Andalucía subasta la reforma agraria

La reforma agraria fue una bandera de movimientos sociales y políticos en los primeros años de democracia que apenas cuajó y, solo de forma parcial, en Andalucía y Extremadura. La Junta andaluza inició en 1985 las expropiaciones de fincas para su uso público, una política que abandonó de forma gradual pocos años después. La crisis económica precipita ahora el camino de vuelta a la propiedad privada. El Ejecutivo andaluz ha puesto a la venta 20.000 hectáreas con el objetivo de ganar 75 millones de euros, un alivio en tiempos críticos para las arcas públicas. Pero los compradores escasean y la previsión de ingresos amenaza con irse a pique.

La Consejería de Agricultura andaluza sacó a la venta en el mes de junio el primer lote con una decena de fincas del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), donde se incluían un buen número de ellas que no habían sido arrendadas a terceras personas. Cuatro meses después, tan solo se ha completado el proceso de enajenación de dos de ellas, La Melga, en Chiclana de Segura (Jaén), y otra en la zona regable del Chanza (Huelva). Por ambas se ha ingresado poco más de un millón de euros, un precio menor del esperado después de que algunos lotes quedaran desiertos en primera instancia y tuvieran que subastarse de nuevo a un precio rebajado.

Se da preferencia a los colonos para que compren las tierras que cultivan

Otras seis fincas están en estos momentos en proceso de subasta pública: Se trata de 343 hectáreas de explotaciones agrarias por las que se quiere ingresar siete millones de euros en Granada, Jaén y Almería. Y el proceso no se ha iniciado aún en las dos fincas de mayor extensión, La Parra, en La Puebla de Don Fadrique (Granada), y Somontes, en Palma del Río (Córdoba). Entre ambas suman más de 1.000 hectáreas. Además de los terrenos agrícolas, aprovechables para cultivos como el trigo o el olivar, la venta también incluye las naves y cortijos y los derechos sobre las ayudas europeas que tienen asignados esas explotaciones.

Además de la venta de las 13 fincas que estaban en poder del IARA, Agricultura mantiene de modo paralelo otro proceso para ofrecer a los colonos la posibilidad de adquirir en propiedad las tierras que han venido trabajando como arrendatarios. Este proceso, del que la Consejería no ha querido informar, es donde más se espera ingresar. La mayoría de los 547 concesionarios de fincas rústicas del extinto IARA han mostrado su disposición a asumir su propiedad después de más de dos décadas en calidad de colonos.

En este proceso de venta preferencial a los colonos, la Junta está actuando como si fuera un banco. Al valor de enajenación de estas tierras se le está aplicando una reducción de hasta un 65% en función de criterios de antigüedad, generación de empleo y el esfuerzo inversor efectuado por los colonos. La normativa prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante un plazo de 25 años, una medida introducida para evitar la especulación.