Bengoa cree que Rajoy no le forzará a los recortes

El Gobierno está convencido de que el Ejecutivo central no le forzará a aplicar en Euskadi los recortes sanitarios —aumento del copago farmacéutico y restricciones a inmigrantes— porque tendría que hacer lo mismo con otras comunidades autónomas. Entre estas estarían Cataluña, Navarra e incluso Galicia, gobernada por el propio PP. Así lo vaticinó ayer el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que compareció junto a la portavoz al término del consejo de Gobierno. Bengoa citó en favor de su tesis el reconocimiento realizado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que las comunidades autónomas “tienen libertad” para seguir atendiendo a los inmigrantes. Bengoa afirmó, además, que las medidas del Ejecutivo de Rajoy no garantizan la sostenibilidad del sistema sanitario, que sí puede asegurarse, en cambio, con reformas de otro tipo, como las adoptadas en el caso vasco, sostuvo.

El Ejecutivo conoció ayer las alegaciones que presentará el día 29 ante el Tribunal Constitucional, en defensa del decreto vasco contra el que presentó recurso de inconstitucionalidad el Gobierno Rajoy y que está suspendido desde la admisión a trámite de este.

La defensa jurídica de la negativa a aplicar los recortes se basará en la existencia de un título competencial específico, el contemplado en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, que habilita al Gobierno para realizar el desarrollo legislativo y de ejecución de la normativa básica del Estado en materia de sanidad interior.

El Ejecutivo argumenta que su decreto respeta los preceptos constitucionales y la doctrina del TC, que ha asentado la competencia del Estado como “punto de partida y límite” desde el que pueden operar las comunidades autónomas.

El decreto vasco no arriesga el sostén financiero del sistema sanitario

También defiende que no hay ninguna vulneración a la igualdad en el ejercicio de derechos. El Gobierno niega que su decreto vulnere las competencias exclusivas del Estado, porque “nada impide que con respecto a las condiciones básicas puedan mejorar, sin discriminación de nadie, las prestaciones” tanto a nacionales como a extranjeros.

Las alegaciones al TC inciden también en que las medidas del decreto vasco “en ningún caso ponen en cuestión la sostenibilidad financiera” del sistema sanitario porque se adoptan teniendo en cuenta la solvencia histórica del modelo.

Respecto de los inmigrantes, Bengoa dijo que el uso que hacen del sistema sanitario es “significativamente menor” que el de la población autóctona. En medicinas, por ejemplo, un autóctono gasta cinco veces más. Entre las razones, prima la edad. El 60% de los foráneos tiene entre 18 y 40 años, lo que supone mejor salud y menos necesidad de atención médica. “El 40% del gasto hospitalario es de 65 a 80 años, y esos no son los inmigrantes”, explicó.

Quedarán sin cobertura los sin papeles que lleven menos de 90 días en España, y no puedan acreditar falta de recursos, que serán tratados como turistas y deberán pagar la asistencia. Los que lleven más de un año tendrá tarjeta con todas las coberturas, y entre 90 días y un año dispondrán de un documento provisional que deberán renovar trimestralmente.