Entre jueces anda el juego

Cuatro años, dos meses y dos semanas después de que una denuncia llegara a su mesa, la juez Mercedes Alaya ha descubierto que quien “dictó las normas” que han propiciado el fraude de los ERE es la exministra Magdalena Álvarez.

En efecto, el 14 de abril de 2009 le tocaba a la juez en el sorteo reglamentario la denuncia presentada por Juan Ignacio Zoido, su antiguo compañero de magistratura, a la sazón portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.

Denuncia, todo sea dicho, presentada dos meses después de que el Gobierno andaluz denunciara los mismos hechos ante la fiscalía, a la que entregó una grabación en la que dos directivos de Mercasevilla pedían una comisión a un empresario sevillano.

De aquel hilo, el caso Mercasevilla, la juez Alaya ha ido tirando y tirando hasta desembocar en la madeja de los ERE fraudulentos. Con 93 imputados, el mayor caso de corrupción registrado en Andalucía.

Un trabajo digno de elogio, en lo que guarda relación con la búsqueda del dinero defraudado, unos 140 millones, y los pillos que se lo llevaron. Pero más discutible en su vertiente política, en el intento de implicar en la trama a altos responsables de la Junta en los últimos 14 años.

En esa línea va el auto firmado por Alaya el 28 de junio, conocido cinco días después. El mismo día en el que el PSOE andaluz aprobaba las elecciones primarias para elegir el nuevo candidato a la presidencia de la Junta.

Como afirma Alaya, ha dado “un paso cualitativo” en la instrucción y ha imputado de golpe a 20 altos cargos y excargos de la Junta. Entre ellos, a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Entre mis muchas incompetencias está la jurídica. Por ello, asumo el criterio de un destacado jurista, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien afirmó ayer tajante en la Cadena SER que “el auto es nulo”. Así de rotundo: nulo.

Entre otras razones, porque la juez no especifica de qué delitos acusa a los imputados y porque invade competencias que no le corresponden, pues los fondos destinados a los ERE fueron aprobados en el Parlamento andaluz. Por ello, Martín Pallín concluye que, de seguir el argumento de Alaya, ésta tendría que ir contra todos los diputados que votaron a favor.

Por último, a Martín Pallín le parece “sospechosa” la actuación de la juez, que imputa a todos los que tuvieron relación con el tema, pero orilla a quienes están aforados: el presidente Griñán y la consejera Carmen Martínez Aguayo, y los exconsejeros y hoy diputados en el Congreso Viera y Vallejo. De hacerlo, tendría que dejar el caso.

En el aspecto político, sorprende que importantes decisiones de Alaya hayan coincidido con momentos clave en las últimas campañas electorales: en las municipales de 2011, imputó al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla Rodrigo Torrijos; tres días antes de la votación de las generales de 2011, habló de Griñán en un auto; el primer día de campaña de las autonómicas de 2012, envió a prisión al principal encausado, el exdirector general de Empleo; el mismo día en que el Comité Director del PSOE aprobaba las primarias, imputaba a Magdalena Álvarez; el próximo día 25 ha citado a declarar al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, cuatro días antes de la votación de las primarias.

¿Simple casualidad, coincidencias fortuitas? Es posible. Pero es sorprendente que la tesis mantenida por el PP de que la trama se urdió en las alturas del Gobierno, con Chaves y Griñán al frente, sea la vía elegida por la juez. Y que los momentos más álgidos del caso coincidieran con procesos electorales en los que el PP se jugaba mucho. Juego de jueces.

@JRomanOrozco