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La eficiencia como bien público

Cataluña prefirió sumar competencias a construir una administración pública eficiente

En instantes álgidos de crisis económica, cuando el barómetro del ánimo colectivo baja, es cuando se notan las disfunciones de una administración que se empeñó en replicar simbólicamente formas políticas medievales o imitar inconscientemente rasgos del modelo francés. O, simplemente, reproducir a precio costoso la denostada administración del Estado. Del mismo modo, dicho sea de paso, en plena crisis es cuando uno se da más cuenta de que demasiadas bicicletas de Barcelona no se paran cuando el semáforo está en rojo.

Ahora se constata que hubiese sido más útil adaptar para Cataluña modelos tan sucintos y transparentes como el suizo o el escandinavo. Se prefirió reclamar el máximo de competencias posibles, en imitación del Estado, emulando excesos de protocolo para no ser menos, cuando en realidad, siendo conveniente cierto empaque institucional, lo que legitima verdaderamente es la gestión eficaz, transparente y comedida en el gasto público. Seguramente, a la ciudadanía de Cataluña le hubiese convenido más asemejarse a la gestión de lo público de Dinamarca. Muy al contrario, se imitó, si no se duplicó, la tan malquerida formación de la administración pública del Estado.

La gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena

Es por ausencia de un modelo racionalizado de administración pública puesta al día que la gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena, como fue en el caso de los dos gobiernos tripartitos, con mención especial que se merece ERC.

Con el dinero del contribuyente, la reproducción de formas de Estado ex nihilo tiene sus riesgos. Y cuanto más Estado se reproduce, menos se confía en los órdenes espontáneos, que son los propios de una sociedad civil que en buena medida se autorregula. Nunca hubo en Cataluña tantas regulaciones, tanta reglamentación, tantas páginas de legislación normativa, hasta llegar al carné de boletaire y a algunas disrupciones de la naturaleza del mercado único que tan beneficioso ha sido y es para la economía catalana.

En algún ente preautonómico de cuyo nombre preferimos no acordarnos, la propuesta de aplicar métodos de racionalización administrativa de modo previo a la futura transferencia de competencias estatutarias mereció muchas carcajadas, porque en los nichos anacrónicos de la memoria institucional lo de menos era racionalizar, sino contratar a un sinfín de familiares. Ha ocurrido y algunos de los que se carcajearon tanto hoy entran y salen de los tribunales. En el menos ambiguo de los casos, se produjo una reproducción de sistemas administrativos que ya eran obsoletos, una mímesis absurda y muy cara.

Cataluña hubiese podido ser un modelo de administración autonómica, la introductora del modelo escandinavo o suizo en la vida pública de toda España

El intríngulis de la administración autonómica, como no lo atribuyamos a una enrevesada voluntad política, ha incidido también en el endeudamiento, bastante al margen de la atribución victimista de todos los males al gobierno central. El empeño regenerador que contribuyó al auge del catalanismo cultural y político ahora es otra cosa. De hecho, de habérselo propuesto alguna vez, Cataluña hubiese podido ser un modelo de administración autonómica, la introductora del modelo escandinavo o suizo en la vida pública de toda España. Algo así intentó la Mancomunitat de Prat de la Riba, pero ahora mismo todo eso suena a tiempo perdido. La actual parálisis resulta inescrutable aunque a veces permite atisbar el desbarajuste interno que se vive en una Convergència asida de ERC y todavía surfeando por las aguas de un soberanismo incierto y gaseoso.

En Cataluña, cuando se reclaman estructuras propias de un Estado, quizás se posterga la opción de reformas administrativas que han sido objeto de demora desde las primeras transferencias, fruto de la redistribución territorial del Estado, hasta prácticamente ahora. Un método aconsejable para la administración de lo público es la eficacia y la transparencia. Un método muy distinto se ciñe todavía a la identidad ultrajada. Las instituciones requieren algo más, sobre todo credibilidad, gobierne quien gobierne. En el fondo, tal vez sea más fácil añorar la irrealidad de un Estado propio que administrar la vulgar y cruda realidad de todos los días.

Valentí Puig es escritor.