Euskadi emplaza al Gobierno central a que recurra el fallo sobre el ‘tax lease’

El Gobierno vasco ha solicitado este jueves formalmente al Ministerio de Industria que pida la suspensión cautelar y presente un recurso ante el Tribunal de Justicia europeo por la resolución de la Comisión Europea sobre la devolución de las ayudas al sector naval, conocidas como tax lease. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado en una conversación telefónica su preocupación al titular de Industria, José Manuel Soria, y ha pedido reunirse con él, según confirmaron desde Lehendakaritza.

La petición de Euskadi se suma a la de Galicia, que también solicitó a Soria, a través del presidente de la comunidad, Alberto Nuñez Feijóo, que España, que tiene un plazo de dos meses, presente un recurso judicial. El Gobierno central no descarta recurrir la medida, un asunto que tratará hoy en su Consejo de Ministros.

El Gobierno vasco pide "flexibilidad" al identificar las ayudas ilegales

Tras la decisión de Europa, que obliga a los inversores de la naval que se beneficiaron de bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011 a devolver el dinero que no pagaron a Hacienda durante esos años, queda una cuestión clave por resolver: la cuantía que habrá que reembolsar. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, reconoció que desconocía la cantidad —se han barajado cifras que oscilan entre los 3.000 y los 2.000 millones de euros— y trasladó el miércoles al Ministerio de Hacienda la obligación de cuantificar la cifra que tendrán que devolver los inversores.

De ahí la segunda petición que Urkullu ha trasladado al ministro Soria, que las cuantías sean lo más “flexibles” posibles, al igual que hicieron desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. La consejera Arantza Tapia ha precisado este jueves que negociará con el Gobierno central para alcanzar este objetivo, además de defender que el sector naval de Euskadi “tiene futuro”.

UGT dice que "la lucha no termina" y pide líneas de crédito del ICO

Trabajadores y empresarios también se han unido este jueves a los movimientos para que la devolución dañe lo mínimo posible al sector. Desde los sindicatos reclaman que el Ejecutivo facilite líneas de crédito a interés bajo a través del Instituto de Crédito Oficial, siempre que cumplan con la ley europea.

Manuel Velado, responsable del sector naval de UGT en Euskadi, ha pedido que el Ejecutivo central “trabaje de manera intensiva” por los intereses de los astilleros españoles. “La lucha no termina con la resolución de Bruselas”, afirmó Txema Belón, también de UGT. A las ocho de la tarde los sindicatos han celebrado en Sestao una concentración con el respaldo de todos los ayuntamientos de la Margen Izquierda. Previamente, los trabajadores han pedido que se mantenga la unidad entre asalariados, empresarios y administración para reclamar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aclare cuanto antes la cuantía de las devoluciones y qué inversores deberán pagarlas. “El objetivo es que el sector recupere la normalidad”, según Belón. 

La patronal se muestra preocupada con las devoluciones y cautelosa a la hora de exigir medidas jurídicas al Gobierno. Pymar, que agrupa a los empresarios de la naval de todo el país, ha pedido al Ejecutivo central que las sumas sean lo más pequeñas posibles.

La patronal quiere que se aclare a cuánto ascenderán las devoluciones

El presidente de Pymar, Álvaro Platero, cifra en 200 los barcos afectados por la medida y ha asgurado que en los últimos dos años la industria ha perdido la contratación de 50 barcos, valorados en 2.000 millones, a causa de la crisis. Platero advierte además que aunque legalmente los armadores quedan exentos de la resolución de la Comisión, los inversores reclamarán el dinero a astilleros y empresarios. Los inversores tienen un plazo de dos meses para pagar las devoluciones, según han explicado desde la patronal.