Cristina Kirchner se declara víctima de una proscripción

“Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en su primera aparición pública desde que fuera condenada por corrupción el 6 de diciembre pasado. Aquel día, minutos después de la lectura del fallo, la vicepresidenta de Argentina se bajó de la carrera presidencial en 2023. “No voy a ser candidata a nada”, dijo entonces, y se consideró víctima de una “mafia judicial” que buscaba sacarla de la política. Este martes, ante cientos de personas reunidas en la inauguración de un centro deportivo a las afueras de Buenos Aires, dijo que lo suyo no fue un renunciamiento voluntario. “El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón [a ser candidata a vicepresidenta, en 1951], y acá tampoco hay autoexclusión. Hay proscripción”, insistió Kirchner.

Cristina Kirchner pateó el tablero hace tres semanas. Sin ella como candidata, el peronismo se enfrascó en una carrera sin rumbo para encontrar un nombre que lograse unificar las múltiples corrientes internas que lo atraviesan. El presidente, Alberto Fernández, incluso jugó con la posibilidad de la reelección, pese a que su popularidad está por los suelos y la crisis económica arrecia. Lo de este martes fue parte del libreto con el que el kirchnerismo acompañó el juicio contra la expresidenta. Según su lectura, los jueces han creado en complicidad con la oposición un “partido judicial” cuyo objetivo es encarcelar a líderes populares como Cristina Kirchner. La estrategia, sostienen, es incluso regional; basta como ejemplo los más de 500 días que Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso a instancias del juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

Esta vez, sin embargo, el mitin kirchnerista sumó un elemento nuevo: en la previa del discurso de la vicepresidenta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió que reconsidere su decisión de no ser candidata. “Te necesitamos”, le dijo, en el inicio de lo que sin duda será, a partir de ahora, un operativo clamor por el regreso. Kirchner, de hecho, habló con tono de campaña. Y concentró sus ataques en el Poder Judicial. “Lo que hicieron fue armar un juicio con denuncias, con una cronología electoral casi quirúrgica. Luego de un juicio armado de tres años, decidieron que el juicio oral en que me iban a sentar en el banquillo de acusados era el 21 de mayo de 2019. Quince días exactos antes de que cerraran los plazos para armar los frentes electorales donde se disputaría la Presidencia. Tres días antes yo desarticulé esa maniobra cuando anuncié que íbamos a un frente con quien hoy es presidente. Aquella fue una clara maniobra proscriptiva”, dijo.

Para Kirchner, su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos fue la consumación de la estrategia. En la práctica, la vicepresidenta no está impedida de ser candidata hasta tanto el fallo judicial quede firme ante la Corte Suprema, un largo periplo que puede demorar hasta ocho años. Pero la vicepresidenta jugó la carta de la proscripción, una figura muy cara al peronismo. Tras el golpe de 1955, Juan Domingo Perón se exilió en España y no pudo regresar a Argentina hasta 1973. El “Perón vuelve” fue el grito de batalla del peronismo durante aquellos años de prohibición militar. Kirchner se coloca a la altura de aquella gesta del movimiento. Pero a diferencia de Perón, que a su regreso ganó las elecciones con comodidad, no está tan clara la suerte electoral de la vicepresidenta.

Argentina cerrará este año con una inflación por encima del 90% y una crisis económica que tiene al país al borde del abismo. El éxtasis mundialista apenas sirvió para patear los problemas para adelante. El Gobierno, mientras tanto, ya está enfrascado en una nueva guerra abierta contra la Corte Suprema y la oposición. La semana pasada, los supremos ordenaron a la Casa Rosada que suba del 2,32% al 2,95% la porción de fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo. Se inició así una crisis institucional sin precedentes en democracia, que arrancó en 2016 cuando el presidente Mauricio Macri aumentó por decreto las partidas de la capital del 1,40% del total al 3,75%. Fue una decisión política para aupar a Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político y sucesor al frente de la alcaldía porteña. Rodríguez Larreta llevó al Gobierno ante la Corte cuando el presidente, Alberto Fernández, bajó el porcentaje de la torta al 2,32%.

Arropado por 14 gobernadores, Fernández anunció entonces que no acataría el fallo de la Corte. Esta semana ya había dado marcha atrás, a medias: dijo que pagaría, pero con bonos del Tesoro. Rodríguez Larreta volvió a la carga ante la Corte. Y Cristina Kirchner se metió en medio. “Estamos ante un hecho ajurídico, como su hubiera desaparecido el Estado de derecho”, dijo, y llamó al Gobierno “a despabilarse”. Fue, como no, un tiro por elevación al presidente.

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