Choque de poderes en Argentina: el Gobierno de Alberto Fernández no acatará un fallo de la Corte Suprema

Se acabó la tregua mundialista en Argentina. El Gobierno de Alberto Fernández, aupado por 14 de los 23 gobernadores del país, anunció el jueves que no acatará un fallo de la Corte Suprema que ordena elevar del 2,32% al 2,95% la porción de fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, bastión de la oposición política. Los argentinos asisten estupefactos a un choque de trenes. Aún no se recuperaban de la resaca de los festejos del martes, cuando millones salieron a las calles para vivar a la selección campeona en Qatar, y la política los volvió con un puñetazo a la realidad. Ya lo había dicho Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, minutos después del triunfo contra Francia en Qatar. Estamos todos muy felices, dijo, pero “los problemas seguirán estando ahí”.

La crisis institucional que atraviesa Argentina es el final de un largo camino. El Gobierno argentino es el principal recaudador de impuestos nacionales. Parte de esos fondos, los llamados coparticipables, se reparten en las provincias según una tabla de porcentajes establecida por ley. En 2016, el presidente Mauricio Macri aumentó por decreto las partidas que recibía la ciudad de Buenos Aires del 1,40% del total al 3,75%, una valiosa ayuda para Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político y sucesor al frente de la alcaldía porteña.

La capital argentina, el distrito más rico del país, fue el trampolín desde el cual Macri saltó a la política nacional, un bastión donde el peronismo hace agua desde 1995, cuando la elección del alcalde dejó de ser una prerrogativa del presidente y pasó a ser por voto popular. En 2019, el peronismo recuperó la Casa Rosada y la capital continuó en manos de la oposición. Fernández heredó el statu quo de un distrito que de la noche a la mañana había visto duplicados sus ingresos. En septiembre 2020, una huelga policial puso contra las cuerdas al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Para financiar una subida de salarios, Fernández miró hacia la capital: redujo desde el 3,75% al 2,32% del total la masa de impuestos destinada a ese distrito tan incómodo. La oposición llevó el caso a la Corte Suprema, que ahora ha ordenado al Poder Ejecutivo que entregue a la ciudad el 2,95% coparticipable.

Fernández se vio en medio de múltiples presiones. Reunido en la Casa Rosada con 14 gobernadores, ninguno opositor, escuchó pedidos de juicio políticos contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema y hasta llamados al desacato. Primó finalmente la idea del desacato. En un comunicado, El Poder Ejecutivo denunció que el fallo de los supremos era “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Supondría, argumentpoi el Gobierno, entregar a la capital 180.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) que no están contemplados en el presupuesto aprobado por el Congreso para 2023. Anticipó entonces que pedirá una “revocatoria in extremis”, que supone que la Corte de marcha atrás sobre sus pasos, y anticipó una recusación general a los jueces de la Corte.

El mar de fondo de esta guerra entre poderes del Estado es la disputa que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mantiene con la Justicia desde que fue condenad a seis años de prisión por corrupción. Kirchner sostuvo que su sentencia estaba escrita desde el primer día y disparó contra lo que consideró una “mafia judicial” que tiene contras las cuerdas al sistema democrático argentino. El fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires sería un paso más en esa batalla por sacarla del medio y facilitar la vuelta al poder de la oposición macrista. Rodríguez Larreta es uno de los principales precandidatos a la presidencia del macrismo. El presidente, Alberto Fernández, lo dijo claramente el jueves por la noche, en un canal de televisión afín al Gobierno. “No sé si el objetivo de la Corte es financiarle la campaña a Larreta, pero lo va a lograr”, dijo, y se preguntó de dónde salía el porcentaje de coparticipación que habían establecido los jueces. “Disponen que le tenemos que entregar el 2,95% en concepto de coparticipación. ¿Por qué ese porcentaje? No lo entendemos, porque no hay ni un solo cálculo de cómo se llega a eso. Y este dinero no está en el Presupuesto nacional, que no fue aprobado para que el Gobierno le envíe 2,95% a la Ciudad”, se quejó.

La decisión del Ejecutivo inicia una crisis que no estaba en el radar de los más pesimistas. En Argentina no hay Tribunal Constitucional y ese trabajo recae en la Corte Suprema, cuyos fallos son inapelables, les guste o no a los afectados. Así funciona el sistema republicano que rige desde 1852, cuando se aprobó la primera Constitución argentina. El presidente se expone a una denuncia penal por desacato, pero también a un juicio político. Si se lanzó a la piscina fue por el apoyo del peronismo, sobre todo el representado por los gobernadores que ven afectados sus recursos en el inicio de un año electoral. El kirchnerismo, en tanto, juega una nueva batalla contra la Corte, su mayor enemigo político. ¿Cómo terminará la historia? Espera a los argentinos un verano especialmente caliente.

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