El asesinato de un líder indígena aviva el debate sobre la minería en zonas protegidas de Bolivia

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La ambición por la nueva fiebre del oro es desmedida en Bolivia. El cuerpo desfigurado del líder indígena y defensor medioambiental Francisco Marupa, de 66 años, fue encontrado el pasado viernes en el área protegida Madidi, al norte de la ciudad de La Paz. Los representantes de la nación nativa leco, a la que pertenecía el fallecido, y varias organizaciones indígenas coinciden en señalar como responsables a los operadores de la minería ilegal, en su intento de ingresar a explotar zonas prohibidas. Mientras el Estado asegura que el homicidio fue por “un altercado personal”, los jefes originarios insisten en que no es un caso aislado, sino un episodio más que se suma a amedrentamientos, quema de sus casas y avasallamiento de terrenos que sufren desde al menos seis años.

“Es un síntoma de un mal mucho más grande. El otro día hacíamos el recorrido habitual del río con otras mancomunidades y no pudimos terminarlo porque los mineros trancaron el paso. No nos dejaron pasar, lo que quiere decir que no se puede transitar libremente en Bolivia porque los mineros han tomado ciertas áreas. Hemos perdido la soberanía de nuestra propia tierra”, cuenta la indígena uchupiamona Ruth Alipaz, también vocera de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). Alipaz recuerda especialmente la toma agresiva con “dinamita, armas de fuego y retroexcavadoras” en 2022 de la comunidad Chushuara, en el municipio de Apolo, el mismo donde fue asesinado Marupa. “Nos decían: aquí nadie puede venir, ni el presidente”.

Mauricio Terrazas, miembro del pueblo takana y de la Coordinadora Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), asegura que, por denunciar actividad minera ilegal en el río Tequeje, fue amenazado de muerte y le quemaron su platanal el 2024. “Esto está pasando desde hace muchos años (…) Desde Cpilap insistimos en que existe un autor intelectual en la muerte del compañero Marupa. Descartamos la versión del Gobierno de que sean problemas personales, porque su asesino solo fue un enviado”, sostiene quien ayudó en el levantamiento del cadáver del dirigente leco. Son todas acusaciones concentradas en la zona tropical de La Paz, donde en los últimos 10 años se han multiplicado los asentamientos mineros a causa de su riqueza aurífera. El oro se ha vuelto un mineral muy codiciado. Su precio ha subido de 250 dólares por onza troy (poco más de 31 gramos) a principios de siglo, a 1.800 en 2022; además, ese año fue el principal material de exportación del país.

Extractivismo en parques naturales

A pesar de que existe un órgano público encargado de administrar y conceder permisos para la explotación minera, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, hay zonas, como los parques naturales, donde su actividad está prohibida. Sin embargo, las presiones de las cooperativas mineras, con gran poder de influencia en el Gobierno, son cada vez mayores para habilitar nuevas regiones donde se permite la extracción. El guardaparques Hugo Santa Cruz dijo haber sido amenazado de muerte por denunciar públicamente esta práctica en el Madidi, en un caso que llegó hasta los tribunales.

Con o sin autorización, tanto Terrazas como Alipaz aseguran que ya existe explotación aurífera en el Madidi, un parque natural de cerca de 19.000 kilómetros cuadrados y poseedor de la mayor diversidad de anfibios de América. “Cuando llevamos el cuerpo hasta la Policía, nos encontramos a tres personas lavando oro de manera artesanal”, cuenta Terrazas. A Marupa se lo recuerda como un longevo protector de este colosal parque natural. “No solo mataron a un indígena leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra”, aclara el capitán grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla).

El deceso de Marupa causó conmoción en el país, llevando al presidente Luis Arce a pronunciarse. La Unión Europea también condenó el caso en un comunicado que expresaba que “la violencia, el despojo de tierras y la expansión de actividades ilegales en parques nacionales atentan contra la vida, la seguridad y los derechos de las personas”.

El cuerpo de Marupa fue encontrado a unos 200 metros de su parcela, a orillas del río Hondo, un caudal con riqueza aurífera. Los resultados de la autopsia, a la que tuvo acceso este medio, concluyen que la causa de muerte fue “traumatismo craneoencefálico”, luego de varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. “Su muerte tiene que ver netamente con aquellos que quieren despojarnos de nuestro territorio y aprovecharse de nuestros recursos. Es lo siguiente en la escalada de violencia que estamos sufriendo: han estado pegando a los hermanos, les cierran el paso a sus chacos, les queman sus casas y les roban sus herramientas”, advierte Gutiérrez.

Cabos sueltos con el acusado

Los comunarios de Apolo encontraron el cuerpo de Marupa el viernes, después de estar desaparecido tres días. Pocas horas después, ellos mismos hallaron río arriba al presunto autor, una persona de la etnia chimané de 20 años, que está en detención preventiva desde el martes. “Me enviaron a matarlo”, justificó el hombre, según recoge la Agencia de Noticias Fides. No obstante, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sustenta otra versión: “Reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, publicó en su cuenta de Facebook el domingo. El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo, respaldó esta interpretación el martes en conferencia de prensa.

Las declaraciones resultaron ofensivas para las asociaciones indígenas, quienes insisten en que los responsables reales son los peticionarios de concesiones de las mineras y que el aprehendido es solo un enviado. Para el capitán grande leco, las palabras del ministro son “una puñalada sobre la herida abierta”. “Son declaraciones aberrantes y falsas, sostuvo. “Pedimos públicamente que el señor ministro pida disculpas al pueblo leco por los familiares de la víctima que están sufriendo y rectifique esa manifestación”. Desde la Cpilap también descartan la versión del Estado.

Para la uchupiamona Alipaz, hay muchos cabos sueltos detrás de la detención del presunto asesino. Defiende que sea un sospechoso, pero al mismo tiempo cree que no recibió un proceso justo porque “apenas habla español” y no declaró con la presencia de su abogado defensor. “No hay garantías de que sus declaraciones se hayan desarrollado sin presión. Estos avasallamientos violentos de la minería tienen en común el mismo propósito: enfrentarnos a los pueblos y comunidades entre sí para que después haya este tipo de violencia e incriminarnos”, opina la vocera.

En 2022, el indígena takana Miguel Supa fue detenido como supuesto responsable de la toma violenta de Chushuara, a pesar de ser un jornalero (la escala más baja en la producción minera, que recibe pago por día o jornada) y no tener acceso a una defensa legal. Fue liberado después de pasar seis meses en la cárcel y que se demostrara su inocencia. Para que no se repita un suceso similar con el caso Marupa, la comunidad internacional que apoya las luchas indígenas tiene puesta su mirada en el caso. Mientras se esclarece si su muerte tiene que ver o no con la minería ilegal, Terrazas, quien vivió de cerca la consternación de los lecos por la muerte de uno de sus líderes, tiene claro lo que está haciendo la fiebre de oro en su entorno: “La gente está cambiando, el modo de vida en la selva se está transformando, la forma de relacionarnos”.