La síndica de Barcelona considera que la reforma de la RMI vulnera el Estatuto

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ve en las nuevas condiciones para acceder a la renta mínima de inserción (RMI) una vulneración de los derechos reconocidos por el Estatuto de Cataluña. La reforma de la RMI excluye de esta prestación a los parados que no presenten dificultades sociales añadidas. La defensora, en cambio, recuerda que el artículo 25 del Estatuto establece el derecho a recibir ayudas si no se dispone de medios de subsistencia.

La Generalitat emprendió el pasado verano una profunda reforma de esta ayuda de 420 euros que perciben las personas sin otros recursos. El Gobierno catalán endureció los requisitos de acceso a la RMI para intentar frenar el alud de peticiones recibidas con la crisis, que habían desbordado los servicios sociales, además de sobrepasar la partida presupuestaria destinada el año pasado. En dicha reforma consta que no pueden ser beneficiarios de esta prestación las personas que solo presenten una problemática laboral y “que no acrediten una dificultad social o de inserción laboral añadida y, por tanto, no requieran ningún tipo de intervención social continuada”. La Síndica de Greuges de Barcelona considera que este precepto vulnera el artículo 25 del Estatuto, que establece que “las personas excluidas del mercado de trabajo, porque no han podido acceder o reinsertarse y que no dispongan de medios de subsistencia propios, tienen derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos de carácter paliativo”.

La síndica considera que esta exclusión supone “un atentado directo y flagrante” contra los derechos sociales que recoge el Estatuto. Igualmente la defensora de Barcelona considera que la Generalitat se precipitó a la hora de realizar cambios en las condiciones de acceso a la RMI y se muestra preocupada por la “falta de concreción de nuevas políticas sociales” para atender a las personas sin recursos económicos que quedan excluidas de la nueva RMI.

Maria Assumpció Vilà inició una actuación de oficio sobre la renta mínima en verano, a raíz de la queja de beneficiarios afectados por la revisión de esta prestación y de trabajadores sociales e instituciones de la ciudad. La síndica ha enviado su informe al Ayuntamiento de Barcelona, al que recomienda que incremente los recursos económicos “ante los previsibles efectos que los recortes en la renta mínima pueden tener en algunos ciudadanos de la capital catalana en situación de extrema vulnerabilidad”. Vilà pide también al Consistorio barcelonés que refuerce los convenios con las entidades sociales para garantizar la atención social a estos colectivos.

Y es que la reforma de la RMI ha supuesto un frenazo a la concesión de nuevas ayudas. Durante 2011, el Departamento de Bienestar Social aprobó un total de 89 expedientes de nuevos solicitantes. De estos, solo a tres se concedieron las ayudas durante la segunda mitad del año, cuando las nuevas condiciones de acceso al programa ya estaban en vigencia. Según datos de la síndica, Barcelona acabó el año pasado con 3.902 expedientes vigentes y con 311 casos aprobados, pero pendientes de pago.