.

El alcalde de un municipio de 150.000 a 300.000 habitantes (Móstoles, Fuenlabrada, Leganés,Getafe) recibirá un 20% menos; el de uno de 20.000 a 50.000 (Pinto, Tres Cantos), un 45% menos.

“Este aspecto de la ley va a tocar mucho las narices. Más allá del recorte del salario en sí, va a provocar situaciones absurdas muy difíciles de justificar, como que pase a cobrar 2.400 euros líquidos, menos que algún funcionario o un agente policial de las Bescam”, plantea el regidor de un pueblo de menos de 50.000 residentes. “Es un avance porque establece el sueldo a cobrar, algo que no se controlaba y variaba en función del municipio. Por ejemplo, lo que no era normal es que Javier Bello, el alcalde de Alcalá de Henares, cobrase más de 100.000 euros anuales cuando gobierna una ciudad de poco más de 200.000 habitantes, frente a los 3,3 millones que habitan en la capital”, observan en UPyD.

Limite de asesores a dedo. El límite de concejales con dedicación exclusiva también se va reduciendo según desciende la población, de forma que en una localidad de 50.000 a 100.000 habitantes (Aranjuez, Pozuelo) no podrá, por ejemplo, superar los 15. “Esta decisión responde a la desafección de los ciudadanos con los políticos, pese a que muchos no cobran un euro”, razona una concejal socialista que dedica a la política las horas que le quedan libres de su trabajo, “gratis, por vocación”. De los 179 Ayuntamientos de la región, 48 tienen menos de 1.000 habitantes. Los miembros de esas Corporaciones “no tendrán dedicación exclusiva” y, solo en casos excepcionales, parcial.

La cifra de asesores a dedo no deberá superar por ley el 0,7% de puestos de la plantilla local.

Fusiones de municipios. La ley incentiva la fusión de municipios como una solución a sus problemas financieros, hasta el punto de que obliga a plantear este escenario dentro del plan de ajuste que debería enviar un Ayuntamiento en apuros al Ministerio de Hacienda, junto con otras propuestas como el incremento de ingresos y el recorte de gastos.

“Pongamos por caso que una localidad está endeudasísima y se quiere fusionar con la mía, que tiene superávit. Oiga, es que a mí así, de buenas a primeras, no me interesa para nada. ¡Es que eso sería un disparate!”, opina un alcalde socialista.

“Una fusión de servicios se lógica y factible”, opina otro alcalde, que pone el ejemplo de tres municipios colindantes que, “en vez de contar cada uno con siete camiones de basura, tengan en común 14 con el consiguiente ahorro”. Otra cosa es la fusión territorial, que atañe a un sentimiento tan arraigado en algunas poblaciones que “solo podría funcionar si se respeta y mantiene la historia” de las localidades.

La Asamblea regional aprobó precisamente en mayo de 2012 un dictamen sobre la duplicidad de competencias que fijaba en 20.000 el número mínimo de habitantes para que un municipio “preste unos servicios públicos eficientes”. De las localidades madrileñas, 156 no alcanzan esa cifra, por no hablar de 105 municipios que no sobrepasan los 5.000. Su aplicación supondría la fusión de un centenar de Consistorios.

“La fusión sería voluntaria, nosotros no podemos forzarla. Sería responsabilidad del Gobierno. Otra opción serían los consorcios o mancomunidades”, explican en el PP, partidarios de reducir el número de localidades, contra la opinión de PSM e IU. Por su parte, UPyD se opone a las mancomunidades, y considera que las fusiones de municipios deberían ser “obligatorias”