Guerra abierta entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema

Ya es una guerra política en toda regla. Se inició en los medios hace casi tres años, en paralelo al avance de los juicios por corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En el arranque de su gestión, el presidente, Alberto Fernández, envió al Congreso una profunda reforma de la justicia federal, a la que acusaba de redactar fallos a la medida de la oposición. El proyecto no prosperó. La tensión entre la Casa Rosada y los Tribunales creció y creció. Se esparció como la espuma entre altos funcionarios, diputados, senadores y jueces. El 6 de diciembre, un tribunal condenó a Kirchner a seis años de cárcel. Dos semanas después, la Corte Suprema falló contra el Gobierno en una demanda de la ciudad de Buenos Aires, opositora, por el reparto nacional del dinero de los impuestos. Esta semana que pasó, finalmente, la sangre llegó al río: Fernández convocó a sesiones extraordinarias del Congreso (no habrá receso de verano, muy que les pese a los legisladores) para tratar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema.

Al juicio político contra los cuatro supremos (hay un puesto vacante) se le suma un proyecto para llevar a 15 el número de magistrados. Los diputados del Frente de Todos, la alianza de las distintas corrientes del peronismo que está en el poder, ya presentaron formalmente el pedido de juicio “por mal desempeño” contra la Corte. El argumento es que “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas” a los poderes ejecutivo y legislativo. Además del asunto de los impuestos, que da recursos extraordinarios al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presidenciables del macrismo, critican un fallo que declaró inconstitucional una ley de 2006 que retiraba a la Corte del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y juzga a los jueces. Los supremos decidieron reflotar una ley anterior que había sido derogada por el Congreso.

El partido de Gobierno tiene los votos suficientes para abrir una comisión de juicio político que trabajará durante 60 días, pero chocará luego en el recinto, donde no alcanza los dos tercios necesarios para avanzar más allá de la acusación. Juntos por el Cambio, la coalición que reúne a la derecha liderada por Mauricio Macri, ya anticipó que rechazará la iniciativa peronista por considerar que “atenta contra el orden republicano”. Si el Gobierno insiste, paralizará el Congreso, amenazó.

La pelea entre los poderes del Estado crispará los ánimos en un año especialmente sensible: en octubre, los argentinos elegirán al sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada. El clima político no podría ser peor. Fernández ingresó al último año de su mandato con la popularidad por los suelos, la economía en declive, la inflación cercana al 100% y a la sombra del poder que ejerce sobre su gestión Cristina Kirchner. A la Justicia no le va mejor. El 59% de los consultados en abril para un sondeo de la Universidad de San Andrés aseguró que tiene una imagen “muy mala” del Poder Judicial, 19 puntos más de los que opinaron lo mismo acerca del Fondo Monetario Internacional (difícil encontrar una institución con peor imagen en Argentina). Sorprendió a los encuestadores que el apartado “imagen buena” quedó en 0%.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ensayó una explicación durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni para LN+. “En la mayoría de las democracias consolidadas del mundo la imagen de la Justicia no es buena”, argumentó. Según su visión, el problema está en que el Poder Judicial asume conflictos que la sociedad no resuelve y eso genera “ciertas expectativas” que luego se ven frustradas. Los ciudadanos, dijo, ven “que la Justicia resuelve con lentitud, no correctamente o que no falla a su favor”. Esa “judicialización de los conflictos”, dijo, es atribuible a “cierta incapacidad” de la sociedad para resolverlos por vías no judiciales.

El conflicto por el reparto dfe los impuestos federales fue una muestra de ello. En 2016, el Gobierno de Macri subió del 1,4% al 3,75% la parte correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, su principal bastión electoral, para financiar a una nueva policía. Cuando Fernández llegó a la Casa Rosada, una de sus primeras medidas fue bajar en forma unilateral hasta el 2,35% ese porcentaje. Como las negociaciones políticas fracasaron, el asunto terminó en la Corte, que en diciembre elevó el porcentaje correspondiente a la ciudad hasta el 2,95%.

Fernández primero dijo que no acataría el fallo porque no tenía el dinero para hacerlo; luego dio marcha atrás y prometió un pago en bonos del tesoro. Mantuvo, eso sí, su decisión de llevar a los jueces ante el banquillo del Congreso. Sumó en su estrategia el favor de 14 de los 23 gobernadores del país, temerosos de que el dinero que ahora iría a parar a Buenos Aires (unos 1.000 millones de dólares) saliese de sus propias partidas presupuestarias.

El juicio político no prosperará más allá de la comisión dominada por el Frente de Todos, pero habrá espectáculo. Los diputados quieren que declaren los cuatro supremos. Pidieron además la presencia de Silvio Robles, secretario privado del presidente de la Corte, y del jefe de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, ahora de licencia. La Comisión les pedirá que expliquen por qué en unos chats filtrados a la prensa Robles adelanta al funcionario de la ciudad la decisión de su jefe respecto al diferendo por los fondos.

El Gobierno intentará demostrar que los mensajes son evidencia de la connivencia entre la Justicia y la oposición. En cualquier caso, lo que resta de enero y febrero será de mucha actividad política, mientras buena parte de los argentinos están de vacaciones. En marzo, el país ya estará lanzado de lleno en la campaña por la sucesión presidencial.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.