Envío de tropas a la frontera y el fin a la ciudadanía por nacimiento: las primeras medidas migratorias de Trump

Donald Trump ha aprovechado su primer día en la Casa Blanca para trazar el rumbo de su segunda presidencia. El mandatario ha firmado esta noche una serie de órdenes ejecutivas que definirán su Gobierno los próximos cuatro años. Tal como adelantó en su discurso de investidura, una decena de ellas busca “luchar contra la desastrosa invasión de la frontera”. El mandatario ha iniciado el camino legal para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados, reactivado la construcción del polémico muro con México, decretado la emergencia fronteriza y movilizado a tropas del ejército para frenar la inmigración irregular. Pese a su retórica, la Administración de Joe Biden dejó las cifras de cruces en su punto más bajo en tres años.

Trump también ha designado a los cárteles de la droga mexicanos y a la pandilla Tren de Aragua como organizaciones terroristas internacionales. Esto es solo un puñado de una avalancha de acciones que el presidente ha llamado “la revolución del sentido común”. Se prevé que muchos de los decretos firmados encuentren una sólida oposición y sean impugnados en los tribunales, lo que podría retrasar su aplicación.

A continuación, un resumen de la decena de órdenes ejecutivas en materia migratoria:

Fin de la ciudadanía por nacimiento

“Oh, esta es una de las importantes”, dijo Trump cuando uno de sus empleados le anunció el contenido de la carpeta. Mucho se dijo en la campaña sobre la promesa del republicano de poner fin a la posibilidad de que los hijos de indocumentados puedan recibir la nacionalidad, algo que la orden define como un “profundo e invaluable regalo”.

“El privilegio de la ciudadanía no se extiende automáticamente a quienes nazcan en Estados Unidos cuando su madre está ilegalmente en el país y/o el padre no es ciudadano estadounidense”, señala el texto. Además, la medida afecta a personas con visas temporales, como estudiantes, trabajadores o turistas.

Los expertos han advertido que este derecho, protegido por la decimocuarta enmienda constitucional, no puede ser eliminado unilateralmente por el Ejecutivo, lo que augura una de las primeras batallas judiciales de esta nueva etapa. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ya ha presentado, junto a otras organizaciones, la primera demanda en contra de la medida.

Suspender el programa de asilo

“Estados Unidos carece de la capacidad para absorber grandes grupos de migrantes, especialmente refugiados, sin comprometer los recursos destinados a los estadounidenses”, señala la orden ejecutiva que suspende, desde el 27 de enero, la llegada de nuevos solicitantes de asilo.La medida afecta también a los desplazados por la emergencia climática.

El decreto interrumpe temporalmente un pilar fundamental de la política migratoria estadounidense, ya restringido durante el Gobierno de Biden. No obstante, deja abierta la posibilidad de su reactivación a mediano plazo, al ordenar a los departamentos de Estado e Interior presentar un informe en 90 días para evaluar su viabilidad. A partir de entonces, se emitirá un informe trimestral para determinar si el programa se ajusta a los “intereses nacionales”.

La suspensión ya ha dejado a sus primeros damnificados. Decenas de miles de migrantes que seguían su trámite de asilo a través de la aplicación CBP One vieron la herramienta dejar de funcionar en sus móviles desde el mediodía. Esto deja en el aire a 30.000 personas que tenían agendadas citas en las próximas tres semanas.

Los narcos, equiparados con terroristas

Trump anunció con entusiasmo la firma de una orden que equipara a los cárteles del narcotráfico con organizaciones terroristas internacionales. El documento afirma que estos grupos operan en algunas zonas de México como “entidades cuasi gubernamentales” que controlan “casi todos los aspectos de la sociedad”. “La gente quería esto desde hace mucho tiempo”, declaró el mandatario. “Es probable que a México no le guste, pero tenemos que hacerlo”, agregó.

La orden destaca que la actividad de los cárteles cerca de la frontera representa un “riesgo inaceptable” para la seguridad nacional de Estados Unidos y exige erradicar su presencia en el país. Cuando un periodista preguntó si esto implicaba la posibilidad de enviar fuerzas especiales a México, Trump respondió: “Puede ser. Cosas más extrañas han sucedido”. La medida también incluye a pandillas como el Tren de Aragua y La Mara Salvatrucha.

Enviar tropas a la frontera

Trump ha dado al Pentágono diez días para presentar un plan para “sellar la frontera y mantener la soberanía” del país. El secretario de Defensa deberá detallar la operación, el número de tropas y su ubicación en un informe que se entregará en un mes.

Declaratoria de emergencia

La “soberanía de Estados Unidos está bajo asedio”, opina Trump. Por ello, ha decretado la emergencia nacional fronteriza, que obliga a Defensa a brindar apoyo logístico y de recursos, incluidas aeronaves, para resguardar la zona e impedir “la entrada física a todo indocumentado”. La norma autoriza al Gobierno reanudar la construcción del polémico muro fronterizo, frenado durante la era Biden. Hace un llamado al Departamento de Interior para levantar las restricciones en los vuelos de drones dentro del área restringida por los tratados internacionales, de ocho kilómetros desde la línea.

Fin del ‘catch and release’ y del ‘parole’ humanitario

El Ejecutivo ha anunciado que toda persona que ingrese de manera irregular a Estados Unidos será “detenida y deportada de inmediato”. “Devolveremos a millones de personas a sus países de origen”, declaró el presidente por la mañana. Este lunes, el Gobierno republicano revocó una serie de decretos de la era Biden que abordaban la crisis fronteriza con un enfoque humanitario.

Con la cancelación de estas medidas, Trump endurece la persecución de migrantes y elimina las protecciones humanitarias que permitían a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela renovar visas de trabajo por dos años tras su llegada.

Las nuevas leyes ordenan al Departamento de Interior crear fuerzas especiales interinstitucionales para localizar migrantes en los Estados y en las llamadas “ciudades santuario”. Además, ponen fin a la política de “Catch & Release”, que permitía la liberación de indocumentados mientras su caso se resolvía en los tribunales. El objetivo ahora es mantener a los migrantes detenidos el mayor tiempo posible hasta su deportación.

Retorno de ‘Quédate en México’

La Administración ha restablecido el controvertido Quédate en México, que afectó a 75.000 migrantes obligándolos a esperar en territorio mexicano mientras sus casos avanzaban en las cortes. Oficialmente conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, el programa debe ser implementado “a la brevedad posible” en todos los sectores de la frontera sur. La norma instruye a las autoridades a devolver a los migrantes “al territorio por donde llegaron”, lo que podría generar nuevas tensiones con el Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum. Biden había suspendido esta medida en 2022.

Veto a nacionalidades

Trump ha dejado abierta la posibilidad de prohibir la entrada al país a determinadas nacionalidades. Uno de los decretos establece que el Ejecutivo tiene la facultad de implementar medidas para combatir la inmigración irregular, incluida la restricción de entrada a grupos considerados parte de “la invasión”. Esta interpretación del poder presidencial es similar a la que permitió el veto a los inmigrantes de países musulmanes en 2017. Aquella orden fue dejada sin efecto por una serie de decisiones judiciales posteriores.

El nuevo Gobierno hereda la frontera en su nivel más bajo de cruces irregulares en tres años. En diciembre de 2024, se registraron menos de 100.000 cruces, una cifra no vista desde enero de 2021, cuando la emergencia sanitaria frenó la migración hacia el norte. En los últimos seis meses de la administración Biden, las aprehensiones cayeron un 70% en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos oficiales.

El “Golfo de América”

Los organismos de la Administración han recibido la orden para cambiar el nombre al Golfo de México. La nueva denominación abarcará el área continental que limita con Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, así como los límites marítimos con México y Cuba. La implementación de este cambio estará a cargo del Departamento de Interior.

Trump justifica esta decisión destacando que el golfo es el más grande del mundo y provee el 14% del crudo estadounidense, además de grandes cantidades de gas natural. A lo largo de su investidura, el presidente ha reiterado su intención de reactivar la explotación petrolera tras la eliminación de las regulaciones ambientales impuestas por Biden.