Contra los dogmas del gasto en sanidad

Enfrentada a los recortes y al apetito del capital privado, la sanidad pública se enfrenta según el portavoz de la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, Manuel Martín, a “una tormenta perfecta” que amenaza con echar por tierra el sistema público construido trabajosamente a partir de los ochenta. La afirmación resume la tesis que subyace en el ensayo A saúde como negocio (Laiovento, 2012), obra colectiva de varios médicos comprometidos con el sistema público que explicita con datos una dura crítica a la política de la Xunta en la materia y a los intereses del PP en los negocios sanitarios.

“Se recortan 300 millones de euros y el plan de mejora a la atención primaria, se privatiza la gestión informática, las centrales de compras…”, bombardea Martín al enumerar las tachas que le achaca al Gobierno de Feijóo. Uno de los pilares de la crítica es el intento de desmontar la idea preconizada por el PP según la cual la construcción de hospitales por el sistema de la colaboración público-privada es menos gravosa para las arcas públicas que la contratación directa. La “falacia” de la transferencia de riesgos al sector privado como garantía de una mayor eficiencia y transparencia se combate con ejemplos como el del Reino Unido, con sobrecostes de un millón de libras (1,24 millones de euros) respecto al sistema tradicional, según uno de los estudios que se citan.

Los autores no ocultan su rechazo hacia los actuales gestores, a quienes comparan muy desfavorablemente con el bipartito, en el que algunos de ellos estuvieron implicados. El coordinador de la obra, Pablo Vaamonde, fue director general de Asistencia Sanitaria en el Sergas en el primer año del Gobierno de coalición, y el capítulo dedicado a la atención primaria es obra de Jesús Rey, subdirector de Calidade en el Sergas durante cuatro años. La actual conselleira, Rocío Mosquera, es de las más señaladas por sus relaciones con el grupo propietario de Povisa, uno de cuyos sanatorios dirigió antes de reincorporarse a la Xunta en 2009. “Se prevén 70 millones para el concierto con Povisa y Silveira, que es su exjefe, la está presionado para que lo amplíe en un 13%”, acusa María Luisa Lores, otra de las autoras, que en el libro enumera los capítulos del presupuesto en los que se podría rebajar el gasto sin recortar prestaciones. Entre la descoordinación de la atención primaria, las estancias inadecuadas y los errores en la gestión del gasto farmacéutico, Lores calcula que se podrían ahorrar hasta 1.270 millones.

Las apelaciones directas a los intereses creados entre cargos del PP y la sanidad se detiene especialmente en el caso del hospital de Vigo, donde se mencionan el pasado en empresas y compañías beneficiadas por el sistema de cargos tan dispares como Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad en Madrid cuando se desató la caza de brujas por las supuestas sedaciones incorrectas en el hospital de Leganés y que dio el salto al ámbito privado, o los más próximos Telmo Martín y Agustín Hernández, señalado este por su paso en su etapa privada por Puentes y Calzadas, una de las empresas que participa en la construcción del nuevo complejo.

“O no se sabe, o no se quiere gestionar bien”, concluye Martín, que enumera las privatizaciones de servicios adyacentes a la sanidad, desde la central de llamadas del Sergas —adjudicada a una empresa leonesa que concentra a buena parte de su personal en Perú y Colombia pero no emplea a nadie en Galicia—, la plataforma informática, que pondrá en manos de gestores privados los datos sanitarios de los pacientes, o la central de compras y el llamado Servizo Loxístico Existencial, que según se relata en uno de los capítulos implica destinar 98 millones a una actividad que podría realizar con sus propios medios el Sergas sin coste adicional.

“Está lloviendo el dinero sobre el sistema privado”, advierten, tras denunciar la “situación kafkiana” derivada de la política respecto a las listas de espera hospitalarias, cuya cifra real calculan en torno a las 420.000 personas, el doble que la que marcan las listas oficiales, “que se cierran para evitar que se contabilicen los pacientes”.