Álava también rechaza la amnistía fiscal por “agravio comparativo”

La Diputación de Álava, la única de Euskadi en manos del PP, ha dado formalmente la espalda a la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno central. Como ya ocurrió el día anterior con Bizkaia y Gipuzkoa, que mostraron un contundente rechazo a esta opción, el diputado general alavés, Javier de Andrés, aseguró que no secunda la idea de implantar esta medida en la provincia.

Lo hizo apuntando a las diferencias entre la situación económica en la que se encuentra Álava y la del conjunto de España, pero fue más allá y se refirió a la amnistía fiscal como un “agravio comparativo” para quienes sí han sido buenos contribuyentes y han cumplido con sus obligaciones tributarias.

El diputado general apostó así por distanciarse de la política del Gobierno central, de su mismo signo, pese a que podía haber logrado el mismo resultado alineándose con su partido. Y es que su minoría en el seno de las Juntas Generales alavesas —el Parlamento provincial que debe aprobar el cambio de la normativa foral para permitir la amnistía fiscal— y el rechazo explícito del PSE, PNV y Bildu a la medida, le hubiesen obligado a no aplicarla.

Mientras De Andrés descartaba la iniciativa, el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Antón Damborenea, apuntaba a que sería conveniente estudiar la creación de un sistema similar al planteado en el resto del Estado para regularizar estas situaciones. Damborenea rechazó en declaraciones en el Parlamno de Vitoria que lo aprobado por el Ejecutivo central sea una “amnistía fiscal”, ya que de lo que se trata es de una regularización que pretende atraer capitales que se encuentran en otros países y que no tiene por qué ser ilegales.

Quien sí se sumó a la opinión del diputado genera alavés fue el Gobierno autónomo, que, a través de su portavoz, Idoia Mendia, quien señaló que se rompen los principios de justicia y equidad y señaló que se trata de un “mensaje peligroso”.

La operación, además, no resultaría rentable económicamente. La amnistía fiscal permitiría aflorar capitales por 250 millones de euros en Álava, con una recaudación de 25 millones. De ellos, solo 3,75 millones acabarían en las arcas forales, ya que el resto iría a parar al Gobierno de Vitoria, lejos de los 50 millones anuales que la provincia ingresa a través de las inspecciones fiscales. “Si procediéramos a una regularización como la que se plantea, ingresaríamos menos, ya que parte de ese dinero se regularizaría por una vía mas económica”, destacó.

De Andrés abogó por las vías habituales de regularización y recalcó: “Si hay dinero negro ahora no es tan significativo como el que hubo en periodos prescritos”, el que queda fuera de la medida planteada.