Trump: enfrentando al mundo y al derecho internacional

No se había visto desde hacía décadas un nivel tan grande de desprecio por el derecho internacional y las obligaciones que de allí se desprenden. Poco -o nada- importan ahora para Trump.

Hoy se encuentra a la cabeza de la principal superpotencia alguien que sistemáticamente confronta y apunta a demoler el derecho internacional y sus obligaciones. El mundo está amenazado y bajo ataque.

Las últimas dos “perlas” de la semana. Una, la pretensión de “desalojar” Gaza y convertirla en una rentable inversión inmobiliaria. Dos: el ataque frontal a la Corte Penal Internacional, en un estilo y virulencia dignos de la conducta quienes quieren ver desaparecida a la justicia internacional.

El “desalojo” de Gaza. Propuesta descabellada de Trump sobre Gaza, territorio devastado tras meses de ataques israelíes. En lugar de promover un plan de reconstrucción y ayuda humanitaria, el presidente de Estados Unidos plantea que su país tome el control de Gaza, expulse a sus aproximadamente 1,8 millones de habitantes palestinos y la transforme en un destino turístico de lujo, convirtiéndola en una “Riviera” en Oriente Medio.

Esta propuesta es jurídicamente insostenible y es inviable en términos prácticos. Implica una violación flagrante del derecho internacional pues constituiría un inaceptable planteamiento de “limpieza étnica”. Imposible de imaginar en el siglo XXI.Obligar a millones de personas a abandonar su tierra natal no solo ignora la historia del conflicto, sino que también incumple resoluciones fundamentales que viene adoptando el Consejo de Seguridad de la ONU desde 1967 en torno a la ocupación por Israel de territorios palestinos desde la guerra de los seis días.

Ataque frontal a la CPI

Trump firmó el jueves otra de sus “órdenes ejecutivas”, esta vez imponiendo severas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), y anunciando que su administración “impondrá consecuencias tangibles y significativas a las personas que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel”.

Muy grave confrontación al principal tribunal penal del mundo, sustentado en un tratado mundial en vigor desde el 2002 y del que son parte 125 Estados: 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 20 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa occidental y otros Estados. Sólo dos Estados se han retirado del Estatuto de Roma: Burundi y Filipinas.

La Corte ya estaba actuando. En enero del presente año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó la adopción de “medidas inmediatas y efectivas” para proteger a la población palestina, en la Franja de Gaza ocupada, del riesgo de genocidio. Así lo calificó.

Y además ordenó a Israel asegurar “suficiente asistencia humanitaria y permitiendo servicios básicos”.

Pese al tiempo transcurrido, Netanyahu no detuvo su ofensiva y bloqueo militar. Y ni siquiera movió un dedo para que fluyese algo de la asistencia humanitaria ordenada por la CIJ. Luego del largo tiempo transcurrido, la potencia ocupante, ha seguido incumpliendo su obligación, especialmente en Gaza.

Órdenes de detención: vigentes

La Corte dispuso hace meses las vigentes órdenes de detención, de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. Encontró “motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant tienen responsabilidad penal por el crimen de guerra de inanición como método de guerra”. Pues se “creó unas condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil en Gaza, lo que provocó la muerte de civiles, incluidos niños debido a la malnutrición y la deshidratación”.

No hay duda sobre la competencia de la Corte. Desde el 2021, la CPI dejó establecido que tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en los territorios ocupados palestinos (Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y Gaza). A ello se añade la decisión del 2015 de aceptar a Palestina como Estado parte del Estatuto de Roma. Aunque Israel no es miembro de la CPI, los crímenes cometidos en territorio palestino ocupado por cualquier actor sí caen dentro de su ámbito de competencia.

La CPI tiene, pues, competencia para investigar y enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios ocurridos en Palestina, entre otros lugares del mundo, porque Palestina se adhirió al Estatuto de Roma el 2 de enero de 2015, aceptando la jurisdicción de la CPI sobre presuntos crímenes cometidos “en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014″.

Los hechos en Gaza y Cisjordania

Gaza y Cisjordania son parte de ese territorio palestino ocupado. Y el Estatuto de Roma entró en vigor para Palestina hace 10 años, desde el 1 de abril de 2015. La CPI celebró una ceremonia en la misma fecha -en la sede de la Corte en La Haya- para dar la bienvenida a Palestina como el 123º Estado Parte en el Estatuto de Roma. El 2021 la Corte confirmó que tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en los territorios ocupados palestinos (Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y Gaza).

Las órdenes emitidas en meses pasados por la Corte exigiendo a los 124 países miembros del Estatuto de Roma que detengan a Netanyahu y Gallant y los entreguen a los funcionarios de La Haya para ser juzgados, son, pues, plenamente válidas. Y deben ser cumplidas.

Y ahora Trump, contra la competencia de la CPI. ¿Por qué? Probablemente para proteger a Netanyahu cuando es clara la competencia de la Corte sobre los hechos.

En cualquier caso, a quien le corresponderá determinar si tiene o no competencia es al tribunal mismo. Y no a un Estado (Estados Unidos) que no es parte de la Corte y que, además, es parte beligerante en territorios palestinos. Y mientras, no debería dejar de pronunciarse y actuar una región como América Latina y Europa, cuyos Estados son parte de la CPI