Argentina cierra 2022 con 94,8% de inflación, la más alta desde 1991

La economía argentina no hace pie. La inflación acumulada durante 2022 alcanzó el 94,8%, la mayor subida anual desde la hiperinflación de 1991. El IPC subió 5,1% en diciembre pasado, 0,2% puntos más que en noviembre. El dato es una mala noticia que esconde un premio consuelo: el Gobierno del peronista Alberto Fernández se había puesto como objetivo evitar al menos un IPC de tres dígitos, como se vaticinaba a mediados del año pasado tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán. Desde entonces, su sucesor, Sergio Massa, impuso un férreo sistema de precios máximos, moderó la emisión y promovió tasas de interés positivas para neutralizar el derrumbe del peso frente al dólar. Massa prometió para 2023 una inflación del 60%, pero las expectativas que mide el Banco Central entre empresarios y analistas están más cerca de una cifra similar a la de 2022.

El año pasado fue un vía crucis para la economía argentina. El país sufrió en el arranque el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios de los alimentos y la energía. A mediados de año, factores locales complicaron lo que ya era complicado: el IPC argentino subió 7,4% en julio, en medio del tembladeral que provocó la salida del ministro Guzmán, responsable de firmar el acuerdo con el FMI para posponer pagos por 45.000 millones de dólares. La pelea fratricida entre el presidente y su vice, Cristina Kirchner, entorpeció cualquier política económica consensuada.

Aquella marca de julio fue la más alta para un solo mes desde 2002, cuando la crisis del corralito derrumbó el PIB un 10,9% y, devaluación mediante, el IPC de abril subió un 10,4%, antes de caer hasta el 0,1% en diciembre. Las previsiones para este año superaban con comodidad el 100%, una barrera psicológica que el Gobierno consiguió mantener cerrada. “Si seguimos en la escala descendente de la inflación, como hemos venido viendo en el último trimestre”, dijo este jueves la vocera del Gobierno, Gabriela Cerrutti, “y las paritarias [salariales] siguen funcionando y cada vez se suma más gente al trabajo formal, estamos en el camino que marcaron el presidente y el ministro de Economía”.

El costo de mantener a raya el IPC ha sido una desaceleración del crecimiento económico. La actividad en octubre cayó 0,3% con respecto a septiembre. El buen arranque del año permitirá cerrar diciembre con una subida del PIB que rondará el 5%, pero que se espera cercana a cero en 2023. La cuestión de fondo es que Argentina no resuelve sus problemas estructurales.

Las cusas de la inflación son múltiples. El país sudamericano no tiene dólares suficientes para pagar sus importaciones y restringe discrecionalmente el acceso a las divisas. Para sostener el valor del peso, Argentina mantiene atrasado el tipo de cambio con un mercado desdoblado en oficial y blue: 187 pesos por dólar en el primero y 360 pesos por dólar en el segundo. El precio oficial funciona como un ancla para los productos importados, pero el mercado local calcula sus costos en el dólar blue, que es al final del día lo que le cuesta a un argentino conseguir la divisa en el mercado negro, el único al que tiene acceso. Al mismo tiempo, el Gobierno financia el rojo fiscal con emisión, porque desde el default decretado por Mauricio Macri en 2018 el país no tiene acceso a los mercados internaciones de crédito.

La combinación de déficit fiscal, emisión y falta de dólares genera todo tipo de distorsiones. Los argentinos se han adaptado a vivir con ellas, sin que haya acuerdo sobre las soluciones. El expresidente del Banco Central durante el macrismo, Guido Sandleris, recordó este jueves que la inflación de 2022 fue la más alta desde la hiperinflación del inicio de los noventa, previo a la convertibilidad del peso con el dólar. “La causa fundamental”, dijo, “es que el Gobierno llevó el déficit financiado con emisión a niveles insostenibles”.

La Casa Rosada se comprometió hace un año ante el FMI a reducir el déficit fiscal primario (previo al pago de intereses de la deuda) hasta el 1,9% del PIB en 2023, hasta alcanzar el equilibrio en 2024. Será un duro desafío para el Gobierno. Este año que comienza hay elecciones presidenciales y no hay nada más antipopular en las urnas que un ajuste fiscal que enfríe la economía e impacte sobre los salarios del electorado.

Mantener el poder adquisitivo de los trabajadores está al tope de las preocupaciones del Gobierno peronista. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo este jueves que buscarán que las subidas de las nóminas no superen el 60% “para converger hacia el nivel pautado de inflación más algún punto de recuperación”. Massa anticipó que su objetivo para abril es un IPC “con un tres adelante”, una meta que parece cada vez más difícil de cumplir vista la herencia que recibirá del año que acaba de terminar.

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