Oro a cualquier costo: el aumento del precio del metal multiplica los crímenes ambientales

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

En el suroeste del Estado de Pará, en Brasil, bajo las aguas vastas y oscurecidas del río Tapajós, que serpentean lentamente entre la densa selva amazónica, se arrastra una desdicha sigilosa. Con la corriente fluvial, se esparce el mercurio: un veneno invisible que no mata con la inmediatez de una bala, pero que deja, como sentencia no anunciada, un rastro de violenta disrupción en cada cuerpo que alcanza.

Siete años atrás, los habitantes de la tierra indígena Munduruku, que pertenecen a la región del Tapajós, empezaron a notar un aumento significativo de fenómenos raros de salud que despertaron una amplia preocupación entre las comunidades. Algunos niños nacían con parálisis cerebral, otros enfrentaban dificultades severas para caminar, mientras que muchos adultos habían desarrollado crisis de temblores, pérdida de visión y problemas neurológicos, como fallos de la memoria.

“No entendíamos qué estaba pasando, por qué tantas personas estaban teniendo estos problemas”, dice a América Futura Alessandra Korap Munduruku, líder indígena y activista socioambiental. “Teníamos sospechas de la relación de estos problemas con la minería, pero necesitábamos ayuda”.

Fue en 2018 cuando el pueblo Munduruku decidió solicitarle a la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) una investigación sobre el estado de salud de sus miembros. Con el análisis de muestras de cabello de residentes de tres aldeas Munduruku, así como de peces de los afluentes del río que baña a estas comunidades, los investigadores descubrieron que seis de cada diez personas analizadas estaban contaminadas con niveles de mercurio más elevados que lo recomendado por normas internacionales de seguridad, lo que les provocaba trastornos irreversibles de salud. Además, el pescado, la fuente de alimentación más accesible de la región, era uno de los principales conductores de la sustancia tóxica. “El río estaba enfermo y los estaba enfermando a todos”, dice Korap.

“Observamos adultos con alteraciones neurológicas graves asociadas a una alta contaminación por mercurio”, comenta Paulo Basta, médico y uno de los investigadores a cargo del estudio de la Fiocruz. “Vimos niños con discapacidades en los principales hitos del desarrollo: tardaban en sentarse, gatear, ponerse de pie o hablar las primeras palabras. Algunos presentaron anomalías congénitas”, asegura el científico. “Solemos decir que estas poblaciones viven en un estado de vulnerabilidad socioambiental. Pero además de las vulnerabilidades históricas, está ocurriendo una superposición de factores relacionados con la minería y a la contaminación que agravan su situación”.

El mercurio es comúnmente utilizado por los garimpeiros para extraer oro. La sustancia se junta a los granos del mineral y al agua, formando una amalgama metálica que luego es calentada, evaporando el mercurio para obtener el oro puro. Desde 1980, el pueblo indígena Munduruku ha sufrido las consecuencias de la invasión de buscadores ilegales de oro. Pero, en años recientes, el aumento de su precio ha disparado el interés por estas actividades ilícitas en tierras protegidas por el Estado brasileño, así como en otros países de América del Sur.

En diciembre de 2024, una operación de la Policía Federal brasileña desmanteló un esquema de tráfico de oro extraído de forma irregular de tierras indígenas, incluyendo la Munduruku. El grupo criminal reclutaba a ciudadanos de diversas naciones para despachar maletas cargadas con oro en vuelos comerciales. Las autoridades estiman que estos individuos retiraron del Estado de Pará cerca de una tonelada de oro, con un valor estimado de más de 686 millones de dólares. “Estamos viviendo un momento de muchos ataques. Los garimpeiros vienen, destruyen el río, toman el oro, y se van luego de enfermarnos a todos”, dice Korap, que ha notado un aumento de la actividad minera ilegal cerca de su tierra.

El Comisario de la Policía Federal brasileña, Adriano Sombra, que lidera las acciones contra crímenes ambientales de la institución en el norte del país, afirma que con el aumento reciente del precio del oro, las organizaciones criminales han visto un mayor incentivo para invertir en minas ilegales en territorios de difícil acceso geográfico.

“Hemos tenido que intensificar las operaciones en los últimos meses. Muchos criminales recurren más al tráfico transfronterizo por carretera, lo que antes era visto como demasiado arriesgado. Si antes para muchos no valía la pena asumir los riesgos de ser detenido en la frontera con el mineral ilegal, ahora el precio los incentiva”, dice Sombra.

En lo que va de año, la cotización de la onza de oro ha subido de forma notable, alcanzando un máximo histórico de 2.954,95 dólares a finales de febrero, un incremento de 57,7% en relación con el valor que registró el metal precioso en el mismo período del año anterior.

“El oro ya era, antes del aumento de precios, un mecanismo ideal para actividades ilícitas, ya que permite mover valor con gran facilidad fuera del sector financiero”, dice David Soud, director de Investigación y Análisis de la consultora IR Concilium. “El incremento en su precio ha hecho que el oro sea aún más atractivo, ya que ha concentrado aún más la riqueza”, comenta.

En tiempos de agitación política, guerras y una economía global débil, algunos individuos, compañías y naciones acuden al oro para preservar sus fortunas. Pero al mismo tiempo, el oro se usa en algunos lugares para eludir sanciones internacionales o lavar dinero ilícito. “El problema surge cuando no hay transparencia”, dice Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la FACT Coalition. “Organizaciones criminales están cada vez más utilizando el oro para acelerar el movimiento de sus finanzas ilícitas, y el impacto de esto tiende a expandirse a países diferentes de donde el oro es extraído”.

Según Soud, los grupos criminales suelen lavar el oro extraído ilegalmente muy rápidamente después que sale de la mina. “Se falsifican los registros, se inventan mineros que no existen y las minas son tan remotas que el Estado no puede mover recursos para verificarlas”, explica. “Las mismas personas suelen estar detrás de muchas empresas, las establecen por un corto período de tiempo, luego cierran la compañía de fachada y abren otras nuevas”.

“El oro está satisfaciendo todas las necesidades logísticas del crimen organizado”, añade. Yansura. “Y el impacto va más allá de lo financiero”. En países como Brasil, medidas como la implementación de registros fiscales electrónicos y el fin de la “presunción de buena fe” en declaraciones mineras para la venta en el mercado formal ayudaron a estrangular el tráfico de oro ilegal. Pero los especialistas entrevistados por América Futura sostienen que una vez que el precio del mineral aumenta a valores históricos, las nociones de riesgo se amplían y el crimen prolifera por el mayor lucro.

Para Yansura, la lucha contra el tráfico ilegal de oro tiene que comenzar por la ampliación del control sobre las personas jurídicas formales que mueven los recursos. “Es importante abordar este problema desde el lado financiero. La mayoría de los países intentan atacar el desafío golpeando las operaciones, pero eso no es efectivo. Esto es algo que va a requerir una mayor coordinación regional en el futuro”. “Estas prácticas dejan un tipo de degradación ambiental que recae sobre la sociedad. La deforestación masiva, la contaminación de las aguas y la violencia son consecuencias directas de ellas, y hay que pararlas”, dice Larissa Rodrigues, directora de Investigación del Instituto Escolhas.