Los municipios agotan de nuevo el fondo de ayudas de emergencia social

Era un problema previsto y no ha tardado en llegar. A los ayuntamientos vascos no les salen las cuentas con las Ayudas de Emergencia Social (AES), que gestionan con el dinero que reciben del Gobierno. Algunos, como el de San Sebastián, ya han agotado el fondo que les correspondía para todo el año y otros temen no llegar a otoño. En uno de los años más duros de la crisis, tanto para la ciudadanía como para los consistorios, que cuentan con un escaso margen de maniobra económico, la ayuda que palia problemas puntuales como el reemplazo de un frigorífico estropeado o el pago de la consulta del dentista corre el riesgo de quedarse corta una vez más.

En esta situación, la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ha remitido una misiva al consejero de Políticas Sociales, Juan María Aburto, para reclamar “fondos suficientes” para atender a la demanda porque, de lo contrario, los ayuntamientos sufrirían un “quebranto económico”. El alcalde de Irún, el socialista José Antonio Santano, recuerda que los municipios suavizan este problema con fondos propios, pero destaca que ahora no tienen el margen de maniobra de épocas pasadas para afrontar el pago de unas ayudas que “salvan de momentos críticos a familias normales de Euskadi, no aquellas en exclusión [que reciben la RGI], sino las de salario medio o bajo que pasan dificultades”.

San Sebastián está empleando ya fondos propios para pagar las AES

Las quejas de los ayuntamientos vuelven a estar así a la orden del día porque el actual Gobierno ha tenido que corregir las medidas adoptadas por el Ejecutivo anterior para paliar la insuficiencia del dinero consignado, lo que en la práctica ha supuesto que personas a las que se había excluído en 2011 y 2012 de pedir las ayudas puedan solicitarlas, pero con el mismo presupuesto. En algunos casos, como en San Sebastián, la demanda ha aumentado un 21% en lo que va de año, mientras que en Barakaldo se han registrado en el primer semestre solo 100 solicitudes menos que en todo 2012.

La anterior consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, decidió endurecer los criterios de acceso a las AES a finales de 2010 como la vía para controlar estas ayudas. Antes, en verano de ese año, cuando las protestas municipales tocaron techo, decidió elevar el presupuesto de 17,3 a 24 millones para paliar la escasez. Pero su decisión para los años posteriores fue la de estrechar la puerta de entrada en lugar de aportar más fondos. Lo hizo a través de la orden anual que regula estas ayudas, algo que el Ararteko ha censurado por incumplir la normativa, porque la orden restringe el acceso a las AES más de lo establecido en el decreto y la ley de la que manan las ayudas. La medida hizo que se redujeran las quejas por motivos económicos —pese al recorte, 33 ayuntamientos superaron en 2012 la cuantía del Gobierno en 300.000 euros y hay dudas respecto a otros nueve que podrían elevar la cantidad en 100.000 euros más—, pero Eudel alertó de que el 35% de quienes habían podido pedir la ayuda hasta entonces no podrían hacerlo por las restricciones.

El Ejecutivo ha corregido los pasos del PSE pero sin elevar la partida

El equipo de Aburto corrigió este aspecto en abril de este año —“no nos quedó otro remedio”, aseguran—, lo que ha supuesto que se abra de nuevo el campo de solicitantes. Pero lo hizo manteniendo el mismo presupuesto de los últimos años (17,3 millones), que a tenor de las cifras aportadas por varios ayuntamientos son suficientes.

La ley de 2008 que regula las ayudas establece que el Ejecutivo debe aportar financiación “suficiente” para pagar las AES, lo que deja la puerta abierta a que no se cubran todas. Esa redacción es el núcleo del problema, pero el Legislativo modificó la ley en 2011 y no tocó las AES. El concejal de Bienestar Social de San Sebastián, Jon Albizu, censura la “dejación de responsabilidad” del Gobierno con estas ayudas y considera “inaceptable” que no afronte su coste total.