Órdenes ejecutivas, pues claro

Donald Trump se hinchó a firmar papeles nada más tomar posesión. El rango legal en inglés de sus disposiciones se denomina executive orders, lo cual hizo que cientos de periodistas se apresuraran a traducirlas como “órdenes ejecutivas” sin mayor reflexión. Y así se ha publicado repetidas veces durante días y días. De acuerdo, el nuevo presidente de Estados Unidos va muy deprisa y hace falta escribir a toda velocidad sobre cada asunto en el que se empecina, pero estuvimos más de dos semanas leyendo eso de las órdenes ejecutivas, primero con los anuncios y luego con las consecuencias. Y también con el goteo posterior, como la “orden ejecutiva” destinada a sancionar al personal del Tribunal de La Haya que hubiese participado en causas contra Estados Unidos. Y digo yo que en algún momento podía pararse alguien a pensar qué se está diciendo con esa expresión.

En español todas las órdenes son ejecutivas. Si me permiten la broma, son ejecutivas incluso las órdenes religiosas, que suelen mandar mucho. Por ejemplo, los sacerdotes primero son ordenados y luego ya podrán ordenar.

El orden está pensado para eso, para que se siga y se reproduzca; sobre todo si se trata del orden establecido. El orden incumplido ya no es un orden, sino un batiburrillo.

Chanzas aparte, entre las muchas acepciones de la palabra “orden” la que aquí nos concierne más específicamente, por tratarse sin duda del tipo de órdenes que firmó Donald Trump, queda definida de este modo en el Diccionario académico: “Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar”.

Y en efecto, cuando alguien dice “esto es una orden” está mandando que se haga algo; o sea, que se ejecute su voluntad así en la empresa como en el clero. Por tanto, todas las órdenes son ejecutivas, pues llevan dentro de sí la intención de ejecutarse, al margen de que luego se ejecuten o no.

En el caso de Trump, seguramente nadie piensa que las haya dictado para que no se cumplan. Así que serán ejecutivas en cualquier caso, salvo que un milagro nos salve de ellas.

En español se puede hablar de esas órdenes como “decretos”, pues en su definición encaja bien el acto acometido —y en cierta forma cometido— por Trump: “Decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tenga competencia”.

Pero si, por razones de rango jurídico, se desea esquivar ese término, podemos hablar de “órdenes administrativas”, diferentes de las órdenes judiciales pues se basan en las competencias de la Administración. (Entendiendo que en el sistema legal estadounidense no equivalen a las “órdenes ministeriales” de España, que son de menor rango). En definitiva, estamos ante instrucciones formales que el presidente dicta para que los organismos administrativos se pongan en marcha y cumplan con ellas.

La locución inglesa executive orders se refiere por tanto a que forman parte del ámbito de aplicación del poder ejecutivo, encabezado por el presidente del país. Pero al usar en español el calco “órdenes ejecutivas” se está señalando que hay órdenes que no lo son.

Ya tenemos suficiente con soportar a Donald Trump como para que encima se le traduzca mal.