Agricultura renuncia a vender las fincas públicas y las sacará en alquiler

El Gobierno andaluz ha renunciado a la venta de las fincas públicas del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y, a cambio, abrirá un concurso público para la explotación de esos terrenos agrícolas, que seguirán siendo de titularidad autonómica. Según ha podido saber este periódico, la Junta quiere priorizar en ese concurso la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos interesados, la adopción de fórmulas cooperativas en su gestión, la producción ecológica y a quienes presenten un plan de mejora viable en las fincas.

La nueva reflexión abierta en la Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente supone un cambio de rumbo político y una renuncia al anterior modelo para deshacerse del patrimonio del antiguo IARA para hacer caja. El nuevo criterio tiene que ver con las dificultades encontradas para vender la docena de fincas públicas en manos de la propia Administración andaluza, y el hecho de que las reiteradas subastas a la baja estaban mermando la rentabilidad de las explotaciones.

Pero ha sido también una decisión política del gobierno de coalición de PSOE e IU. Según las fuentes consultadas, el consejero Luis Planas era consciente del calado de la medida que ha debatido con el vicepresidente, Diego Valderas, cuyo grupo político habría propugnado parte de las nuevas consideraciones, puesto que ya se plasmaban en el programa electoral de IU. No obstante, en medios del Gobierno andaluz se habla de una “reflexión paralela” y compartida entre los dos socios de gobierno.

Con todo, desde la Junta se recalca que el nuevo escenario no supone una vuelta a la agricultura del pasado siglo y, ni mucho menos, a la reforma agraria de 1984 que quedó derogada en la práctica con el decreto ley del año pasado en el que se abría la puerta a la venta del patrimonio agrario. “Lo que se quiere es impulsar un modelo andaluz de agricultura moderna y competitiva”, se indica desde el departamento que dirige Luis Planas.

Así las cosas, la Junta quiere, en primer lugar, garantizar la igualdad de oportunidades para que cualquier ciudadano pueda optar a la explotación de las fincas. Esto supone una desautorización en toda regla del procedimiento empleado por una treintena de jornaleros al ocupar la finca de Somontes, en Palma del Río (Córdoba).

Estos podrán concurrir al concurso público en las mismas condiciones que el resto de interesados. En principio, Agricultura no tiene previsto introducir el componente local como baremo puntuable.

El concurso priorizará también las ofertas que lleguen de la mano de cooperativas u otras fórmulas asociativas de trabajo agrario; las que presenten un plan de mejora que haga viable la gestión de las fincas; y las que presenten un programa de producción ecológica. Los adjudicatarios podrán optar a las ayudas del Reglamento de Desarrollo Rural. De alguna manera, el modelo será similar al seguido en la finca de Majarambú, en Castellar de la Frontera (Cádiz), donde el Ayuntamiento, gobernado por IU, logró frenar la subasta de la Junta y el compromiso de gestión municipal.

Se trata, en todo caso, de un cambio normativo que aún deberá desarrollarse de manera más pormenorizada para dar respuesta a un paquete de fincas públicas heterogéneas en cuanto a su superficie y valor agrario. Este nuevo criterio no vincula al otro proceso abierto para que los colonos que llevan décadas explotando fincas públicas asuman la propiedad de las tierras.