La planta de purines de Carranza recibió ayudas sin control suficiente

“El control de las Administraciones sobre la ejecución del proyecto y los gastos incurridos y justificados para el cobro de las subvenciones y anticipos no ha sido suficiente”. Esta la principal conclusión del informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre todas las ayudas y subvenciones concedidas a la sociedad Karrantzako Minda para la gestión de la construcción de la planta de tratamiento de purines en Carranza.

Tras años de retrasos en las obras —apenas se han ejecutado en un 30%, pese a haberse constituido la sociedad promotora en 2005— y “ciertas irregularidades” en la justificación de los pagos, Agricultura cerró en 2010 el grifo de las subvenciones. A su entender, existían “incertidumbres técnicas” sobre la viabilidad de un proyecto que ya había recibido algo más de 10 millones de euros de las Administraciones y que había incrementado su presupuesto de 12 a 25 millones, según apuntó la consejera Pilar Unzalu. La construcción se paralizó en septiembre de 2010 por falta de financiación.

El Parlamento aprobó por unanimidad ocho meses después solicitar al Tribunal una auditoría de los fondos facilitados a Karrantzako Minda por los Gobiernos central y vasco y la Diputación de Bizkaia. La proposición no de ley fue presentada por todos los grupos, salvo el PNV. Aunque los nacionalistas votaron finalmente a favor, criticaron al resto de formaciones por estar “obsesionadas” con el tripartito de Ibarretxe. Las Juntas Generales vizcaínas también acordaron dirigirse al Tribunal.

Casi un año y medio después, las conclusiones son demoledoras. El organismo auditor considera que el control sobre la ejecución del proyecto y de las subvenciones por parte de las Administraciones “no ha sido suficiente”. Igualmente, recalca que en las ayudas correspondientes a los programas Ikerketa de 2006 y 2008 se vulneraron los principios de concurrencia y objetividad al aceptarse como solicitud “una documentación incompleta y con anterioridad a la apertura del plazo señalado en la convocatoria”.

El proyecto ha recibido más de 10 millones de fondos públicos

En virtud del programa Ikerketa, el Gobierno vasco concedía ayudas a iniciativas del sector primario por medio de la concesión de anticipos reintegrables en función de los resultados. Karrantzako Minda recibió en 2006, a través de Ikerketa, 1,5 millones, de los que ha devuelto 750.000 euros. De los más de diez millones de fondos recibidos entre 2006 y 2009 esta cantidad ha sido, hasta el momento, la única restituida.

El órgano auditor también concluye en su informe que con la concesión en 2008 de dos millones de euros en el marco del mismo programa “se superaron los límites” del dinero que podía concederse. En otras dos subvenciones otorgadas por la Diputación y el Gobierno vasco, en ambos casos de forma directa y por dos millones, “se incumplieron las normas de concesión”.

A la hora de justificar los gastos e inversiones, Karrantzako Minda y las Administraciones tampoco cumplieron escrupulosamente la legalidad, resalta el tribunal. “Se aceptan como justificantes gastos que no responden a inversiones realizadas, facturas que corresponden a anticipos y no a la ejecución de obras o gastos; certificaciones de obra emitidas con anterioridad al inicio de la misma y gastos no incluidos en el presupuesto”, recoge el informe.

En sus alegaciones, la Diputación replica que “no es cierto” que la concesión de la ayuda directa no esté justificada. “Otra cosa es que el tribunal lo comparta o no. Este proyecto innovador no se puede encuadrar en una convocatoria de subvención”, considera. De su lado, el exconsejero de Agricultura, Gonzalo Sáenz de Samaniego, del PNV, alega que el control de las Administraciones “existe”. “Así lo demuestran las solicitudes de devolución de las ayudas”, apostilla. Atribuye la variación en los presupuestos a “la complejidad” del proyecto y a su “permante adaptación infraestructural”.