La ‘guerra del pan’ de Valencia obliga a intervenir al Consell

La guerra del pan ya es un fuego cruzado de denuncias administrativas y amenazas judiciales, donde ha irrumpido un actor inesperado: el Consell. El promotor de la contienda, el panadero valenciano José Navarro, convulsiona desde septiembre el mercado distribuyendo 50.000 barras diarias a 20 céntimos. Ahora se siente “acosado” por sus adversarios: los horneros tradicionales. Denuncia que las tres tiendas donde reparte su pan barato —Torrent, Quart de Poblet y Gandia— reciben un promedio de una inspección semanal de los departamentos de Comercio, Trabajo y Sanidad de la Generalitat. La media en un establecimiento de las mismas características es de un registro de oficio cada dos meses, según fuentes del sector. Navarro no tiene pruebas (las denuncias son anónimas) pero apunta a su competencia, que en poblaciones como Torrent o Quart se ha desfondado hasta perder una cuarta parte de sus ventas desde su aterrizaje.

“Los panaderos van a por nosotros”, explica un portavoz de Navarro, que acumula una decena de procedimientos, principalmente del área de Sanidad. Todos, dice, se han resuelto favorablemente. Las inspecciones se traducen en visitas a instancia de un denunciante, donde se comprueba desde la calidad de las harinas utilizadas para amasar el pan, la legalidad de los trabajadores en la plantilla o la fecha de caducidad de los alimentos con los que Navarro abastece a diario a sus 6.000 clientes. “Nos tienen fritos”, remarcan.

La Consejería de Sanidad no da cifras, aludiendo a la protección de datos, pero admite que este mismo miércoles visitó a uno de los comercios. El procedimiento permanece abierto. “En una de las inspecciones en el centro de Navarro de Riba-roja se repitió la visita por discrepancias”, apuntan desde Sanidad.

Los horneros niegan que hayan denunciado a José Navarro

Los horneros niegan la ofensiva administrativa. Vicente Martínez, presidente del mayoritario Gremio de Valencia, desmiente que sus más de 200 socios hayan denunciado a su adversario. Admite que la semana pasada su organización transmitió “el problema” de las barras de bajo coste a la Consejería de Economía con el argumento de que si Navarro continuaba sus ventas “hundiría” a un sector compuesto en la capital por 300 microempresas. Martínez calcula que el fenómeno provocará el cierre de 50 empresas en los próximos tres meses.

Tampoco se da por aludido Antonio Cuñat, del Gremio de Panaderos de Torrent. Enmarca las inspecciones de la Dirección General de Sanidad en un trabajo administrativo “rutinario”. Pero celebra el celo burocrático que soporta su competencia. “Me alegro que le hagan muchas visitas”, afirma. Como una veintena de compañeros de esta población valenciana de 80.000 habitantes, el panadero comercializa en una contraofensiva barras a 20 céntimos gracias a la “ayuda” de las harineras, que les regalan sacos de producto para atenuar la guerra de precios. Se queja de que tiendas de ultramarinos de la localidad revendan el pan de Navarro con un recargo de hasta 20 céntimos.

Navarro ultima el contraataque: denunciará en los tribunales a los panaderos que le acusan de vender por debajo de coste —una práctica ilegal pero muy difícil de demostrar si no se desciende a los libros de contabilidad de la empresa— y de amasar sus bollos con harinas de mala calidad. Sostiene que si esto último fuera cierto, su empresa habría cerrado por la presión administrativa.

El precursor de las barras baratas dice ser una víctima de sus proveedores. Asegura que más de cuatro empresas le han cortado el suministro en dos meses por las “presiones empresariales”. Acusa al Gremio de Panaderos de Valencia de intentar su desabastecimiento. “El representante de una de estas empresas me llamó para decirme que no me atendía porque sufría amenazas”, dice un portavoz de Navarro. Villafranquina y Harinera del Mar, sus primeros proveedores, declinaron atender a este periódico.

“Los panaderos van a por nosotros”, explica un portavoz de la empresa

El promotor del pan low cost se prepara para crecer. Tiene previsto abrir dos tiendas al mes el próximo año en la provincia de Valencia y contratar a cerca de 300 personas. En su entorno perfilan una estrategia que incluye la búsqueda de proveedores de harina en Italia y Francia para “esquivar las presiones” que —según dice— sufre en España y la construcción de un nuevo obrador que reforzará su planta de Riba-roja. Hoy abrirá un punto de venta de pan a bajo coste en la población valenciana de Vilamarxant y en los próximos días lo hará en Albal, donde los horneros se muestran muy preocupados y han comenzado a movilizarse, según fuentes del sector. Junto a la apertura de nuevas tiendas, prevé adquirir panaderías tradicionales al borde de la quiebra para producir sus barras de bajo coste. Ya ha comprado tres.

Fuentes patronales temen que su “delicada” situación empeore con la irrupción en la guerra comercial de las cadenas de supermercados. Supondría, dicen, una segunda vuelta de tuerca a la “reconversión” que atravesó su actividad cuando las grandes superficies lanzaron bollos como producto reclamo a mitad de precio hace más de una década.

El convulsionado sector intenta desmontar la viabilidad económica del pan a 20 céntimos. “Los números no salen, es imposible, según nuestras estimaciones basadas en más de 300 empresas, algunas con más de cien años de experiencia”, apuntan desde el Gremio de Panaderos de Valencia. Basan su estimación en que, si el kilo de harina cuesta 45 céntimos y permite producir cinco barras, no es factible comercializar un bollo low cost como los de Navarro tras repercutir gastos energéticos y laborales. El portavoz del Gremio de Valencia añade que el precio de la harina se ha duplicado en siete años.

La Federación Gremial y Empresarial de Panadería (Fegreppa), que según fuentes del sector prepara un informe sobre la viabilidad comercial de la barra low cost, ha declinado atender al periódico.