78 casos de exclusión sanitaria en un mes

Pacientes trasplantados o con VIH sin acceso a medicación e incluso menores a los que se ha vetado la asistencia sanitaria. Estos son algunos de los 78 casos de vulneración del derecho a la salud que ha detectado el Observatorio del Derecho Universal a la Salud en la Comunidad Valenciana (Odusalud) y que ayer hizo públicos.

El mismo día que Cáritas presentó los datos sobre la evolución de la pobreza, el Odusalud anunció el primer informe en el que evalúa la aplicación del Real Decreto 16/2012, la norma que impide el acceso a la red sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular. En este primer documento, que recoge episodios registrados durante el mes de noviembre, la plataforma integrada por diferentes entidades de la sociedad civil —entre las que se encuentran Médicos del Mundo y la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc)— destaca que la norma “está teniendo efectos graves sobre muchas personas”.

Entre los incidentes más delicados destacan cinco problemas en la atención a menores “totalmente injustificados”, según el Observatorio, ya que la norma garantiza la asistencia a niños, embarazadas y personas que necesiten la atención de los servicios de urgencia. También se recoge la falta de asistencia a dos personas trasplantadas. “La falta de acceso a medicamentos es una situación muy grave que puede poner en riesgo el órgano trasplantado y la vida del paciente”, apunta Carlos Fluixá, presidente de la Svmfyc.

La punta del iceberg

Las cinco entidades que forman parte del observatorio han tenido acceso a 78 denuncias de desatención sanitaria, lo que no quiere decir que no haya habido más. Se trata de un número de incidencias que puede ser simplemente “la punta del iceberg” de este fenómeno, según los impulsores de esta iniciativa, ya que la medida introducida por el Ministerio de Sanidad probablemente está dejando sin derecho a la salud a muchos más ciudadanos.

La mayor parte de los problemas se han producido en los centros de salud. La dispersión geográfica de estos episodios “permite descartar que resulten fruto de una situación aislada de incorrecta interpretación de la norma a aplicar”, según los autores del trabajo. Lo habitual es que se solapen las incidencias. Por ejemplo, cobrar por los medicamentos o facturar la asistencia, lo que agudiza la expulsión del sistema de estas personas.